La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) publicaron un comunicado en el que denuncian las afectaciones de esa norma a la libertad de expresión y prensa.
"El Reglamento ratifica y ahonda las violaciones constitucionales contempladas en la Ley de Régimen Electoral, aspecto sobre el que alertamos en repetidas oportunidades, hasta lograr la promesa oficial de cambio de su artículo 82. Sin embargo, en los hechos, la pretendida modificación no alteró su carácter anticonstitucional", señala el documento.
Según las entidades periodísticas, con la aplicación de ese Reglamento, la prensa será deformada hasta convertirse en una caja de resonancia de "la elección política de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el oficialismo" donde se pretendería usar a los periodistas y medios de comunicación como "transmisores amordazados de la información que el poder constituido juzga conveniente".
"Las libertades de expresión y de prensa, para ser tales, deben ser plenas y de ninguna manera parciales, como las concibe el Reglamento, con una normativa inédita para un proceso electoral, en el que además el TSE acapara poderes que no le corresponden sobre los periodistas y los medios de comunicación", destaca el comunicado de las entidades periodísticas.
El Reglamento, que aparenta reconocer en su artículo 23 que los medios "podrán hacer entrevistas e informar libremente sobre las y los candidatos", a continuación establece una serie de prohibiciones y sanciones que limitan y restringen la labor de periodistas y medios de comunicación.
"En consecuencia, su normativa es contraria a los Derechos Civiles establecidos en la Constitución Política del Estado en el artículo 21, entre los cuales figura la Libertad de Expresión y el Derecho de Acceso a la Información, así como también a los artículos 106 y 107 que garantizan los Derechos a la Comunicación e Información. Adviértase, entonces, que la norma que origina el citado Reglamento es inconstitucional; luego el proceso y sus resultados serán ilegales e ilegítimos" aseguran las entidades periodísticas.
Los periodistas recuerdan que no existen dudas respecto a que la administración de justicia en nuestro país requiere de mejoras para garantizar la equidad y la imparcialidad de las autoridades del sistema judicial, "pero lamentamos decir que la vulneración y conculcación de Derechos y Garantías constitucionales no es ni será el mejor camino para lograr este objetivo".
De igual manera, señalan que la prohibición de "generar espacios radiales, televisivos, escritos, vía llamada telefónica, micrófono abierto o mensajes de texto sobre las y los candidatos, destinados a calificar o descalificar a las y los candidatos", así como la de no difundir "encuestas o sondeos preelectorales" sobre la intención de voto, constituyen evidentes restricciones a los derechos constitucionales de expresión, de opinión y de información, así como al derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio sin censura previa.
"Advertimos a la opinión pública que con este conjunto de regulaciones y prohibiciones, en el proceso electoral que se avecina los votantes no tendrán acceso a una información completa sobre las aptitudes y conocimientos de los candidatos al Órgano Judicial y tampoco a una cobertura sin regulaciones de parte de los periodistas y medios de comunicación", concluye el documento.
"El Reglamento ratifica y ahonda las violaciones constitucionales contempladas en la Ley de Régimen Electoral, aspecto sobre el que alertamos en repetidas oportunidades, hasta lograr la promesa oficial de cambio de su artículo 82. Sin embargo, en los hechos, la pretendida modificación no alteró su carácter anticonstitucional", señala el documento.
Según las entidades periodísticas, con la aplicación de ese Reglamento, la prensa será deformada hasta convertirse en una caja de resonancia de "la elección política de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el oficialismo" donde se pretendería usar a los periodistas y medios de comunicación como "transmisores amordazados de la información que el poder constituido juzga conveniente".
"Las libertades de expresión y de prensa, para ser tales, deben ser plenas y de ninguna manera parciales, como las concibe el Reglamento, con una normativa inédita para un proceso electoral, en el que además el TSE acapara poderes que no le corresponden sobre los periodistas y los medios de comunicación", destaca el comunicado de las entidades periodísticas.
El Reglamento, que aparenta reconocer en su artículo 23 que los medios "podrán hacer entrevistas e informar libremente sobre las y los candidatos", a continuación establece una serie de prohibiciones y sanciones que limitan y restringen la labor de periodistas y medios de comunicación.
"En consecuencia, su normativa es contraria a los Derechos Civiles establecidos en la Constitución Política del Estado en el artículo 21, entre los cuales figura la Libertad de Expresión y el Derecho de Acceso a la Información, así como también a los artículos 106 y 107 que garantizan los Derechos a la Comunicación e Información. Adviértase, entonces, que la norma que origina el citado Reglamento es inconstitucional; luego el proceso y sus resultados serán ilegales e ilegítimos" aseguran las entidades periodísticas.
Los periodistas recuerdan que no existen dudas respecto a que la administración de justicia en nuestro país requiere de mejoras para garantizar la equidad y la imparcialidad de las autoridades del sistema judicial, "pero lamentamos decir que la vulneración y conculcación de Derechos y Garantías constitucionales no es ni será el mejor camino para lograr este objetivo".
De igual manera, señalan que la prohibición de "generar espacios radiales, televisivos, escritos, vía llamada telefónica, micrófono abierto o mensajes de texto sobre las y los candidatos, destinados a calificar o descalificar a las y los candidatos", así como la de no difundir "encuestas o sondeos preelectorales" sobre la intención de voto, constituyen evidentes restricciones a los derechos constitucionales de expresión, de opinión y de información, así como al derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio sin censura previa.
"Advertimos a la opinión pública que con este conjunto de regulaciones y prohibiciones, en el proceso electoral que se avecina los votantes no tendrán acceso a una información completa sobre las aptitudes y conocimientos de los candidatos al Órgano Judicial y tampoco a una cobertura sin regulaciones de parte de los periodistas y medios de comunicación", concluye el documento.
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