La lucha del periodismo boliviano por defender un principio universal y evitar que dos artículos de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación sigan violando la libertad de expresión y de prensa ha llegado a la Asamblea Legislativa demandando una iniciativa legislativa ciudadana, reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE).
Esta lucha contra dos artículos, el 16 y el 23, del mencionado instrumento legal ha sido emprendida desde el momento mismo en que las organizaciones periodísticas del país recibieron la noticia de que no se movería ni una sola coma del proyecto.
No es posible que una norma legal noble, enmarcada en una recomendación de las Naciones Unidas para luchar contra el racismo y la acentuada discriminación, sea usada para conculcar otra libertad fundamental: la de expresión.
La misma Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó Bolivia advirtió que un derecho no puede ser preservado conculcando otro y que los delitos no los cometen los medios —a los que pretende castigar el artículo 16 con la suspensión de sus licencias de funcionamiento—, sino las personas a través de los medios.
Pero el Gobierno y el Órgano Legislativo no lo entendieron así y se resistieron a aceptar una propuesta sensata y correcta de retirar el artículo 16 y modificar el 23, dando paso a una protesta del periodismo nacional jamás vista en el país. Por primera vez los diarios salieron con páginas en blanco, los periodistas ingresaron en huelgas de hambre en distintos puntos del país y fueron llegando, como no podía ser de otra forma, mensajes y cartas de apoyo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión de todo el mundo.
Una delegación interinstitucional denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, mientras en Bolivia centenares de miles de personas daban su apoyo a la causa periodística firmando cuadernos distribuidos en todo el país, convencidas de que la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable de todo ser humano que le está siendo arrebatando.
La campaña lanzada por el Gobierno para denigrar y dividir al periodismo, haciendo un uso indebido de los medios públicos mantenidos con el dinero del pueblo y por millonarios spots de la televisión privada, sólo sirvió para dar razón al periodismo. No sólo fueron aproximadamente medio millón de personas las que apoyaron esta lucha, sino que la última encuesta conocida la semana pasada le dio al periodismo el primer lugar entre las instituciones más creíbles del país. Los medios y los periodistas recuperaron su credibilidad poco a poco y aunque vendrán los rechazos y especulaciones, están también los resultados de cuatro encuestadoras que, en los dos últimos años, sostuvieron que el periodismo estaba en el segundo lugar de credibilidad después de la ahora vapuleada Iglesia Católica.
El Ejecutivo y el Parlamento están ahora en la obligación constitucional de reformar la noble ley antirracista y antidiscriminatoria porque el pueblo así lo pide, con todo derecho y toda razón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario