La histórica elección de magistrados –aunque no exenta de polémica- que tuvo lugar hace un año a través del veredicto popular, se ha mostrado como un auténtico avance en la administración de la justicia en el país. Sin duda que la voluntad expresada en las urnas tiene un peso específico a la hora de valorar la participación ciudadana en este tipo de situaciones y corresponde destacarla en su justa dimensión. Sin embargo, a un año de la elección de funcionarios del Poder Judicial, se hace preciso evaluar los resultados iniciales, tanto en el comportamiento demostrado por tales magistrados electos respecto del ejercicio de la ética, como en su capacidad para administrar justicia.
Esta evaluación se presenta como necesaria y perentoria. Por una parte, porque muchos de los magistrados han dado la impresión de no estar a la altura de las circunstancias. De tal manera, los cuestionamientos a su función pública han ido subiendo de grado y número hasta adquirir visos de descalificación. Desde esa perspectiva, no solo se sigue señalando a la corrupción como el mal crónico que atenaza a los administradores de la justicia, sino que a este lacerante problema se ha sumado la supuesta incompetencia de los funcionarios públicos electos. Se les acusa de una mayor retardación de justicia que antes, y de mantener inmutables las conductas del pasado señaladas como delictivas.
Las noticias de prensa registran el cuestionamiento de al menos cincuenta y seis magistrados en el país. Esto significa que el desempeño de cierto porcentaje de estos funcionarios públicos debe evaluarse de acuerdo a parámetros y criterios objetivos para evitar daños y perjuicios no solo a la población litigante sino a los propios profesionales de Derecho. Resulta lógico suponer que estos daños, a la larga, tienen que repercutir en la vida institucional del país. La mora procesal, por ejemplo, se ha señalado como uno de los problemas a resolver por los magistrados electos, supuestamente imbuidos de una alentadora mentalidad de cambio. Los datos demuestran que la mora ha empeorado.
En el terreno de los hechos, todo indica que en vez de avanzar se ha retrocedido en muchos aspectos. Si la elección de magistrados por el voto popular se ha considerado un triunfo político del actual Gobierno, actualmente el creciente cuestionamiento al desempeño de los magistrados se puede convertir en una especie de “bumerang” por el desencanto de la población civil en la administración de la justicia, aspecto que más temprano que tarde puede pasarle la correspondiente factura al Ejecutivo. Otro aspecto preocupante es la persistencia de la corrupción, la que se ha puesto en evidencia a los ojos de los propios legisladores oficialistas, lo que configura la dimensión del problema.
Más inquietante aún viene a ser la supuesta incompetencia de los magistrados para resolver los casos de acuerdo a su responsabilidad y capacidad. De comprobarse este aspecto, habrá que admitir que una de las fallas de este proceso de elección popular de los magistrados ha sido la escasa información y preparación de la ciudadanía para elegir con criterio a estos funcionarios públicos. El magistrado Cusi, con su publicitada lectura de las hojas de la coca para decisiones judiciales se ha convertido en el principio de las dudas. Por ello, nada mejor para el país y el propio Gobierno, que preparar y ejecutar una evaluación calificada del desempeño de los magistrados. El país lo agradecerá.
Esta evaluación se presenta como necesaria y perentoria. Por una parte, porque muchos de los magistrados han dado la impresión de no estar a la altura de las circunstancias. De tal manera, los cuestionamientos a su función pública han ido subiendo de grado y número hasta adquirir visos de descalificación. Desde esa perspectiva, no solo se sigue señalando a la corrupción como el mal crónico que atenaza a los administradores de la justicia, sino que a este lacerante problema se ha sumado la supuesta incompetencia de los funcionarios públicos electos. Se les acusa de una mayor retardación de justicia que antes, y de mantener inmutables las conductas del pasado señaladas como delictivas.
Las noticias de prensa registran el cuestionamiento de al menos cincuenta y seis magistrados en el país. Esto significa que el desempeño de cierto porcentaje de estos funcionarios públicos debe evaluarse de acuerdo a parámetros y criterios objetivos para evitar daños y perjuicios no solo a la población litigante sino a los propios profesionales de Derecho. Resulta lógico suponer que estos daños, a la larga, tienen que repercutir en la vida institucional del país. La mora procesal, por ejemplo, se ha señalado como uno de los problemas a resolver por los magistrados electos, supuestamente imbuidos de una alentadora mentalidad de cambio. Los datos demuestran que la mora ha empeorado.
En el terreno de los hechos, todo indica que en vez de avanzar se ha retrocedido en muchos aspectos. Si la elección de magistrados por el voto popular se ha considerado un triunfo político del actual Gobierno, actualmente el creciente cuestionamiento al desempeño de los magistrados se puede convertir en una especie de “bumerang” por el desencanto de la población civil en la administración de la justicia, aspecto que más temprano que tarde puede pasarle la correspondiente factura al Ejecutivo. Otro aspecto preocupante es la persistencia de la corrupción, la que se ha puesto en evidencia a los ojos de los propios legisladores oficialistas, lo que configura la dimensión del problema.
Más inquietante aún viene a ser la supuesta incompetencia de los magistrados para resolver los casos de acuerdo a su responsabilidad y capacidad. De comprobarse este aspecto, habrá que admitir que una de las fallas de este proceso de elección popular de los magistrados ha sido la escasa información y preparación de la ciudadanía para elegir con criterio a estos funcionarios públicos. El magistrado Cusi, con su publicitada lectura de las hojas de la coca para decisiones judiciales se ha convertido en el principio de las dudas. Por ello, nada mejor para el país y el propio Gobierno, que preparar y ejecutar una evaluación calificada del desempeño de los magistrados. El país lo agradecerá.
Habrá que admitir que una de las fallas del proceso de elección popular de los magistrados ha sido la escasa información y preparación de la ciudadanía para elegir con criterio a estos funcionarios públicos.
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