subeditorial del importante diario pinion de cochabamba

Secuestro de un comunicador
Más allá de los cargos que levanta el Gobierno, lo más delicado es que en el apresamiento de Melgar se han atropellado los derechos y garantías ciudadanas.
Lo que ha ocurrido hace algunos días con el comunicador beniano Jorge Melgar Quete, se inscribe en uno de los actos gubernamentales más graves porque atenta contra los derechos y libertades individuales.Melgar es acusado por el Gobierno de emitir mensajes racistas, de incitar a matar al Presidente, Vicepresidente y algunos ministros, de advertir con hacer intervenir fuerzas extranjeras; más allá de todo esto, lo grave está en su apresamiento. Se allanó su domicilio, no hubo mandamiento de apremio y se lo llevó secuestrado desde Riberalta a Trinidad y de allí a La Paz.El operativo fue ejecutado por un grupo de encapuchados, que hasta donde se sabe, no pertenecen ni a la Policía ni al Ejército.El periodista Melgar puede ser acusado de “terrorista” por el Gobierno y de otros cargos más relacionados a figuras delictivas contempladas en la norma penal, pero la acusación queda en segundo plano y relegada, por lo arbitrario de su detención. El ministro de Gobierno Rada, admite que el procedimiento fue ilegal pero que eso es “colateral”. Está equivocado, eso es fundamental.El Gobierno para reforzar su acción, anota además que Melgar no es periodista afiliado. No hay necesidad de ser afiliado al sindicato para ejercer, de hecho hay centenares de periodistas que no tienen afiliación e incluso se han formado en el empirismo.El Defensor del Pueblo ha pedido se respete el Estado de derecho y ha hecho bien, porque ya es difícil cerrar los ojos ante el atropello. El secuestro de personas es penado por ley y quienes lo instigan, desde altas funciones de Gobierno, incurren en terrorismo de Estado.Con estas acciones, las libertades ciudadanas corren peligro e incluso ya están siendo conculcadas.

radialistas, comunicadores, periodistas están creando páginas y blogs en Internet para combatir los atropellos

en la paz, cochabamba, santa cruz, sucre, en buenos aires y nueva york, en españa y suecia están surgiendo páginas personales y colectivas que expresan la repulsa que causan los numerosos atropellos contra la libertad, la democria y los derechos humanos del gobierno de morales.
una muestra el video que ilustra los gastos del ministro de la presidencia ramón quintana nada menos que por 436 mil dólares en menos de una semana por el tiempo utilizado en los canales comerciales para desprestigiar, darle muerte civil y sanción infamante al prefecto fernández.
(hacer doble click y esperar algunos segundos, dependiendo de la potencia de banda ancha que dispone su equipo)

Gastos millonarios del ministro del montaje

ver otro material valioso en: http//santacruzinforma.blogspot.com,

el deber editorialmente razona con relación a la millonaria marcha del MAS

En diversos frentes en que de manera habitual se cuantifican los movimientos sociales y políticos se calculaba en veinte mil el número de los marchistas que cubrirían los doscientos kilómetros entre Caracollo y La Paz para gritar presente en la histórica Plaza Murillo, donde está la sede legislativa. Hasta el peor informado puede caer en cuenta de lo que significa echar a andar a lo largo de caminos desérticos y en la aridez de las montañas, a veinte mil personas que desde luego tienen que comer y que beber bien para lograr la fortaleza física que necesariamente demanda una caminata semejante, por muy arrolladora que sea la causa que la motive. Tres, cuatro, cuántos días, en fin, de marcha a paso firme y cuántos más los de vigilia que se pretende que los marchistas, por propia determinación, guarden frente a las instalaciones del Congreso. Son emprendimientos mayúsculos que no se encaran sólo con salves y avemarías, que demandan mucho, muchísimo más, en fortaleza y recursos económicos. Para tan costosa gimnasia, que se da con sorprendente frecuencia, ¿está preparado país alguno como el nuestro y en este tiempo de tan insostenible crisis económica?
Editor: en efecto, dónde puede haber un fondo tan grande, tan rico que soporte una marcha así multiplicada por ocho, que es la octava versión en menos de 30 meses de gobierno, si le metemos pluma, cada uno recibe por lo bajo 40, en mil 40 mil y en veinte 800 mil bolivianos por día, por 10 dias, son ocho millones, que multiplicados por 8 veces son 64 millones. día llegará en que evo tendrá que rendir cuenta de éstas sumas enormes, gastadas para satisfacer su ego, para lograr su fin personal de una nueva constitución para poder ser reelegido y quedarse indefinidamente en el poder, como chávez, como castro. no es acaso algo insensato? una locura! un carísimo capricho en nombre del "cambio profundo" con que tiene dormidos a los espectadores internacionales? la respuesta es suya estimado lector.

