La dirigencia de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que se ocupa de centralizar la labor de los movimientos sociales ligados al gobierno del MAS, pidió en días pasados a las autoridades un apoyo económico de medio millón de dólares.
La explicación que dieron los integrantes de la directiva de la Conalcam es que las actividades que cumplen son una garantía para el proceso de cambio político que se impulsa en el país desde la Administración del presidente Evo Morales. Por ese motivo, necesitaría contar con el citado respaldo económico.
Supuestamente, la organización no cuenta con otros recursos, pues los denominados movimientos sociales no aportarían y el gobierno del MAS no les habría otorgado presupuesto para financiar sus actividades.
En todo caso, el Poder Ejecutivo y la cúpula masista deberían tomar en cuenta la delicadeza de este tema en particular, antes de adoptar una decisión respecto al pedido que ha realizado la dirigencia de la Conalcam.
De principio, se trata de una organización que no forma parte de la administración pública bolviana y, en consecuencia, el Tesoro General de la Nación (TGN) no puede desembolsar recursos económicos para organizaciones como ésta, porque no figura en ninguna institución estatal.
Quizá los dirigentes de los movimientos sociales tengan una idea equivocada y crean que pueden contar con recursos del fisco —es decir, provenientes del bolsillo de los bolivianos— para sus actividades. Corresponde entonces a las autoridades explicarles que eso no puede concretarse y, por otra parte, aclarar ante todo el país que no existe ninguna posibilidad de que la Conalcam reciba recursos del TGN.
Existen disposiciones muy claras por las cuales se hace imposible que un gobierno financie las actividades de una institución u organización —por más que aglutine a hombres y mujeres de bien— que no forma parte del Estado. Violar esas disposiciones sería un acto que daría lugar a un juicio de responsabilidades.
Si la Conalcam apoya realmente al gobierno del MAS, tendría que abstenerse de hacer este tipo de solicitudes que sólo perjudican al presidente Morales y a su gestión. La última palabra, como siempre, la tiene el Gobierno.
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