Humberto Vacaflor en 20 líneas dibuja la nueva amenaza masista contra los comunicadores, culpables según Evo de su drástica pérdida de autoridad por lo del TIPNIS, por la derrota electoral, por la pichicata

No se sabe en qué momento ni en qué términos, las “organizaciones sociales” pidieron al presidente Morales incluir el tema de la libertad de expresión en la “cumbre social”.

Lo cierto es que ahora, una reunión de cocaleros, “interculturales” (una especie de transformers sociales aliados de los cocaleros), comerciantes minoristas yotros decidirán cómo debe ser el periodismo en Bolivia.

Esta mini-constituyente masista se propone legislar sobre la libertad de expresión, que es motivo de cuidadoso tratamiento en todo el mundo, porque tiene relación directa con la democracia.

Esta clase de “pedidos” le llegan al presidente de parte de quienes adivinan sus intenciones. Le leen el pensamiento.

La gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente en el comportamiento del periodismo fue la cobertura de la paliza que la policía dio a los marchistas de TIPNIS en Yucumo el 25 de septiembre.

Las escenas de esa brutal represión provocaron la caída de la máscara de líder indígena que tenía el caudillo cocalero que gobierna el país. El impacto internacional fue devastador.

Ahora llega el momento del ajuste de cuentas. Los indígenas del TIPNIS conocerán lo que puede la ira del presidente y la libertad de expresión, aliada de los indígenas, será flagelada.

La actitud del masismo hacia el periodismo tiene varios estilos. Incluye métodos violentos, como la bomba que un oficial del ejército que estaba a cargo de la seguridad del presidente le puso a un canal de Tv en Yacuiba, o la compra compulsiva de diarios usando la presión del sistema tributario, amenazas a medios para aislar a algunos incómodos periodistas, el manejo de la publicidad de Estado como premio a los buenos ycastigo a los malos, sutiles presiones a organizaciones de periodistas para que no hagan cosas que molestan al gobierno y la amenaza constante a los medios audiovisuales de quitarles las licencias de operación.

Rendirse no serviría de nada.

Waldo Torres A. critica los traspiés de Evo en el tema de las RREE con los EEUU, los desaciertos que no terminan y los intentos de Choque de "recomponer un entuerto" que nunca se pudo entender.

Desde el principio el presidente Evo Morales deterioró absurdamente su relación con EEUU. La “ruptura”, no oficializada, de relaciones diplomáticas es "el último paso", la medida debe surgir tras el agotamiento de otras decisiones previas como el llamado de embajadores, notas de protesta y denuncia ante organismos internacionales, pero no ir más allá. Fue un error, una medida extrema y de última instancia en la diplomacia que no se justificó, el Gobierno no demostró las reiteradas denuncias de espionaje y conspiración. En política exterior no se puede ceder y menos renunciar a la autoridad moral, la ruptura de relaciones en términos prácticos, implica una pérdida de tiempo por la imposibilidad de fortalecer los vínculos sobre asuntos de interés del Estado, no de una ideología y menos de un partido de gobierno. 

En Washington se reían porque quien congela la relación es el más fuerte, quien perdía era Bolivia. Esta conducta no benefició al gobierno y menos al Estado. Desafiar a la Casa Blanca no beneficia ni en campaña electoral, es un riesgo excesivo e inútil, es la economía más importante del mundo ¿o será que el gobierno quería desequilibrar el poderío de EEUU?. 

La consecuencia es la triplicación de la producción de cocaína y la duplicación de las áreas de producción de coca en el país desde el rompimiento, el congelamiento de las inversiones y el descrédito internacional. Para todos los asuntos de interés del Estado, Estados Unidos es clave, todo depende de aprobación norteamericana. 

Cuando se dieron cuenta de que fue una medida desacertada, el Gobierno considera prioritario recomponer las relaciones con “soberanía”, aunque contradictoriamente les importe perder hasta la dignidad con Venezuela. Por esto, más que una conversión lo que primó fue la lógica política de la necesidad, porque a quien más le interesa una mayor sintonía es al gobierno, así podrán mitigar el efecto público de las confesiones del Gral. Sanabria y la urgencia de acomodar su propia ineficacia económica al haber perdido el Atpdea. 

Habiendo perdido el tiempo, necesitan oxígeno internacional para sortear la última etapa de este Gobierno que no sabe a dónde va y que ignora hacia dónde se dirige el mundo. Pero más allá de avanzar en la lucha contra el lavado de dinero, la agenda bilateral no cambiará. 

