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martes, 29 de noviembre de 2011

Humberto Vacaflor en 20 líneas dibuja la nueva amenaza masista contra los comunicadores, culpables según Evo de su drástica pérdida de autoridad por lo del TIPNIS, por la derrota electoral, por la pichicata

No se sabe en qué momento ni en qué términos, las “organizaciones sociales” pidieron al presidente Morales incluir el tema de la libertad de expresión en la “cumbre social”.
Lo cierto es que ahora, una reunión de cocaleros, “interculturales” (una especie de transformers sociales aliados de los cocaleros), comerciantes minoristas yotros decidirán cómo debe ser el periodismo en Bolivia.
Esta mini-constituyente masista se propone legislar sobre la libertad de expresión, que es motivo de cuidadoso tratamiento en todo el mundo, porque tiene relación directa con la democracia.
Esta clase de “pedidos” le llegan al presidente de parte de quienes adivinan sus intenciones. Le leen el pensamiento.
La gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente en el comportamiento del periodismo fue la cobertura de la paliza que la policía dio a los marchistas de TIPNIS en Yucumo el 25 de septiembre.
Las escenas de esa brutal represión provocaron la caída de la máscara de líder indígena que tenía el caudillo cocalero que gobierna el país. El impacto internacional fue devastador.
Ahora llega el momento del ajuste de cuentas. Los indígenas del TIPNIS conocerán lo que puede la ira del presidente y la libertad de expresión, aliada de los indígenas, será flagelada.
La actitud del masismo hacia el periodismo tiene varios estilos. Incluye métodos violentos, como la bomba que un oficial del ejército que estaba a cargo de la seguridad del presidente le puso a un canal de Tv en Yacuiba, o la compra compulsiva de diarios usando la presión del sistema tributario, amenazas a medios para aislar a algunos incómodos periodistas, el manejo de la publicidad de Estado como premio a los buenos ycastigo a los malos, sutiles presiones a organizaciones de periodistas para que no hagan cosas que molestan al gobierno y la amenaza constante a los medios audiovisuales de quitarles las licencias de operación.
Rendirse no serviría de nada.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Waldo Torres A. critica los traspiés de Evo en el tema de las RREE con los EEUU, los desaciertos que no terminan y los intentos de Choque de "recomponer un entuerto" que nunca se pudo entender.

Desde el principio el presidente Evo Morales deterioró absurdamente su relación con EEUU. La “ruptura”, no oficializada, de relaciones diplomáticas es "el último paso", la medida debe surgir tras el agotamiento de otras decisiones previas como el llamado de embajadores, notas de protesta y denuncia ante organismos internacionales, pero no ir más allá. Fue un error, una medida extrema y de última instancia en la diplomacia que no se justificó, el Gobierno no demostró las reiteradas denuncias de espionaje y conspiración. En política exterior no se puede ceder y menos renunciar a la autoridad moral, la ruptura de relaciones en términos prácticos, implica una pérdida de tiempo por la imposibilidad de fortalecer los vínculos sobre asuntos de interés del Estado, no de una ideología y menos de un partido de gobierno. 

En Washington se reían porque quien congela la relación es el más fuerte, quien perdía era Bolivia. Esta conducta no benefició al gobierno y menos al Estado. Desafiar a la Casa Blanca no beneficia ni en campaña electoral, es un riesgo excesivo e inútil, es la economía más importante del mundo ¿o será que el gobierno quería desequilibrar el poderío de EEUU?. 

La consecuencia es la triplicación de la producción de cocaína y la duplicación de las áreas de producción de coca en el país desde el rompimiento, el congelamiento de las inversiones y el descrédito internacional. Para todos los asuntos de interés del Estado, Estados Unidos es clave, todo depende de aprobación norteamericana. 

Cuando se dieron cuenta de que fue una medida desacertada, el Gobierno considera prioritario recomponer las relaciones con “soberanía”, aunque contradictoriamente les importe perder hasta la dignidad con Venezuela. Por esto, más que una conversión lo que primó fue la lógica política de la necesidad, porque a quien más le interesa una mayor sintonía es al gobierno, así podrán mitigar el efecto público de las confesiones del Gral. Sanabria y la urgencia de acomodar su propia ineficacia económica al haber perdido el Atpdea. 

Habiendo perdido el tiempo, necesitan oxígeno internacional para sortear la última etapa de este Gobierno que no sabe a dónde va y que ignora hacia dónde se dirige el mundo. Pero más allá de avanzar en la lucha contra el lavado de dinero, la agenda bilateral no cambiará. 

