El irrenunciable derecho a la propiedad
Mauricio Aira
Desde Europa se ve con preocupación la violación en Bolivia del Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece el derecho a la propiedad privada imprescindible en una comunidad democrática. No extraña por tanto que la Fundación Heritage que publica el índice de Libertad Económica en el Mundo, haya incluído por la primera vez los 17 casos de violación del derecho a la propiedad durante la gestión de Evo Morales. Tienen que ver las observaciones con el derecho ciudadano a adquirir, operar, desarrollar y trasmitir la propiedad privada de la tierra, la industria, los servicios, la banda y otros componentes económicos de una nación.
La publicación mencionada, de consulta obligada, aporta nuevas evidencias a partir de la creación de la riqueza garantizando la propiedad privada como palanca del surgimiento y consolidación de las instituciones democráticas que sirven a su vez como la base para defender todo el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales que hacen posible el respeto integral a las libertades en toda sociedad civilizada.
Si vemos el último informe aparecen Lituania, Uruguay, Irlanda y El Salvador como los cuatro que han registrado progresos importantes, mientras Moldavia, Paraguay y Venezuela retrocedieron en los últimos años. Cuba figura con restricciones a las libertades económicas y reprimiendo manifestaciones de autonomía en lo económico, social y político. Se cita The Wall Street Journal que menciona a cubanos, laosianos, somalíes, sudaneses e iraquíes como territorios donde la propiedad privada tiene escasa significación. En Cuba se está dando un acelerado proceso de concientización sobre los derechos ciudadanos incluído el propietario.
En la mayoría de las constituciones se dan éstas premisas; a) el reconocimiento del derecho a la propiedad privada y a la herencia, b) la función social de éstos derechos delimitará su contenido de acuerdo a las leyes, c) nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad a lo dispuesto por las Leyes.
Cuando el tema fue planteado en la Asamblea Constituyente de Bolivia surgió una nueva teoría que no tiene fundamento sólido y que los teóricos “del cambio” quisieron introducirla esforzándose sin resultado en explicaciones de lo que consideran “la propiedad privada colectiva” cuya base jurídica estaría en “la costumbre aymara de la propiedad colectiva comunitaria” basada en la posesión colectiva de la tierra bajo el usufructo colectivo por los co-poseedores, nótese que no dicen “co-propietarios, los que no pueden en forma independiente transferir, alquilar, usufructuar, producir, sin el mandato absoluto de todos los miembros de la comunidad”. Reconocen los ideólogos del “nuevo derecho propietario” que la forma aymara no es competitiva para subsistir en un mundo globalizado de economía capitalista, que necesita de inversión, compra, venta, hipoteca, etc. Se tiene entonces que la sustentacion jurídica de esta forma de propiedad, no pudo ser sostenida y cayó por su propio peso por lo que la CPE reconoce la propiedad privada “si cumple una función social” aspecto sensible, generalizado que está causando las violaciones denunciadas, como la del asalto y usurpación de la casa del ex.vicepresidente Victor Hugo Cárdenas en Sankajahuira, ejemplo dramático de lo que se viene produciendo en diversos sitios con la toma de propiedades mineras, agrícolas, y viviendas que dan motivo a poner en duda el respeto a la propiedad.
(Ver el informe de Fin de Semana de La Razón con detalles imperdibles)
Resulta ilustrativo referir la cadena de nacionalizaciones que ha venido efectuando Hugo Chávez en Venezuela, al que viene imitando su homólogo boliviano. En tierras se citan invasiones promovidas desde el gobierno (La Marqueseña), confiscación y cierre del canal RCTV, apropiación del principal fabricante de acero SIDOR. La apropiación de CANTV y empresas anexas para controlar la telefonía fija y la móvil, de La Electricidad de Caracas, que se encontraba en manos privadas, de proyectos de petróleo y gas. El Banco de Venezuela, la principal fabricante de cemento CEMEX que provee el 60% de la producción nacional. De sociedades mineras de hierro y cobre, de productora de alimentos de empresas de recreación, de salud y educación
En Venezuela se respeta el estado de derecho y la propiedad privada, ya que si esto no se cumpliera sería imposible intentar un proceso de expropiación de tierras en la nación, afirmó la procuradora general de la República, Marisol Plaza Irigoyen. O sea que el sofisma se utiliza allí a la perfección. Es la falsedad y el engaño que sirven para la argumentación y enmascarar así el derecho a la propiedad privada.
Tanto en Bolivia como en Venezuela donde la recuperación de la propiedad usurpada por acción ilegal no tiene el respaldo de la autoridad, aunque sí de la Ley la inversión estará paralizada y cundirá por doquier la percepción de no contar con las garantías para los bienes legítimos. Hoy como en algún momento de 1971 cuando parecía inminente la reforma urbana que confiscaría las casas de quié tuviera más de una para darla en propiedad a los deshabitados, asiste al ciudadano el derecho de duda e inseguridad por las argucias que se exponen para justificar el atropello.