En el país se refleja alivio y la ilusión de haber empezado un camino de reacercamiento al mundo. Son horas de pragmatismo, esa razón que justifica que los imperios no son tan malos ¿habrá sintonía en el futuro?

Saúl Avila se refiere en Los Tiempos a la necesidad de una Ley de Protección al Periodista como la de Chihuahua que no conocíamos.

Mientras el Estado mejicano de Chihuahua acaba de dictar una ley de protección a los periodistas, que los exonera de ser citados como testigos en un proceso judicial, con el fin de que revelen sus fuentes y estableciendo que “el periodista tiene el derecho jurídico y el deber ético de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición —expresa o tácita— de reserva”, en Bolivia se emiten normativas que restringen la libertad de expresión de los comunicadores, y se los llama a ser testigos de hechos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno.

Luego del suceso histórico como fue la marcha por el Tipnis, y la atroz represión policial a los caminantes indígenas, el Ministerio Público ha convocado a periodistas a declarar como testigos presenciales por los nefastos acontecimientos del pasado 25 de septiembre.

La ley aprobada por el Congreso del Estado Chihuahua, protege el secreto profesional de los periodistas y evita que sean intimidados por autoridades para que divulguen sus fuentes de información; establece que el secreto periodístico no sólo protege las fuentes, reconoce el derecho del comunicador a no revelarlas, tampoco toda la información ni la forma en que fue conseguida. Prohíbe a las autoridades revisar computadoras, grabaciones, y cualquier herramienta utilizada por la prensa para conseguir la información. La citada Ley, incluye la “Cláusula de Conciencia”, por la cual el periodista se puede negar a firmar un texto que haya sido modificado sin su consentimiento. Los mecanismos legales para la defensa de los periodistas fueron tratados en siete foros públicos dentro de un ambiente de institucionalidad, con diversos sectores de la ciudadanía mejicana.

¿Por qué esta contradicción de políticas estatales en las dos naciones? La respuesta es que la vigencia de la democracia, la independencia de poderes del Estado, y la institucionalidad en Méjico, permiten adoptar medidas que garanticen la libre expresión y las libertades ciudadanas; lo que no sucede en Bolivia, donde el proceso es al contrario: restringir al ciudadano su derecho de pensamiento y conculcar la libre expresión.

Todas las publicaciones, escritas y audiovisuales, realizadas en la cobarde arremetida policial a los indígenas, son por sí mismas testigos de la masacre. Ninguna autoridad tendría el derecho de revisar cualquier herramienta de trabajo del comunicador.

El periodista (reportero, fotógrafo, camarógrafo) cumplió su función de dar cobertura a un hecho. Su papel fue neutral hasta donde la subjetividad y conciencia laboral le permiten. El derecho a la información es, sobre todo, del ciudadano; el periodista es el medio para lograr la información y difundirla, su labor es profesional, honesta, sacrificada; él, sólo refleja la verdad en toda su esencia, no inventa nada de lo sucedido; no es ni puede ser testigo de nada. Imaginemos por un momento, la angustia del periodista de presenciar objetivamente actos de barbarie como los ocurridos contra los originarios del Tipnis. Pero es su trabajo, él es un albañil de la información, su única obligación es transmitir la verdad de los hechos.

Los postulados primigenios de la democracia han sido desdeñados, la falacia ha suplantado a la verdad. La referencia más inmediata que de forma natural hace frente al desgobierno y su desatinada gestión, es la prensa. Mientras permanezca, seguirá denunciando el desvarío gubernamental. 

El autor es comunicador social

porqué tendría El Deber que responder con esos detalles a la Fiscalía? Son acaso los periodistas autores del crimen de lesa humanidad cometido en San Lorenzo?

La Fiscalía General del Estado, hizo llegar en el transcurso de la tarde de ayer, mediante una comunicación escrita al periódico El Deber, la solicitud de acceder a los nombres de periodistas y funcionarios presentes en la cobertura de la marcha indígena del Tipnis. Particularmente durante el momento en que ocurriera la represión policial en San Borja, que se encuentra bajo investigación.

