Como ciudadano, como periodista con más de 30 años en el ejercicio de la profesión y como exmandatario, no puedo menos que considerar inaceptable este paso que da el Gobierno, que vulnera el ejercicio de las libertades ciudadanas consagradas por la Constitución
El 24 de octubre de 2004, en una entrevista que me hizo Eduardo Pérez, respondí: “…creo que las elites cruceñas siguen entrampadas en una visión provinciana de las cosas, lo que no quiere decir que no entienda y no admire profundamente el que Santa Cruz esté donde está, porque no estaríamos hablando de Santa Cruz si… no hubiese generado en los últimos 40 años esta nueva dinámica constructiva y creativa”. Al día siguiente de mi respuesta, la mayoría de los medios cruceños, especialmente la Red Unitel secundada por Megavisión, Red Uno y los periódicos El Mundo y El Nuevo Día, titularon más o menos así: “El Presidente Mesa acusa a los cruceños de provincianos”. Unitel hizo una encuesta callejera con esta pregunta: “El Presidente acusa a los cruceños de provincianos ¿Qué opinión le merece esa afirmación?” Encendieron así la mecha que prendió rápidamente como una estrategia de demolición de nuestra imagen. Esa campaña explica en buena medida el clima hostil que afrontamos en Santa Cruz hasta junio de 2005.
Esa tergiversación de lo que había dicho, no provocó una sola reacción de nuestra parte. Como Presidente no hice comentario alguno, ni lo hizo el Ministro de la Presidencia, ni el portavoz, salvo cuando se nos preguntó específicamente sobre el particular. No se nos pasó por la cabeza hacer un juicio a los medios y periodistas que habían actuado de manera tan mal intencionada, plenamente conscientes de que mi respuesta había sido no sólo descontextualizada sino cambiada, ya que una referencia a las elites se hizo ver como una descalificación a todos los cruceños. ¿Cuál fue nuestro razonamiento? El de preservar por encima de todo la libertad de expresión como bien inestimable en una sociedad democrática. En la relación costo-beneficio, el costo pagado por el Presidente no se comparaba con el beneficio de mantener todas las libertades ciudadanas vigentes como un principio sagrado de cualquier gobernante constitucional.
En una situación más difícil de interpretar que la narrada, el presidente Morales opta por un camino diametralmente opuesto. Su afirmación fue: “…En el Oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no tener alimentos, mientras en el altiplano es diferente. Si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimentos, es una verdad eso, pero en el Oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. Una confusa forma verbal, usada como parte de la construcción de una frase, dio lugar a una lectura determinada de lo dicho. Si el Presidente hubiese afirmado. “… en el Oriente sólo pasaríamos hambre si somos (si fuéramos) flojos”, no se podría hacer extrapolación alguna. Pero no nos engañemos, éste no es un debate gramatical, es un debate político.
Recordemos para empezar que el Presidente y su Gobierno han acusado no una sino varias veces, a los medios de comunicación de ser sus principales opositores, de responder a los intereses de sectores conservadores y de tergiversar la información. Hay incluso el antecedente de un juicio de imprenta iniciado por el Primer Mandatario contra un medio.
La decisión de enjuiciar a Agencia de Noticias Fides, Página Siete y El Diario apelando a la Ley en contra de la Discriminación y el Racismo (la tipificación del delito en ese marco va a ser toda una pieza), responde a una lógica de amenazar para amedrentar. Sentar un precedente que obligue a medios y periodistas al peor de los caminos, la autocensura por temor a las acciones desmesuradas del poder en su contra.
Aún asumiendo que se le haya dado una interpretación mal intencionada a la frase presidencial, la reacción es una desmesura y sólo sería entendible en un régimen autocrático. No es aceptable en un escenario genuinamente democrático. Bastaba una aclaración de la Ministra de Comunicación para zanjar una cuestión como ésta, sobre todo en un Gobierno que, a diferencia de quienes desarrollamos un mecanismo de institucionalización de los medios estatales, posee medios propios –es decir, del Gobierno más que del Estado- en prensa, radio y televisión, y cuenta además con varios medios muy influyentes francamente oficialistas.
Algo más. ¿Olvidan los funcionarios del Ejecutivo la cantidad de veces, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, que han usado adjetivos descalificadores, acusaciones sin respaldo, términos que pueden perfectamente entenderse como injuriosos contra sus opositores que, siguiendo su forma de reaccionar, ameritaban juicios en su contra? Recordaré simplemente un caso. El 22 de marzo de 2010, el presidente Morales al referirse a tres expresidentes y un exvicepresidente nos calificó así: “Yo puedo entender que son delincuentes confesos y que se organizan en un sindicato para defenderse._A esa conclusión llegó”.
Como ciudadano, como periodista con más de 30 años en el ejercicio de la profesión y como exmandatario, no puedo menos que considerar inaceptable este paso que da el Gobierno, que vulnera el ejercicio de las libertades ciudadanas consagradas por la Constitución.
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