periodistas y sus organizaciones salen por los fueros en defensa de sus gremio y sus trabajadores

A 26 años de haberse restaurado el sistema democrático en el país, el periodismo ha sido el principal eje de la libertad de expresión, aunque hoy en día es uno de los más cuestionados por el poder, tal como ocurría en la época de los regímenes dictatoriales. A esta conclusión llegan varios periodistas consultados.
Juan Javier Zeballos, periodista con más de 40 años de ejercicio profesional, asegura que la prensa 'fue permanentemente una luchadora por la recuperación y la restauración de la democracia’. Destaca que gracias a los medios de comunicación se conocieron las privaciones a los medios y las violaciones a los derechos humanos durante los años de dictadura. Asimismo, se dilucidaron los grandes negociados que hicieron y los vínculos que hubo entre los gobiernos de facto y el narcotráfico. “Pese a que quisieron desmantelar y destruir a los medios, siempre hubo un periodismo que luchó por la verdad, la libertad y los derechos humanos", sostuvo.Respecto al periodismo actual, Zeballos lamentó el trabajo que vienen realizando algunos medios sensacionalistas, que hacen quedar mal al resto, y también criticó el que los medios de comunicación del Estado estén siendo utilizados como medios de publicidad y propaganda política en favor del Gobierno de turno.
Por su parte, Harold Olmos, Premio Nacional de Periodismo 2007, sostiene que la base fundamental de la democracia es la libertad de expresión, cuya función debe ser ejercida responsablemente por los medios de comunicación. Olmos, al igual que Zeballos, lamenta que el periodismo esté siendo amenazado a través de los ataques que vienen sufriendo algunos periodistas. “A pesar de esa adversa situación, creo que en Bolivia aún existe libertad de prensa”, asegura.
De igual forma, Ana María Romero y Juan León Cornejo, dos periodistas también destacados, dijeron, por separado, que están convencidos de que no puede haber democracia sin libertad de prensa, pues ambas van de la mano. Cornejo considera que el periodismo es la recuperación y la preservación de la democracia y que ha jugado un rol fundamental, pese a que siempre ha sido amedrentado por los gobiernos de derecha, principalmente durante las dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza. Romero, a su vez, insiste en que los hechos acaecidos durante los gobiernos de facto deben ser investigados y esclarecidos por la justicia, pues hay varias muertes que continúan impunes.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exhorta a los sectores en conflictos a buscar la pacificación del país y condenando la agresión a los periodistas.
Gremios defienden la libertad de prensaLas organizaciones de la prensa del país enviaron ayer una carta al congreso pidiendo la eliminación del inciso II del artículo 108 del proyecto de nueva Constitución Política del Estado. En él se señala que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.Según la carta enviada al Congreso, ese párrafo viola la libertad de prensa, que es ejercida por los periodistas, y la libertad de expresión, que atinge a todos los ciudadanos, ya que somete las informaciones y opiniones a criterios de ‘veracidad’ y ‘responsabilidad’ que parecen librados al albedrío de quienes interpreten el texto constitucional.
La misiva está dirigida a la comisión congresal multipartidaria que revisará el texto de dicho proyecto y está firmada por representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y Asociación Nacional de la Prensa, entre otras asociaciones.
Testimonios
Juan León CornejoPeriodista que salió al exilio “Era redactor del periódico Presencia en 1971. Hacíamos críticas duras al régimen y teníamos una importante influencia. Al mes de la ascensión del Gobierno de Hugo Banzer Suárez, 17 periodistas de ese medio fuimos exiliados. Estuve ocho años en Uruguay. Luego, durante la dictadura de García Meza, fui encarcelado durante un mes”.
Ana María Romero Ex directora de Presencia "Tengo muchas anécdotas que contar de cuando trabajé en Presencia. Sin embargo, creo que la muerte de Luis Espinal y de Marcelo Quiroga Santa Cruz, acaecidas durante los regímenes dictatoriales, son una asignatura pendiente para la justicia boliviana y un reto para investigar, cuya tarea debería ejercerla la nueva generación de periodistas".

