Respecto a lo que podría ocurrir en Bolivia durante 2009 se dan ya signos a cual más premonitorios. Forma parte de estas señales negativas un último y trágico suceso en el altiplano, donde miles de ‘trabajadores por cuenta propia’ salieron a bloquear caminos y enfrentarse a los policías, reprobando el decreto del Gobierno que prohíbe la internación al país (casi siempre de contrabando) de vehículos usados de más de cinco años de antigüedad.
Tales unidades motorizadas dan trabajo a muchas personas en talleres de reconversión automotriz. Representan también fuente de ingresos para comerciantes dedicados al negocio y choferes que por tierra traen desde Chile y Perú los vehículos. No podemos dejar de mencionar al cada vez más numeroso contingente de desocupados que se valen de los ‘autos chatarra’ para ganarse la vida como taxistas.
¿Apunta la decisión gubernamental a restringir a un índice normal el incremento del parque automotor en el país, en el cual viene a ser demasiada alta la cuota parte de los vehículos chatarra, con nefastas consecuencias para la salud ambiental de nuestras principales ciudades, siendo Santa Cruz de la Sierra la más perjudicada, como lo evidencia la sobresaturación de su atmósfera con las emanaciones de gases de dichos vehículos? Parece que el Gobierno utiliza el controvertido decreto sólo a modo de muletilla contra el desabastecimiento de gasolina y diésel. Cree que con la medida rebajará considerablemente la demanda de energéticos, cuyo ascenso atribuye a los autos chatarra y no al desfase entre oferta y demanda que provoca la baja de la producción de hidrocarburos.
Los reflejos de inquietud ante la inseguridad laboral que depara el futuro inmediato proceden también de sectores sociales ligados al MAS. En El Alto, liderzuelos locales ya empiezan a revolver el avispero contra el Gobierno actual. Coincide el emprendimiento con la entrada en vigencia de la suspensión de las preferencias arancelarias de Estados Unidos para las exportaciones bolivianas de textiles, artesanías y una serie de productos que significaban empleo e ingresos para más de 40 mil familias de aquella siempre agitada visera demográfica del altiplano paceño. El año 2009 asume perfiles de terremoto en aquel lugar, tan próximo a la sede de Gobierno.
En las minas hay cada vez más desocupados por el cierre de yacimientos que no pueden contra el descenso vertical de los precios de los minerales. Se percibe malestar, igualmente, en zonas agrarias de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba. Los campesinos aimaras y quechuas confrontan pérdida de cosechas por sequía y granizadas.
En el oriente las cosas se pintan igualmente color hormiga. Una drástica baja en los volúmenes de producción agropecuaria (particularmente en lo que respecta a soya, sus derivados y otros artículos de exportación) reducirá al mínimo la capacidad de absorción laboral de tan importante sector. Miles de trabajadores agrícolas se quedarán sin trabajo y el inevitable efecto dominó del problema repercutirá en el transporte, el comercio y la actividad ferial. Conste que esta emergencia se presenta antes de que restallen en la economía nacional los latigazos económicos y monetario-fiscales de la crisis internacional.
Ojalá que a pesar de los graves problemas que nos esperan ya casi a la vuelta de la esquina, sepamos encontrar oportunamente la fórmula que impida que las cosas pasen a mayores
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