juicio ordinario ha iniciado el gobierno contra La Prensa por denuncia del contrabando de 33 camiones. persiste EVO en desvirtuar el rol de los medios

Como ya es habitual desde hace tres años, la élite burocrática que gobierna nuestro país se reunió hace unos días para evaluar el avance de su proyecto político y definir un plan de acción para el futuro inmediato. Desencadenar la ofensiva final contra el Poder Judicial, organizar un nuevo cerco contra el Congreso Nacional y someter a los medios de comunicación a una nueva ola de ataques, son tres de las principales decisiones adoptadas. Como parte de ese plan, el matutino paceño La Prensa, miembro del Grupo Líder del que también forma parte Los Tiempos, ha sido elegido como el blanco principal. Para ello, el Gobierno ha presentado una demanda judicial por una información publicada hace ya más de tres meses, sobre el caso de los 33 camiones con mercadería de contrabando detectado en Pando. Pocos días antes, a tiempo de presentar su renuncia al cargo de Superintendente de Empresas, el gerente de un lenocinio paceño anunció su intención de iniciar un proceso legal contra Los Tiempos por haber denunciado sus vínculos con el negocio de la prostitución. Es verdad que hasta ahora no pasó de la amenaza, pero se puede temer que pronto este matutino también tendrá que afrontar las consecuencias de haber incurrido en el “delito” de decir la verdad. Esta nueva ofensiva contra la libertad de prensa tiene una doble dimensión: la de fondo y la de forma. En lo que al fondo del asunto se refiere, se trata de destruir lo que hasta ahora ha sido el principal obstáculo que el Gobierno ha encontrado en su camino hacia la instauración de un régimen totalitario. Es que en Bolivia, como en todo el mundo, la libertad de prensa es incompatible con un régimen que con urgencia requiere que sus actos se realicen lejos de la mirada de la sociedad. En cuanto a la forma, muy relacionada con el desprecio por la legalidad del que a diario hace gala el régimen actual, se pretende desconocer los procedimientos que para casos como éste tiene previsto nuestro ordenamiento legal. Ha decidido recurrir a la justicia ordinaria y no seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Imprenta. Felizmente, en una actitud que lo dignifica como ex periodista que es, el vocero presidencial ha salido al paso de las intenciones del gobierno del que forma parte al reconocer que el juicio instaurado contra La Prensa vulnera principios básicos. Se ha opuesto a que la Ley de Imprenta sea pisoteada, pero su opinión ha sido pasada por alto lo que lo pone, como a muchos otros seguidores del MAS, en una difícil disyuntiva. Debe elegir entre ser leal a sus principios éticos u optar por la complicidad servil. Es de esperar que opte por lo primero, pues es todavía mucha la gente del gremio que cree en su honestidad intelectual y en su integridad moral. (Editorial de Los Tiempos en defensa de La Prensa)