ahora el caso pucarani del asesinato del radialista Quispe ha llegado al plano mundial

Caso Pucarani

El informe documenta los casos de violencia contra profesionales de los medios, empezando por la brutal agresión que sufrió en marzo en Pucarani el periodista Carlos Quispe, que murió dos días después, a manos de campesinos opositores al Alcalde de esa localidad, que asaltaron las instalaciones de la Radio Municipal."Las autoridades policiales y judiciales poco hicieron para dar con los autores del crimen", denuncia el informe de la SIP.A partir de esa fecha, añade, "por lo menos un centenar de periodistas de medios privados de prensa, radio y televisión fueron blanco de diverso tipo de ataque y agresiones por parte de militantes o simpatizantes del Gobierno y de la oposición".

indignado por la manipulación de imágenes para culpar al prefecto fernández con video un diputado enjuicia a ministro quintana

El diputado de podemos, Edwin Flores, anunció ayer el inicio de una querella penal contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de manipulación informática, alteración de video y falsedad.La denuncia surge luego de una serie de contradicciones detectadas en el video que difunde el gobierno como spot y muestra a campesinos huyendo por el río Tahuamanu en medio de una balacera, que se habría producido el 11 de septiembre, lo que puso en duda la autenticidad de las imágenes.El Presidente del colegio Nacional de abogados, Edwin Rojas, envió una carta al Defensor del pueblo, Waldo Albarracín denunciando la violación de los derechos del confinado, Leopoldo Fernández, que es difamado a través de videos que lo condenan por anticipado. “Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia”, cuestionó.Los errores del videoLa voz del director del Sedes de Pando, Guillermo Lutsi fue introducida en el video que muestra la supuesta matanza en el río Tahuamanu el 11 de septiembre.El video en cuestión fue filmado desde unos 200 mts y las armas encontradas en la escena del crimen no tienen capacidad de impacto de una distancia similar a la captada.El vocero presidencial Iván Canelas rechaza que el video difundido haya sido montado sin mostrar el video original de los hechos de Porvenir.En la imagen se ve una persona de corte militar que sale tranquilo a la orilla del río en medio de la balacera. Se cuestiona que en una acción de disparos nadie puede estar tranquilo porque hay pánico.

en calidad de refugiados políticos se encuentran en brasil al menos 9 periodistas víctimas de persecusión evista

