Casa de YPFB: los fiscales intervinieron el lunes a las 18.00 el inmueble que ocupaba la familia Ramírez (La Prensa) La pareja dispone de por lo menos cuatro casas en La Paz)
Santos Ramírez no tiene fuero, pero su esposa sí
La Razón
Cuando asumió el cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, perdió su mandato e inmunidad legislativa, mientras que su esposa, la diputada suplente del MAS Jiovanna Cristina Navia Doria Medina, mantiene estas prerrogativas.
En consecuencia, el senador de Podemos Wálter Guiteras aseguró que Ramírez, si lo establece la Justicia, puede ser juzgado “como cualquier ciudadano” en el caso de corrupción destapado por el volteo de 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor, quien luego fue asesinado.
Parte del artículo 54 de la Constitución señala que los senadores y diputados “tampoco podrán, durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados, apoderados ni asesores o gestores de entidades autárquicas (como YPFB)…”. Guiteras explicó que la Justicia, si lo define, puede arraigar a Ramírez “sin ningún inconveniente, porque perdió su inmunidad”.
El caso es distinto con su esposa, la diputada suplente Navia Doria Medina, quien mantiene su cargo. El diputado del MAS Jorge Silva dijo que la parlamentaria mantiene sus privilegios, pues no renunció a ellos.
Sin embargo, consideró que, por ética y salud de la investigación en este caso, debiera, “al menos, pedir licencia, para despojarse de su inmunidad”.
El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez de la presidencia de la estatal petrolera luego de que el asesinato de O’Connor develará supuestos hechos de corrupción en los que estaría involucrado el otrora hombre fuerte del MAS.
Ramírez y su esposa declararán por delito de corrupción pública
La casa de la familia Ramírez fue allanada, se secuestraron documentos y una laptop
La Fiscalía allanó el departamento donde habitaba el primo de la esposa de Santos Ramírez
LA PRENSA
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez y su esposa, Jiovana Navia Doria Medina, fueron incluidos en las investigaciones por el presunto delito de corrupción pública y citados a declarar por esa oficina de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Las citaciones fueron entregadas el lunes 2 de febrero en su domicilio de la zona Sur.
El ex titular de la estatal petrolera debía declarar ayer a las 14.00, pero la audiencia fue postergada para el lunes 9 de febrero porque los fiscales que están al cargo del caso fueron citados a la comisión del Senado que también indaga este caso.
De manera sorpresiva, Ramírez se presentó ayer a mediodía en la oficina del fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, empero, esa autoridad no le tomó sus declaraciones.
Visiblemente apesadumbrado, el ex presidente de la empresa petrolera dijo a la red televisiva PAT que luego de recibir la citación, el lunes, se presentó “de manera voluntaria” ante el Ministerio Público. “Creo que es nuestra obligación, como ex funcionario público, esclarecer (qué pasó), y que podamos tener la posibilidad de que, a la larga, no tengamos dificultades”.
Estaba acompañado de al menos siete personas. Según ese medio televisivo, no tardó más de siete minutos. No quiso referirse a por qué los hermanos de su esposa trabajan en YPFB.
La cónyuge de Ramírez, diputada suplente del MAS con quien contrajo nupcias el 7 de enero, también es investigada porque la casa donde O’Connor debía entregar el dinero era de su primo Gonzalo Aramayo Doria Medina, quien en el momento del asalto se encontraba en compañía de su hermano Javier Navia Doria Medina.
Los investigadores de la Comisión explicaron que, de no presentarse a declarar, serán convocados por segunda vez; si vuelven a incumplir, los fiscales emitirán la orden de apremio.
Fuentes de la Fiscalía también revelaron que solicitarán un informe a la Superintendencia de Bancos sobre el movimiento de cuentas de los O’Connor y de las familias Ramírez y Navia Doria Medina, entre otros.
Ramírez fue destituido el sábado 31 de enero luego de que se desatara un escándalo en la estatal petrolera por las muerte del empresario Jorge O’Connor, quien tenía en su poder 450.000 dólares del Estado que habían sido retirados del Banco Unión y que presuntamente debían ser entregados a los parientes de la esposa del ex titular de Yacimientos.
El dinero era presumiblemente una “comisión” para el ex titular de Yacimientos, quien pudo haber beneficiado a la sociedad accidental Catler-Uniservice para que se le adjudicara la construcción de la planta separadora de líquidos que debe ser edificada en el campo Río Grande (provincia Cordillera Santa Cruz) sin que tenga experiencia en el ramo.
No es la primera vez que Ramírez está involucrado con hechos de corrupción de los que, sin embargo, salió bien parado.
En 2006, cuando era presidente del Senado, un funcionario del Parlamento fue aprehendido por la Policía en posesión de cocaína. Entre sus pertenencias se halló una carta de “recomendación” para realizar gestiones institucionales a nombre del Congreso, la que estaba firmada por el ex legislador.
Ése fue el primer caso de un número no determinado de “avales” firmados en su condición de titular del Senado.
En 2006 estuvo también involucrado con el sonado caso de visas otorgadas ilegalmente a ciudadanos chinos.
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