La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado a 2011 como el Año de la Libertad de Expresión. La antigua institución representativa del periodismo continental ha sido impulsada a esa declaración por la grave preocupación sobre el estado de la libertad de prensa en América a que han dado lugar los hechos del período precedente.
Lo sucedido en México, con el asesinato en 2010 de once periodistas y una decena de atentados contra sedes de medios de comunicación, no ha hecho más que producir tragedias que reiteran, una vez más, la caracterización de ese país como el de mayores peligros físicos en el continente para la prensa. México carga desde hace décadas con un historial siniestro. La SIP lo ha denunciado caso por caso, año a año.
Así como en el pasado era manifiesta la relación de los crímenes contra periodistas con el monopolio político instaurado por los barones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos más recientes las órdenes de acabar con la vida de periodistas dispuestos a decir sus verdades han provenido, sin dudas, de nuevos liderazgos en submundos políticos y sociales, y de sicarios, aún más sanguinarios que los de antes, en la práctica periódica del crimen. Son los que han sumergido a amplias zonas de México en territorio dominado por el narcotráfico.
Honduras se agregó en 2010 a México como otro de los espacios infaustos para la prensa. En medio de las tensiones políticas que se extienden aun después de la remoción del presidente Manuel Zelaya y de la elección del sucesor, Porfirio Lobo, se cometieron en Tegucigalpa y otras ciudades de ese país centroamericano nueve asesinatos de periodistas. Hubo, además, en 2010, dos asesinatos en Brasil, y uno, en Colombia.
El abatimiento físico de periodistas ha sido en todo tiempo uno de los métodos crueles y extremos de quienes desde el poder, político o el que fuere, han procurado silenciar las voces irreductibles en la voluntad de expresarse sin cortapisas. Menos convencional, y no menos perverso en cuanto a los fines perseguidos, ha sido lo ocurrido también con intensidad en otros países americanos el año que acaba de concluir.
En ese sentido, el peor escenario ha sido el de Venezuela. Sólo el hábito de llamar democráticos a los gobiernos elegidos por el voto popular ha demorado la clasificación, sin eufemismo alguno, del régimen de Caracas como dictadura. Una dictadura definida por la hegemonía de un pintoresco y extrovertido militar, cuyas apariciones públicas violentan, por decir lo mínimo, leyes básicas de la estética.
De nada han servido para neutralizar las críticas que, como es natural, suscita el presidente Hugo Chávez, los fondos con los que se han fogoneado en la región conciencias dispuestas a celebrar sus inacabables desaguisados. Uno de esos traspiés ha colocado a Venezuela a la vanguardia de los países con más alta inflación en el mundo. Es superior, según cálculos generales, a la tasa que la Argentina pretende ocultar con las malversaciones estadísticas del Indec.
El gobierno de Venezuela ha cerrado cinco canales y 34 emisoras de radio y dispuesto de cuantiosos fondos públicos para favorecer a quienes le sirven de eco. Lo ha hecho siguiendo el tipo de deplorable gestión administrativa que ha encontrado imitadores en la Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Así se gesta, se compra y alquila el vasto y oneroso sistema propagandístico de los respectivos gobiernos. El presidente de la SIP, Gonzalo Fernando Marroquín, director de Prensa Libre , de Guatemala, ha hecho, en su discurso de fin de año, la denuncia abierta de esa política común a varias presidencias teñidas por un mismo aire de familia política.
En el caso lamentable de la Argentina, Marroquín ha precisado, sumándose a denuncias hechas antes de ahora por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) y por la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (ADEPA), que con el dinero de los contribuyentes se subvencionan, además, campañas de desprestigio contra medios y periodistas independientes. No es eso ninguna novedad para los argentinos. Entre otras arbitrariedades flagrantes, y por mencionar sólo una al azar, en estas columnas se ha subrayado el escándalo de que Canal 9 haya percibido en 2010 el 67,5 por ciento de la publicidad oficial destinada a la televisión abierta.
En el colmo del cinismo, algunos de los beneficiarios de esa política se han manifestado agraviados por aquella información. Pero nada han conseguido neutralizar de la grave imputación que les alcanza: cuantiosas sumas del erario público se están desviando, en unos casos, para premiar la obsecuencia y, en otros, para aplicar castigos discriminatorios contra quienes se empeñan en decir lo que piensan.
No deberá sorprender que, cuando llegue a este gobierno la hora de irse, algunos traten de lavar rápidamente las manos en la pila de la borocotización, según el argentinismo legitimado tiempo atrás por la Academia Argentina de Letras, para los más sorprendentes, y acelerados, cambios de frente político. Entretanto, la lucha de todos los días por un periodismo sin ataduras ni lesiones para quienes lo practican exigirá, a juzgar por los antecedentes inmediatos, el estado de alerta que ha llevado a la SIP a declarar a 2011 Año de la Libertad de Expresión.
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