familiares de los policías linchados piden por la entrega de los cadáveres de sus seres queridos y nadie les escucha. el Gobierno les teme. qué hacer?

Pablo Ortiz

Uncía sigue siendo zona roja. Después de 24 horas de que los líderes de los ayllus del norte de Potosí decidieron vetar el ingreso de la Policía a todo el municipio y a cinco días del linchamiento de cuatro efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de Oruro, el Gobierno sigue sin sentar presencia en la zona y las críticas contra la inacción se mezclan con amenazas de ministros y el clamor de los familiares que piden dar cristiana sepultura a sus seres queridos.
“La esperanza es lo último que se pierde. No me voy a poner luto hasta que no vea el cuerpo de mi esposo. Espero que esté herido, aunque sea mutilado, yo quiero que me lo devuelvan. Por favor (periodistas), ayúdennos, no sabemos dónde más recurrir. En Uncía, en Oruro, en La Paz, nadie nos atiende. Cuando un civil sufre una agresión, todos se mueven, pero cuando un policía muere, no hay justicia”, clamó Mónica Correa, esposa del suboficial Nelson Alcócer, que llegó ayer hasta La Paz para pedir ayuda al Gobierno para recuperar lo que quede de su marido. Correa fue más allá: “Esto es culpa de la autonomía Indígena. Ellos piensan que son dueños del lugar, ponen sus leyes; pero no tienen corazón. Una persona normal no mata ni a un perro, a ellos los han torturado hombres”.
Hay 18 familiares de los cuatro policías orureños peregrinando de institución en institución sin encontrar respuesta o respaldo. Correa, madre de cuatro hijos, contó que en el comando de Oruro no le dieron respuestas y que en La Paz nadie le abre la puerta. “Creo que mi hijo está muerto y así no me lo quieren entregar. Ya lo mataron, que nos dejen darle cristiana sepultura”, sollozó Florencio Cruz, padre de Rubén, un cabo que llevaba ocho años en la Policía y que deja cuatro huérfanos.
Para el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, el Gobierno peca de omisión por no actuar a tiempo y considera que si el hecho se hubiera dado en otra región del país habría reaccionado de otra manera.
Y el Ejecutivo sigue hablando, pero no interviene ni sienta autoridad. El ministro de Gobierno dijo ayer que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que algún grupo de personas haga justicia por su propia mano.
Además, prefiere apuntar a los policías y no a los linchadores. Reiteró que se investigará qué hacían efectivos de Oruro fuera de su jurisdicción y que la indagación llegará hasta los jefes de los suboficiales muertos.
Por su parte, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, dijo que es imposible y peligroso ejecutar medidas de control del contrabando e ingreso de vehículos indocumentados en poblaciones como Uncía y lugares aledaños. Señaló que la pobreza ha sumido a estas poblaciones en hechos ilícitos, aunque manifestó que esto no justifica lo ocurrido en esa región.
Por su parte, el Defensor del Pueblo del norte de Potosí, René Arroyo, y otras instituciones pidieron a los mallkus de la Federación los Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP) interceder en la recuperación de cuerpos de Nélson Alcócer, Esteban Alade, Miguel Rámos y Rubén Cruz.
El pedido fue hecho en una reunión realizada ayer en Llallagua. Arroyo, en un tono de rogativa, pidió “por favor intercedan” a los mallkus a fin de que los cadáveres sean entregados a sus familiares que se encuentran desesperados por darles al menos una cristiana sepultura.
Según Erbol, uno de los representantes de la federación indicó que por el momento es casi imposible coordinar con las autoridades originarias del ayllu Layme. Advirtió de que es casi imposible que alguien ajeno al lugar ingrese a la zona de Cala Cala, porque nadie puede garantizar su seguridad.

Aumenta el narcotráfico en la región
La destrucción de una megafábrica y otras pequeñas factorías de droga son la prueba de que, además del contrabando, el narcotráfico está tomando control del norte potosino.
La última destrucción de una fábrica se produjo el 22 de mayo en la comunidad de Pairumani, ubicada en la provincia Rafael Bustillo, donde se elaboraba sustancias controladas.
Allí, el personal antinarcóticos encontró a dos personas que presuntamente fabricaban la pasta base de cocaína. En el operativo denominado Nevada 2010 se detuvo al jilancko (autoridad originaria) Valerio Mamani Huara Huara y a su hermana Florencia. Mamani está detenida preventivamente en la cárcel de Cantumarca, mientras que la mujer se acogió a las medidas sustitutivas. Curiosamente, después de la destrucción de la fábrica de droga en esa comunidad ocurrió el linchamiento de los cuatro policías. Ahora, la Policía atribuye el crimen a los narcos. “El municipio de Uncía ahora se constituye en una zona sin ley. Entonces, allí seguramente se hará todo lo ilícito. Esto que pasó (el crimen) fue en venganza porque en el lugar se incineraron varias fábricas de cocaína”, declaró Orlando Ávila, comandante de la Policía de Potosí. Se presume que ésa es la razón por la que los cinco ayllus del municipio de Uncía declararon zona roja y libre de tránsito de vehículo chutos o de contrabando a la región.

Le cuesta intervenir a indígenas
Fernando Mayorga | Sociólogo
Hay que distinguir lo episódico de lo que puede ser señal de algo. En Uncía, el nudo del problema es el contrabando. Allí había oficiales de policías con un comportamiento ambiguo y pobladores que viven de actividades poco lícitas. Mientras estaban articulados en esa práctica, vivían tranquilos, pero cuando se rompe el equilibrio aparecen problemas de otra connotación, porque se trata de comunitarios y activan el debate sobre un sistema que está reconocido como justicia paralela. Y ellos utilizan este marco judicial para justificar sus acciones.
Para el Gobierno resulta conflictivo asumir una posición sobre hechos en los que los protagonistas son indígenas. Tiene limitaciones en ese sentido, pero tarde o temprano va a llegarse a la necesaria intervención estatal. Supongo que será una acción selectiva, como ocurrió con el linchamiento de policías en Epizana (Cochabamba).
Sin embargo, este hecho tenderá obviamente a matizar el debate de la Ley del Órgano Judicial y de deslinde jurisdiccional. Este tipo de conflictos es parte de una transición del Estado, que no terminará hasta que todas las leyes de la nueva CPE sean aprobadas.