Así lo confirmó, el jefe de prensa de esta casa editorial, Tuffi Aré, quién señaló que la referida comunicación pedía complementar la información con documentos fotográficos. Son 72 horas de plazos, a partir del recibimiento del documento con los que cuenta el medio de comunicación para dar una respuesta. “Desconocemos el objetivo de este inédito pedido. Se está analizando jurídicamente el contenido para brindar una respuesta”, dijo. 
 

reclamo por una Ley que regule la comunicación desde el punto de vista profesional y que garantize el ejercicio profesional. Miguel García Angelo

En la actualidad, lamentablemente, Bolivia no cuenta con una Ley que regule el ejercicio profesional de la comunicación social, desde el punto vista de los profesionales que estudian y se titulan en las más de 100 universidades –entre públicas y privadas-- que funcionan en el país y están garantizadas en la Constitución Política del Estado. Por un lado, el Estado no garantiza el cumplimiento del ejercicio de la comunicación social, así como lo hace por ejemplo con el ejercicio del médico o de los ingenieros a través de leyes vigentes, por otro, las universidades privadas y públicas que forman profesionales de esta ciencia tampoco realizan un control o seguimiento con sus propios exalumnos, y finalmente, los colegios de profesionales del país aún tienen pendiente la exigencia de este cumplimiento; finalmente, la sociedad no se manifiesta para escuchar (radio), observar (televisión) y leer (periódico) una comunicación profesional, científica, imparcial, objetiva, transparente y una búsqueda permanente de la verdad.

La administración de la comunicación y la información –como un proceso diría por ejemplo Erick Torrico--, sea en los ámbitos mediáticos como en los espacios laborales tanto públicos como privados, siempre será un proceso social de producción, circulación mediada, intercambio, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados, por lo que quienes ejercen esta comunicación como un derecho, son también responsables del mismo desde las responsabilidades de la misma. Por eso, se hace imperante la existencia de una ley nacional y/o departamental que garantice la cientificidad y el perfeccionamiento profesional de la comunicación y la información en el país.

Los elementos centrales que esta ley contendría: el Ministerio de Comunicación, en coordinación con los colegios departamentales debiesen supervisar y controlar el ejercicio profesional de la comunicación social; el Gobierno nacional debiese garantizar y proteger el ejercicio de la profesión de los comunicadores sociales, inscritos y habilitados en los registros departamentales; todo profesional que cumpla los requisitos académicos correspondientes a la comunicación social y la inscripción en sus respectivos colegios departamentales, tendría derecho al ejercicio de la profesión, sea en carácter de profesional libre o dependiente; ningún cargo técnico relacionado con las profesiones a la comunicación social, sería desempeñado por personas que no estén habilitadas por su inscripción; la práctica ilegal de la Comunicación Social y el uso indebido del título, se reputarán como ejercicio indebido de la profesión y los infractores serán sometidos a las disposiciones del Código Penal; el comunicador inscrito en su departamental está obligado a cumplir en el ejercicio de su profesión, con los preceptos del Código de Ética Profesional; todo proyecto o documento firmado por un comunicador social que implique responsabilidad civil, debe llevar la identificación con el Registro del Comunicador; toda sociedad o empresa que ofrezca servicios de comunicación social deberá tener como responsable a un comunicador inscrito y habilitado en su departamental; los comunicadores extranjeros que fueren contratados por cualquier entidad o empresa, sea nacional o extranjera, para prestar su servicio en el país, deberán inscribirse y habilitarse previamente; cuando una entidad fiscal provea un cargo social de las ramas de comunicación interinamente, el mismo deberá también ser ocupado por un comunicador titulado; y finalmente, en todo equipo profesional multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en que participen comunicadores, estos deberán estar necesariamente inscritos y habilitados legalmente.

Como se puede ver, en materia de comunicación social profesional se refiere, el país, y particularmente la sociedad, tiene muchas tareas pendientes para llegar a un manejo científico de esta importante área de la democracia de Bolivia.
 
El autor es presidente del Colegio de Comunicadores Sociales de Bolivia

meses atrás, digo mal, semanas atrás impensable lo sucedido en Caranavi. masista que intentó bajonear el ingreso de indígenas a la plaza, fue golpeado, moreteado, sangrado, tumbado al piso y vuelto a golpearo

No todo fue alegría y regocijo a la llegada de la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a Caranavi, pues cuando se desarrollaba el acto de recibimiento, en la plaza principal Simón Bolívar, un osado individuo gritó en medio de la multitud "todo esto es una mamada".

La frase provocó un malestar colectivo en medio del acto, pues el individuo, ubicado al costado derecho del escenario improvisado que se acomodó para dar el recibimiento a los indígenas, fue víctima, primero, de abucheos, silbidos e insultos, posteriormente fue agredido físicamente por la multitud de caranaveños que se encontraban cercanos a él, quienes le gritaron "fuera masista".

