La presidenta de la Nación insiste en formular anuncios de acciones e iniciativas de gobierno que, al poco tiempo, se van diluyendo en el olvido y, por último, quedan en la nada. Estos anuncios son formulados durante ruidosos actos que tienen vasta difusión pública y que, por su incumplimiento, en modo alguno benefician la imprescindible credibilidad que debería emanar de la investidura presidencial.
Enfriadas las expectativas que provocan, generan en el conjunto de la sociedad la razonable presunción de que esas actitudes son actos de mero voluntarismo o deliberada demagogia. Sobran los ejemplos. ¿Qué se hizo del remanido tren bala que, contra todo lo aconsejado por quienes tienen experiencia en la materia, iba a unir en tiempo récord Buenos Aires con Rosario y Córdoba? ¿O con las 420.000 viviendas que el gobierno de Néstor Kirchner prometió en 2004, de las cuales se terminaron menos de lo esperado?
Hay más. Entre las promesas inconsistentes habría que añadir, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, el también ajado proyecto de soterrar la traza urbana de la ex línea ferroviaria Sarmiento; la concesión de créditos para la compra de automotores, que sobre 100.000 ventas previstas sólo concretó alrededor de 5000; el plan de facilidades para la compra de artefactos domésticos, que apenas alcanzó a colocar el 3 por ciento de la existencia disponible; la falsa ilusión del otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la compra de viviendas; la creación de centros de concentración de vacunos que iba a remediar la crisis de los tamberos, y el megaplán de obras públicas por un total de 70.000 millones de pesos, puesto en escena a fines del año último.
La misma suerte han corrido las innumerables promesas de una mayor calidad institucional formuladas por la presidenta de la Nación desde antes de su asunción.
Del mismo modo, resonantes anuncios de proyectos para crear 100.000 fuentes de trabajo en el conurbano bonaerense sólo parecen encubrir planes clientelistas dirigidos a beneficiar a punteros políticos del oficialismo con el fin de consolidar una estructura de poder territorial.
Puede que muchas de las promesas incumplidas guarden relación con el pésimo asesoramiento de funcionarios poco o nada conscientes de su concreta responsabilidad de preservar la imagen presidencial. O de personalizados excesos de optimismo.
Es de suponer que la dignidad del cargo más importante y trascendental de nuestras instituciones republicanas, abstrayéndose de quien lo ejerza, impone mayor seriedad si es que realmente no se pretende terminar construyendo castillos en el aire.
Sin ir más lejos, poco antes de las elecciones del 28 de junio último, la Presidenta inauguró desde Salta cinco trazas ferroviarias restituidas al servicio del público. Poco o nada duraron: en estos momentos, tres de ellas no funcionan y otras dos sólo lo hacen esporádicamente y en forma experimental.
No es prudente ni aconsejable que los gobernantes, sean quienes fueren, dilapiden la de por sí decreciente confianza de sus gobernados. Actuar de esa manera impone una honda reflexión y la urgente corrección de ese rumbo equivocado.
No es positivo seguir incurriendo en tales actos fallidos porque, en definitiva, llegará el momento en que será menester tener que rendir cuentas cabales acerca del porqué de tantas y tan inexplicables e improcedentes liviandades.
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