Mauricio Aira
Desde Europa se ve con preocupación la violación en Bolivia del Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece el derecho a la propiedad privada imprescindible en una comunidad democrática. No extraña por tanto que la Fundación Heritage que publica el índice de Libertad Económica en el Mundo, haya incluído por la primera vez los 17 casos de violación del derecho a la propiedad durante la gestión de Evo Morales. Tienen que ver las observaciones con el derecho ciudadano a adquirir, operar, desarrollar y trasmitir la propiedad privada de la tierra, la industria, los servicios, la banda y otros componentes económicos de una nación.
La publicación mencionada, de consulta obligada, aporta nuevas evidencias a partir de la creación de la riqueza garantizando la propiedad privada como palanca del surgimiento y consolidación de las instituciones democráticas que sirven a su vez como la base para defender todo el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales que hacen posible el respeto integral a las libertades en toda sociedad civilizada.
Si vemos el último informe aparecen Lituania, Uruguay, Irlanda y El Salvador como los cuatro que han registrado progresos importantes, mientras Moldavia, Paraguay y Venezuela retrocedieron en los últimos años. Cuba figura con restricciones a las libertades económicas y reprimiendo manifestaciones de autonomía en lo económico, social y político. Se cita The Wall Street Journal que menciona a cubanos, laosianos, somalíes, sudaneses e iraquíes como territorios donde la propiedad privada tiene escasa significación. En Cuba se está dando un acelerado proceso de concientización sobre los derechos ciudadanos incluído el propietario.
En la mayoría de las constituciones se dan éstas premisas; a) el reconocimiento del derecho a la propiedad privada y a la herencia, b) la función social de éstos derechos delimitará su contenido de acuerdo a las leyes, c) nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad a lo dispuesto por las Leyes.
Cuando el tema fue planteado en la Asamblea Constituyente de Bolivia surgió una nueva teoría que no tiene fundamento sólido y que los teóricos “del cambio” quisieron introducirla esforzándose sin resultado en explicaciones de lo que consideran “la propiedad privada colectiva” cuya base jurídica estaría en “la costumbre aymara de la propiedad colectiva comunitaria” basada en la posesión colectiva de la tierra bajo el usufructo colectivo por los co-poseedores, nótese que no dicen “co-propietarios, los que no pueden en forma independiente transferir, alquilar, usufructuar, producir, sin el mandato absoluto de todos los miembros de la comunidad”. Reconocen los ideólogos del “nuevo derecho propietario” que la forma aymara no es competitiva para subsistir en un mundo globalizado de economía capitalista, que necesita de inversión, compra, venta, hipoteca, etc. Se tiene entonces que la sustentacion jurídica de esta forma de propiedad, no pudo ser sostenida y cayó por su propio peso por lo que la CPE reconoce la propiedad privada “si cumple una función social” aspecto sensible, generalizado que está causando las violaciones denunciadas, como la del asalto y usurpación de la casa del ex.vicepresidente Victor Hugo Cárdenas en Sankajahuira, ejemplo dramático de lo que se viene produciendo en diversos sitios con la toma de propiedades mineras, agrícolas, y viviendas que dan motivo a poner en duda el respeto a la propiedad.
(Ver el informe de Fin de Semana de La Razón con detalles imperdibles)
Resulta ilustrativo referir la cadena de nacionalizaciones que ha venido efectuando Hugo Chávez en Venezuela, al que viene imitando su homólogo boliviano. En tierras se citan invasiones promovidas desde el gobierno (La Marqueseña), confiscación y cierre del canal RCTV, apropiación del principal fabricante de acero SIDOR. La apropiación de CANTV y empresas anexas para controlar la telefonía fija y la móvil, de La Electricidad de Caracas, que se encontraba en manos privadas, de proyectos de petróleo y gas. El Banco de Venezuela, la principal fabricante de cemento CEMEX que provee el 60% de la producción nacional. De sociedades mineras de hierro y cobre, de productora de alimentos de empresas de recreación, de salud y educación
En Venezuela se respeta el estado de derecho y la propiedad privada, ya que si esto no se cumpliera sería imposible intentar un proceso de expropiación de tierras en la nación, afirmó la procuradora general de la República, Marisol Plaza Irigoyen. O sea que el sofisma se utiliza allí a la perfección. Es la falsedad y el engaño que sirven para la argumentación y enmascarar así el derecho a la propiedad privada.
Tanto en Bolivia como en Venezuela donde la recuperación de la propiedad usurpada por acción ilegal no tiene el respaldo de la autoridad, aunque sí de la Ley la inversión estará paralizada y cundirá por doquier la percepción de no contar con las garantías para los bienes legítimos. Hoy como en algún momento de 1971 cuando parecía inminente la reforma urbana que confiscaría las casas de quié tuviera más de una para darla en propiedad a los deshabitados, asiste al ciudadano el derecho de duda e inseguridad por las argucias que se exponen para justificar el atropello.
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