Todo gobierno debe caracterizarse por una absoluta transparencia en su gestión gubernamental. Nada de hacer caer nebulosas sobre hechos que el pueblo exige conocer a cabalidad ni escondrijos para verdades que den lugar a toda clase de especulaciones, muchas de ellas, por cierto, bastante fundadas. Son precisamente especulaciones las que se generan en el imaginario de nuestra gente cuando arriba, es decir, en el poder político, sólo perciben imágenes de gobernantes asustados por el surgimiento de datos indicativos de verdades que ellos se empeñan en ocultar.
Obviamente que debemos reconocer que acusaron igualmente tan condenable talante muchos de los gobiernos que se sucedieron en el ejercicio del poder político tras el retorno a la democracia en 1982, pero acaso el actual sea el que más evidencia tan censurable comportamiento. Ejemplos conspicuos al respecto, entre otros, son los sucesos de La Calancha en Sucre y los de Porvenir, en Pando. La investigación oficial de estos sangrientos acontecimientos parte de verdades parciales, haciendo recaer toda la responsabilidad a sectores de la oposición, mientras se deja libre de toda culpa a operadores gubernamentales sobre cuya autoría intelectual se dispone ya de un buen legajo de indicios.
La reserva le engancha ahora el brazo a las tretas de ocultamiento de la verdad en el caso de ese capitán de una sección policial a cargo de operaciones para fines específicos (políticos, desde luego), que atropelló a un equipo periodístico de un canal cruceño de televisión, a tiros y golpes, violando sus derechos de libre acceso a las fuentes de la información. El lamentable episodio, en los medios de comunicación social, determinó un furioso rebrote informativo del caso de la banda de Eduardo Rósza, acribillada a tiros en un céntrico hotel de esta ciudad, puesto que el oficial autor de los desmanes contra los referidos periodistas era nada menos aquel que había comandado la matanza en aquel local.
Así lo establece el informe que sobre el suceso hizo llegar el comandante General de la Policía, Víctor Hugo Escobar, a la comisión de parlamentarios que investiga los hechos.
Como si esto fuera poco, se filtra a la prensa una fotografía en la que el capitán Andrade aparece, risueño y satisfecho, al lado de Rósza y de otro miembro del grupo. La foto, según fuentes oficiales, no provenía de las computadoras incautadas al grupo presuntamente terrorista, sino de manos de ex efectivos de la ya disuelta unidad policial de inteligencia. Este dato sugiere, desde luego, que en los ordenadores fueron borradas todas las fotos cuya difusión no convenía al Gobierno, como la que muestra a Andrade junto a Rósza. Cabe hacer notar que tras la incautación de las máquinas transcurrieron varias semanas sin que a nadie se informara nada sobre el contenido de los respectivos archivos. Al parecer, el equipo técnico encargado de la revisión, expurgó cuidadosamente todo lo que no convenía conocer.
Resultado final: total nebulosa sobre el caso seguido de todo un temporal de suposiciones que dañan la imagen del Gobierno, como ésta de que el grupo terrorista no era otra cosa que un montaje contra la oposición regional; que Rósza y sus hombres eran simples mercenarios que seguían sus instrucciones y que la unidad, dirigida muy bien desde arriba, ejecutó a cabalidad el plan, priorizando, de modo particular, la acumulación de ‘pruebas’ sobre terrorismo y separatismo regionales, dentro de las cuales las fotos comprometedoras debían cobrar particular prioridad. En definitiva, la falta de transparencia, traducida en un ostensible aferramiento a la reserva y al ocultamiento de datos, estimula las referidas interpretaciones. Pero el Gobierno todavía está a tiempo de decir toda su verdad sobre Andrade y los sucesos en el hotel Las Américas, sobre todo si ella no le compromete y perjudica únicamente a operadores desequilibrados y mentecatos como ese tal Andrade que ahora le causa tantos problemas.
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