Dos legisladores aseguran que no permitirán que los bolivianos en Brasil sean deportados.Cobija / La Prensa.- Al menos nueve periodistas que trabajaban en Cobija se refugiaron en Brasil porque, según contaron, temen por su seguridad. Entretanto, el número de refugiados al otro lado de la frontera asoma las mil personas, según dos legisladores brasileños que visitaron a los bolivianos, de quienes, aseveraron, no permitirán su deportación.El viernes 12 de septiembre, el Gobierno decretó estado de sitio en este departamento para pacificarlo de la violencia que se desató un día antes en la localidad de Porvenir, donde murieron 18 personas (según el informe de Derechos Humanos) y decenas resultaron heridas.
A partir de ese día, pobladores de Porvenir y ciudadanos cobijeños huyeron, algunos solos y otros con sus familias, hacia Brasilea y Epitazolandia, regiones colindantes con Bolivia.El ex director de la Unidad de Comunicación de la Prefectura de Pando Hugo Mopi informó ayer que la mayoría de los que se acogieron en Brasil (no precisó cuántos) eran funcionarios de esa entidad departamental.El periodista del canal local pandino Unitel Jairo Ballejos (23), quien se declaró perseguido político, aseguró a La Prensa:
“Estamos refugiados entre ocho a 10 periodistas de Unitel, PAT, Cadena A, Canal Educativo y otros”.Precisó que además de él se encuentran en el país vecino sus compañeros René G. y Luis B. Desde ayer las oficinas de Unitel dejaron de funcionar en la capital pandina y la transmisión para ese departamento es sólo desde La Paz y Santa Cruz.Los otros comunicadores que se resguardan en poblaciones de la vecina nación son Juan Carlos T., Donald D. y su hermano Dilermando D. (de la Cadena A); Ernesto Flores (del Canal Educativo); René S. Ch. (corresponsal de Panamericana), y el director de la Unidad de Comunicación de la Prefectura de Pando, Hugo Mopi, quien también es periodista.Ballejos contó que está refugiado hace poco más de dos semanas en Brasilea con su esposa y su bebé que nació hace días en el vecino país.—
¿Por qué huiste de Cobija?—Llamaron a mi celular con amenazas, me dijeron que salga, porque estoy en la lista del Gobierno. Sé que han puesto precio para que me detengan.Sostuvo que la persecución es porque en su cobertura periodística le tocó grabar imágenes de los hechos violentos en Porvenir el 11 de septiembre, y el 12 filmó cómo hirieron al pastor en el Aeropuerto Aníbal Arab.“Ahora tengo que resguardarme por mi familia, por eso no puedo irme (a Cobija), no tengo temor porque no he hecho nada malo, sólo informar la verdad, sólo hice mi trabajo. Nos han acallado, no sé si es un estado de sitio o es un golpe al departamento de Pando, porque debiera existir libertad de expresión, esto es una cacería de brujas de periodistas”.Hugo Mopi, periodista que trabajaba para la Prefectura de Pando, está refugiado en Brasil desde el lunes. Ese día se enteró de que se encontraba en una lista de 17 supuestos autores intelectuales de la “masacre de Porvenir” difundida por el Gobierno.
Más refugiadosEl diputado de Brasil Zico Bronzeado, del Partido de los Trabajadores(PT) y representante de la región del Acre, estimó que el número de refugiados bolivianos en su país subió ayer a más de mil.“Legalmente hay 600, pero he encontrado a más personas en casas de amigos, inclusive yo he ofrecido mi casa a ex autoridades bolivianas, amigos míos que están huyendo por la frontera”. Dijo que por hospitalidad todas las instituciones del Gobierno brasileño dan la asistencia alimentaria y de vivienda, además de seguridad con el Ejército y la Policía Federal. Agregó que no se dará curso al pedido de las autoridades bolivianas de deportar a los refugiados.Su colega senador Tiao Vianna comparte la misma idea. “Nosotros queremos una solución pacífica para Bolivia y que haya diálogo para resolver los conflictos, que el Gobierno solucione los problemas”
.Policía inicia proceso a Sosa. La Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía inició un proceso y una investigación a la subteniente Mirta Sosa, ex subcomandante de Porvenir (Pando), por “negligencia en el ejercicio de sus funciones mientras estaba en su destino anterior”.Esa oficial fue trasladada a la sede del Gobierno el 16 de septiembre, acusada de haber filtrado información a la Prefectura de Pando para que los campesinos fueran emboscados el 11 de septiembre. La Policía dijo en su momento que estaba internada en la clínica policial y que fue traída a La Paz porque fue cambiada de destino.
El comandante de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, no precisó si estas indagaciones fueron iniciadas porque se había corroborado que la oficial filtró datos. “No puedo decirle absolutamente nada porque yo irrumpiría en el proceso de investigación, pues tiene que ser transparente y objetivo, no puedo entrar en subjetividades”.La autoridad policial tampoco se refirió a si su colega fue golpeada durante el arresto, tal como denunciaron su familia y parlamentarios.Sosa es esposa del funcionario prefectural Wilson Zelaya.
Según la versión de algunos testigos, la subteniente se encontraba en Porvenir y mientras conversaba con los indígenas levantó las manos, lo que fue interpretado como una señal para que los funcionarios prefecturales ataquen, pues en ese momento comenzó la balacera.Confinados, incomunicadosLas 15 personas confinadas en el cuartel Bolívar de la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz, permanecen incomunicadas. En aquella unidad militar informaron ayer que esos ciudadanos no pueden recibir visitas sino es con previa autorización.El senador pandino Róger Pinto (Podemos) denunció que los cobijeños que se encuentran en esa ciudad sufren maltrato y no pueden entrevistarse con sus parientes, ni abogados.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, negó que los confinados sufran maltrato o tengan signos de violencia. Precisó que el fin de semana se entrevistó con ellos y verificó que están en buena condición de salud, por lo que calificó de “exceso” las afirmaciones de Pinto.Preocupado por la situación de esas personas, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, envió ayer una carta el presidente Evo Morales, en la que solicita autorización para visitar a los arrestados, a fin de evaluar su situación y el respeto de sus derechos humanos y ciudadanos.Las diputadas Elizabeth Reyes (UN), Elba de Zenteno (Podemos), Tomasa Yarhui (Podemos) y Betty Acebey (MNR) también enviaron una misiva al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para pedirle que puedan vistar a las mujeres que también están calidad de confinadas.El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que pedirá al Gobierno que se les dé un trato más flexible y humano a esas personas.Fuente La prensa y otros diarios de Bolivia.