Édgar Mora reconoció que sus bases se excedieron y pidió disculpas.
El Gobierno habla de “infiltrados”. Pero todo esta grabado y las imagenes hablan por si solas. Los periodistas que fueron agredidos por integrantes del Comité Cívico Popular y “ponchos rojos”, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), presentaron una querella penal contra los presuntos agresores por los delitos de agresión, robo y amenaza, mientras el partido oficialista intenta desligarse de estos grupos de choque.
La Fiscalía General de la República también instruyó a dos fiscales de La Paz que inicien investigaciones de oficio para dar con los responsables del ataque suscitado en inmediaciones de la cárcel de San Pedro el miércoles y el jueves, cuando fueron agredidos al menos 13 comunicadores. La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) presentó ayer un memorial con la querella ante el Ministerio Público en contra de los agresores, cómplices y encubridores.
La denuncia fue realizada por el presidente de la organización sindical, Boris Quisbert. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) todavía analizan los fundamentos jurídicos de las demandas y en las próximas horas presentarán las querellas a la Fiscalía. Según la denuncia de la FTPLP, los actos violentos afectaron a Roxana Lizárraga, de Unitel, y Javier Alanoca, de ATB, quien fue golpeado con saña por el activista Adolfo Cerrudo, quien ya cuenta con antecedentes penales por tentativa de violación contra una reportera. En el documento también se cita el robo de una grabadora digital y audífonos a Jhonatan Condori, de radio Erbol, y agresiones a Martha Segarrundo, de Radio Libertad; Juan José Estrada, de Canal 18; Melisa Ibarra, de la Red Uno; María Luisa Callejas, de La Prensa, y Gabriel Romano, de radio Láser 98. Según la red Erbol, los equipos de su periodista fueron devueltos por uno de los agresores, quien se disculpó por el hecho.
El secretario de Relaciones de la FTPLP, Javier Mancilla, afirmó que el objetivo de la organización sindical es poner un alto a estos ataques. “Confiamos en que esto pueda sentar un precedente para que toda persona respete el trabajo de los periodistas”. Ante los sucesos difundidos por varios medios de comunicación y por petición del defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, el fiscal general Mario Uribe designó a dos fiscales para que averigüen los acontecimientos. Uno de los integrantes de esta comisión, César Romano, dijo que citó a declarar hoy a los periodistas que fueron agredidos. Por su parte, la ANP, a través de un comunicado público, emplazó al comandante general de la Policía, Miguel Gemio, a cumplir con su deber constitucional de proteger y defender a los trabajadores de los medios de las “acciones vandálicas” de los grupos de choque afines al oficialismo. Demandó también al Defensor “pasar del discurso a la acción” con el inicio de procesos penales contra los activistas.
La ANP también llamó al Presidente a abstenerse de “atacar” y “ridiculizar” a los reporteros porque ello alienta a sus seguidores a agredir a la prensa. Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que esos sectores no forman parte de la estructura del MAS y tampoco son cercanos al Poder Ejecutivo. La autoridad repudió los agravios a la prensa y señaló que “esos ataques también hacen daño al Gobierno”. El diputado masista Gustavo Torrico fue más allá, llamó “trogloditas” a los agitadores; sin embargo, el Comité Cívico Popular es el único movimiento que tiene “facilidades” para ingresar a protestar a la plaza Murillo. Entre los líderes que agredieron a los periodistas fueron identificados Édgar Mora, del Comité Cívico Popular; Adolfo Cerrudo y Raúl Robles (supuesto periodista y diputado del MAS), y miembros de los autodenominados “ponchos rojos”. Mora admitió ayer en una entrevista con radio Fides que sus bases cometieron excesos y pidió disculpas por las agresiones. (crónica de bolivia confidencial)
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