En el país se refleja alivio y la ilusión de haber empezado un camino de reacercamiento al mundo. Son horas de pragmatismo, esa razón que justifica que los imperios no son tan malos ¿habrá sintonía en el futuro?

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Saúl Avila se refiere en Los Tiempos a la necesidad de una Ley de Protección al Periodista como la de Chihuahua que no conocíamos.

Mientras el Estado mejicano de Chihuahua acaba de dictar una ley de protección a los periodistas, que los exonera de ser citados como testigos en un proceso judicial, con el fin de que revelen sus fuentes y estableciendo que “el periodista tiene el derecho jurídico y el deber ético de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición —expresa o tácita— de reserva”, en Bolivia se emiten normativas que restringen la libertad de expresión de los comunicadores, y se los llama a ser testigos de hechos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno.
Luego del suceso histórico como fue la marcha por el Tipnis, y la atroz represión policial a los caminantes indígenas, el Ministerio Público ha convocado a periodistas a declarar como testigos presenciales por los nefastos acontecimientos del pasado 25 de septiembre.
La ley aprobada por el Congreso del Estado Chihuahua, protege el secreto profesional de los periodistas y evita que sean intimidados por autoridades para que divulguen sus fuentes de información; establece que el secreto periodístico no sólo protege las fuentes, reconoce el derecho del comunicador a no revelarlas, tampoco toda la información ni la forma en que fue conseguida. Prohíbe a las autoridades revisar computadoras, grabaciones, y cualquier herramienta utilizada por la prensa para conseguir la información. La citada Ley, incluye la “Cláusula de Conciencia”, por la cual el periodista se puede negar a firmar un texto que haya sido modificado sin su consentimiento. Los mecanismos legales para la defensa de los periodistas fueron tratados en siete foros públicos dentro de un ambiente de institucionalidad, con diversos sectores de la ciudadanía mejicana.
¿Por qué esta contradicción de políticas estatales en las dos naciones? La respuesta es que la vigencia de la democracia, la independencia de poderes del Estado, y la institucionalidad en Méjico, permiten adoptar medidas que garanticen la libre expresión y las libertades ciudadanas; lo que no sucede en Bolivia, donde el proceso es al contrario: restringir al ciudadano su derecho de pensamiento y conculcar la libre expresión.
Todas las publicaciones, escritas y audiovisuales, realizadas en la cobarde arremetida policial a los indígenas, son por sí mismas testigos de la masacre. Ninguna autoridad tendría el derecho de revisar cualquier herramienta de trabajo del comunicador.
El periodista (reportero, fotógrafo, camarógrafo) cumplió su función de dar cobertura a un hecho. Su papel fue neutral hasta donde la subjetividad y conciencia laboral le permiten. El derecho a la información es, sobre todo, del ciudadano; el periodista es el medio para lograr la información y difundirla, su labor es profesional, honesta, sacrificada; él, sólo refleja la verdad en toda su esencia, no inventa nada de lo sucedido; no es ni puede ser testigo de nada. Imaginemos por un momento, la angustia del periodista de presenciar objetivamente actos de barbarie como los ocurridos contra los originarios del Tipnis. Pero es su trabajo, él es un albañil de la información, su única obligación es transmitir la verdad de los hechos.
Los postulados primigenios de la democracia han sido desdeñados, la falacia ha suplantado a la verdad. La referencia más inmediata que de forma natural hace frente al desgobierno y su desatinada gestión, es la prensa. Mientras permanezca, seguirá denunciando el desvarío gubernamental. 

El autor es comunicador social

miércoles, 9 de noviembre de 2011

porqué tendría El Deber que responder con esos detalles a la Fiscalía? Son acaso los periodistas autores del crimen de lesa humanidad cometido en San Lorenzo?

La Fiscalía General del Estado, hizo llegar en el transcurso de la tarde de ayer, mediante una comunicación escrita al periódico El Deber, la solicitud de acceder a los nombres de periodistas y funcionarios presentes en la cobertura de la marcha indígena del Tipnis. Particularmente durante el momento en que ocurriera la represión policial en San Borja, que se encuentra bajo investigación.
Así lo confirmó, el jefe de prensa de esta casa editorial, Tuffi Aré, quién señaló que la referida comunicación pedía complementar la información con documentos fotográficos. Son 72 horas de plazos, a partir del recibimiento del documento con los que cuenta el medio de comunicación para dar una respuesta. “Desconocemos el objetivo de este inédito pedido. Se está analizando jurídicamente el contenido para brindar una respuesta”, dijo.