sin plena vigencia del derecho a la propiedad, no podrá esperar Bolivia inversión alguna. la sospecha de ser despojado de su taller, o de su casa...

Himalaya y la seguridad jurídica

Está en duda si el Estado puede o quiere hacer cumplir las leyes en el territorio nacional. El Gobierno necesita dar señales claras de que la CPE que se aprobó el 25 de enero, mediante un referéndum, está en vigencia y que es la Carta Magna la que norma las actividades en el país.
En pocas semanas de vigencia, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha sido vulnerada y se han presentado demasiados casos de violación de sus principios, ante la inacción del propio Gobierno y sus instituciones.
En este panorama, queda en duda la voluntad y decisión del Estado de garantizar la propiedad privada, pues no ha querido posibilitar la devolución de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, tomada por los pobladores de Huatajata. En ese caso queda en duda la vigencia del artículo 56 de la CPE, que reconoce ese derecho. Ahora, con uno más viejo, la ocupación de la mina Himalaya, queda claro que nadie hace respetar la propiedad privada.
Hace pocos días se produjo el intento de la Policía de retomar el control de la mina Himalaya, que es ocupada desde el 2007 por comunarios de la zona, que además la explotan ilegalmente, desconociendo la concesión minera otorgada por el Estado a una empresa privada.
Allí se ha violado el derecho del Estado a otorgar estas concesiones, pero además se han producido ataques impunes contra la Policía, pues los comunarios emboscaron a los oficiales y les arrebataron sus armas. En este caso, es el artículo 251 de la Constitución el que ha sido violado por los comunarios.
La oposición dice que el propio presidente Evo Morales ha violado la CPE al designar a su nuevo gabinete sin respetar lo que disponen las leyes aún vigentes en el país.
Estos hechos se han producido cuando el Gobierno nacional está empeñado en atraer inversiones al país para que ayuden a desarrollar potencialidades económicas, cuando la inversión interna está afectada por la incertidumbre.
Se hace difícil la tarea de invitar a empresas a operar en Bolivia cuando está en duda la propiedad privada, y cuando el Estado debe estar negociando, como en este caso, con los avasalladores la devolución de los equipos policiales.
Los organismos internacionales que califican la capacidad de los países de atraer inversiones ponen mucho énfasis en la seguridad jurídica. Los inversionistas vendrán cuando estén seguros de que las operaciones en las que estén interesados sean realmente garantizadas por el sistema jurídico nacional.
La nueva CPE dice que los yacimientos mineros o concesiones son objeto de contratos específicos, que otorgarían a las empresas todas las garantías necesarias. Lo que ahora está en duda es si el Estado puede o quiere hacer cumplir las leyes en el territorio nacional. Con el caso de Himalaya queda claro que el Gobierno teme actuar frente a los campesinos.
El año pasado fueron cerca de 240 las minas ocupadas por diferentes ayllus en el territorio del occidente. Se trata de poblaciones originarias que se adelantaron a la vigencia de la CPE, que les reconoce ciertos derechos sobre los recursos naturales.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), a través de su secretario ejecutivo, hizo saber su protesta por el hecho de que los originarios se hayan convertido en privilegiados respecto de los demás ciudadanos bolivianos.
El Gobierno necesita dar señales de que la CPE que se aprobó el 25 de enero, mediante un referéndum, está en vigencia y que es la Carta Magna la que norma todas las actividades en el país. (Editorial de La Razón en defensa de la propiedad y el cumplimiento de la Ley)