otra señal de atentado a la prensa, a los derechos de los periodistas se da con los acusados Mora y Cerrudo. los propios fiscales previenen desacato

La comisión de fiscales que investigan las agresiones a periodistas, ocurridas en octubre pasado en la plaza San Pedro, solicitó, este martes, al Juzgado Segundo de Instrucción Penal la imputación formal contra Adolfo Cerrudo y Edgar Mora, quienes son parte del autodenominado Comité Cívico Popular, simpatizante al Gobierno. Uno de los fiscales asignados al caso, César Romano, informó que la imputación contra los dos activistas se basará en los delitos de atentado contra la libertad de trabajo, coacción y atribuirse los derechos del pueblo que tienen una pena de uno a tres años de cárcel.
"La comisión de fiscales ha evaluado y ha emitido una Resolución de imputación formal que ha sido puesta a conocimiento del órgano jurisdiccional, (por los delitos) de atentado contra la libertad de trabajo, coacción y atribuirse los derechos del pueblo", explicó Romano. De acuerdo con el fiscal, se espera que la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Julia Parra, fije hora y fecha para las audiencia de medidas cautelares en la que los fiscales presentarán su fundamentación para solicitar la detención preventiva de ambas personas, debido que identificaron riesgos de obstaculización en la investigación.
Cerrudo y Mora agredieron, entre el 27 y 29 de octubre, a varios periodistas que realizaban su trabajo en inmediaciones del penal de San Pedro, donde se encuentra recluido preventivamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el Gobierno responsabiliza de la extrema violencia en Pando, registrado el 11 y 12 de septiembre pasado. De estas agresiones también participaron los ex familiares de los heridos y fallecidos en la población del Porvenir y activista partidarios del oficialismo que ejecutaron y realizan una vigilia diaria en cercanías del penal de San Pedro.
Cerrudo enfrenta también otro proceso penal por agredir y amenazar con violar a una periodista del matutino La Razón. En este caso, el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal determinó su detención domiciliaria por haber desobedecido la orden de no acercarse a trabajadores de la prensa. De acuerdo con Romano, esta investigación se realiza de forma aislada y no puede añadirse al proceso que lleva él junto a su colega Gustavo Callisaya, porque es una figura jurídica que no permite la legislación boliviana.