La frase le costó una serie de moretones y sangrados en su rostro, pues los vecinos de Caranavi lograron agarrarlo y meterlo, ante los empujones y por unos segundos, dentro de una tienda de ropa, posteriormente el tumulto lo sacó a la calle nuevamente y lo tumbaron al piso para continuar con la golpiza.

Luego de tres minutos aproximadamente que duró la arremetida, el individuo, solo frente a la gente, empezó a gemir de dolor y los que lo rodeaban, ante la situación, dejaron de agredirlo e iniciaron su traslado a otro sector lejano a la plaza Simón Bolívar.

"Déjenlo que se vaya", decían algunas vendedoras que presenciaron el acto y que robó por esos minutos la atención de quienes estaban escuchando los discursos que hacían los dirigentes de la marcha que estaban frente al micrófono.

"Yo soy ciudadano normal, no sé por qué me han pegado", expresó el individuo que repudio la marcha indígena, antes de ingresar a un alojamiento que, minutos más tarde, cerró sus puertas para que la gente que llegó al lugar se fuera y deje tranquilo a este hombre quien no quiso identificarse.

ERBOL ha dado a conocer la siguiente denuncia en contra del Ministerio de Comunicación. se quejan de una rebaja de sus derechos laborales.

“Los fines de semana trabajamos hasta 15 horas sin poder salir ni a comer; para lo peor nos han quitado nuestro derecho a refrigerio y no tenemos vacaciones”, denunciaron a Erbol trabajadores del Ministerio de Comunicación y agregaron muy apesadumbrados que desarrollan sus labores, prácticamente, “en condiciones de semiesclavitud”.

Según los denunciantes, “el derecho al refrigerio (Bs8 por día) era sagrado, incluso en los gobiernos neoliberales, para las personas que trabajamos horario continuo”.

“Sin embargo, desde que se creó el Ministerio de Comunicación, en febrero del presente año, no tenemos derecho a vacaciones; y nos han cortado el refrigerio desde julio”, narró un grupo de trabajadores y añadió que “encima no nos dejan siquiera salir a la calle a comprar algo de comer porque hay un instructivo que lo prohíbe”.

En criterio de los entrevistados, “es imposible trabajar con eficiencia sin comer y descansar”. “Trabajamos hasta 10 horas seguidas; y los fines de semana es peor, trabajamos hasta 15 horas y nos cortan el agua en las oficinas, no tenemos siquiera acceso a ese elemento líquido; es decir trabajamos como esclavos, como semiesclavos y no sabemos a dónde quejarnos”, contaron.

“Por ejemplo, las personas que tenemos problemas personales o compromisos queremos sacar nuestras vacaciones, pero nos han prohibido, ya no tenemos ese derecho, debemos llenar una papeleta para tener permiso por unos días, pero sin goce de haberes, esto no sucedía en ningún gobierno, teníamos derecho al refrigerio y respetaban nuestras vacaciones y otros beneficios”, indicaron.

Medios del gobierno

Según las informaciones obtenidas, el recorte de refrigerios, de vacaciones y la orden de descuentos afectan y afectarán también a los trabajadores de los medios gubernamentales ABI, Radio Patria Nueva y Cambio.

“Nos han dicho que no hay una ley para respaldar nuestro refrigerio y que la Contraloría ha detectado esta irregularidad; entonces viene lo peor, nos van a descontar de nuestros salarios de los meses de septiembre, octubre y noviembre por el consumo de refrigerios”, señaló un periodista de un medio gubernamental, quien pidió reserva de fuente por temor a ser despedido.

“Es que hermano, a nosotros no nos defiende ni la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que tiene tiempo y dinero para sacar comunicados en contra de nuestros propios colegas, pero no tiene tiempo para ocuparse de las condiciones laborales en las que trabajamos en los medios del Estado”, señaló otro periodista.

Descuentos

Según otras dos fuentes, hoy lunes comenzó a circular una planilla de firmas para autorizar el descuento por el refrigerio consumido entre febrero y julio. “Es decir, nos van a descontar de nuestros salarios por el concepto de refrigerios y no sabemos cuánto, hemos calculado alrededor de 500 bolivianos por mes”, manifestaron.

“La planilla que nos quieren obligar a firmar dice: autorizo que se descuente de nuestro haber por los meses de septiembre, octubre y noviembre por el monto que debemos. Pero no dice el monto, puede ser 300, 120 ó mil bolivianos”, describió un trabajador del Ministerio de Comunicación.

“El abuso es terrible, nos tratan como a esclavos sin comida, sin vacaciones y sin agua los fines de semana y encima nos van a descontar”, se quejó una trabajadora.