Por el imperio de la CPE
Mauricio Aira
Aldo Moro fue asesinado por las Brigadas Rojas hace 33 años en pleno centro de Roma y su muerte significó un duro golpe para la Democracia Cristiana por cuanto el gran político había sido varias veces primer ministro y uno de los cerebros que inspiró la cultura política de inspiración católica en dos períodos claves de la historia de Italia, cuando se redactaba la NCPE (poco después de la Guerra Mundial) y durante los dramáticos años de la violencia política entre 1973-1978.
Aunque todavía se debate las circunstancias de su trágico final, reina el consenso de haber sido victimado en aras de los principios democráticos relativos a la separación de poderes. Los terroristas que lo tuvieron dos meses secuestrado chantajeaban al Gobierno presidido por Giulio Andreotti buscando el canje de Moro por terroristas condenados por los Tribunales de Justicia. El jefe del poder ejecutivo mal podía poner en libertad a reos rematados por el poder judicial. El brutal destino de Aldo Moro se interpretó como una inmolación del gran tribuno ante el altar de la Democracia.
Nos hemos transportado al escenario europeo para juzgar cuán importante es respetar las reglas que la sociedad se confiere a sí misma y nos estamos refiriendo a los sucesos de Uncía donde fueron cruelmente torturados y asesinados cuatro servidores del orden público, según lo han reconocido los ayllus de las comarcas vecinas que condicionan la entrega de los restos mortales de los ajusticiados a la renuncia del Estado a investigar y por ende identificar y juzgar a los autores del horrendo crimen que ha estremecido a propios y extraños.
Establecido que el Defensor del Pueblo vela por el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas asumió la inexcusable tarea de reclamar ante los responsables de los ayllus la entrega de los cadáveres de los policías. Ante la negativa bien puede por la via del legítimo ejercicio de sus funciones demandar a los kullacas y segundas mayores que así se denominan el cumplimiento de la Ley que no podrán alegar pretexto alguno por cuanto el Defensor tiene libre acceso a cualquier local, comarca o domicilio en que se encontraren los presuntos responsables del exceso.
Dicho de otro modo. El Defensor del Pueblo que da cuenta de sus actos directamente al Congreso Nacional al haberse involucrado en “la masacre de Uncía” y gestionado un diálogo entre los delincuentes y el Gobierno para la entrega de los restos mortales, ya no podrá soslayar su participación y velar por la vigencia de los Derechos Humanos incluidos el derecho a la vida y a ser juzgados por tribunal competente. O sea Rolando Villena está hoy metido de lleno en el problema y jamás podrá garantizar ni pedir garantías para hacer de Uncía “un territorio libre” sin Dios ni Ley ni gestionar el indulto ni siquiera con la venia de los familiares que parecen renunciar a toda gestión judicial ya que según ellos sólo actuaron bajo “la justicia comunitaria” (¿?)
El Presidente del Estado Plurinacional asume el deber de conservar y defender el orden interno, por taxativo mandato de la CPE (Art. 96. Cl.18) por cuanto cometer linchamientos y declarar territorio libre para beneficio de los contrabandistas y de los narcotraficantes que deambulan en dicho territorio significa a todas luces una transgresión del orden y un atentado a la conservación de la unidad nacional y el resquebrajamiento de la gobernabilidad. El Ministerio Público de oficio asume la persecución a los culpables.
Lejos de profetizar resulta que una transgresión en defensa de Bolivia aceptando el desorden, el chantaje, la cohesión de algunos pocos dirigentes anónimos de los ayllus del norte potosino, dejar sin investigación los crímenes cometidos y permitir que el paso del tiempo los sepulte en el olvido, tendría el efecto del boomerang que se vuelve contra quién lanza la carga.
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