Páginas vistas en total

domingo, 30 de septiembre de 2012

"la persecuta" le llama el pueblo al delirio in tremens que aqueja a los borrachitos...algo así siento el Gobierno contra los periodistas, los considera "acosadores y torturadores" ANF sobre el ataque al Grupo Fides


El actual Gobierno ha manifestado una constante animadversión a la prensa independiente. Hace un par de días, las muy respetables señoras ministras del gabinete ministerial fueron llamadas a formar un frente con el propósito de hacer decir a la Constitución, que, en ausencia del Sr. Presidente y de su vice, asumía interinamente el poder la presidenta de la Cámara de Senadores, mientras Evo Morales viajaba a Cuba y a Naciones Unidas, y el Vice García Linera se iba de viaje de bodas al exótico Vietnam. Lo cierto es que la Constitución deja un vacío en este caso. Pero el Presidente lo resolvió a su manera: entregó el bastón de mando a la presidenta del senado,la Dra. Doña Gabriela y punto final. Por su lado, el grupo Fides comentó el hecho por medio de una simple lectura de la carta magna. Esta versión fue entendida por las señoras ministras como un acto de sedición. ¡Dios mío, qué hipersensibles…!
La pataleta de las ministras me recuerda a las antiguas sufragistas británicas y norteamericanas del siglo XIX y principios del XX, cuando las mujeres luchaban por votar en las elecciones, como los hombres. En el inútil conflicto con el grupo Fides salió a relucir el espíritu de cuerpo o, si se quiere, el espíritu de género a favor de la presidenta del Senado, Sra. Montaño. Pero, Doña Gabriela habrá tenido la satisfacción de haber ocupado el palacio quemado y de haber reposado su humanidad en el sillón presidencial, aunque sólo interinamente durante cuatro días. La presidenta interina no tuvo otros problemas que el de su legitimidad, cuestionada por algunos constitucionalistas. En cambio, entregó diez tractores de fabricación iraní, seguramente los primeros de esa procedencia. ¿No será a cambio del tan mentado uranio? Por lo menos es una pista que confirma los confusos planes gubernamentales de expandir el comercio con Irán, a pesar de las sanciones que le han impuesto, tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como la Unión Europea.Ambas intentan frenar el progreso en la fabricación de armas nucleares por parte de Teherán, y no sólo instrumentos para uso pacífico como afirma el gobierno de aquel país islámico.
Pero volvamos a la pataleta de las señoras ministras. Todas a una contra la prensa. Antonio Vargas, presidente de la Asociaciónde Periodistas de La Pazcomentó que los ataques contra el director del grupo Fides no tienen ni pies ni cabeza. Son intentos de amedrentamiento a la prensa independiente.
Como si el Gobierno no tuviera problemas mucho más complejos, tales como el desorden que reina en las minas, el diferendo marítimo con Chile, tema que Don Evo dejó de tratar seriamente en su larga exposición ante la asamblea general de Naciones Unidas. Pues, ni por estos méritos ni por otros, le van a otorgar el premio Nóbel al Sr. Presidente Evo Morales, por mucho que lo proponga la heroína guatemalteca, Rigoberta Menchu.

martes, 11 de septiembre de 2012

elogio a la doña titula Juan Leon Cornejo cuando se refiere a Cecilia Chacón y en verdad lo de Valiente y de Valores le queda de cajón. por su conducta. por su gesto. por su pensamiento.


Valiente y de valores,  doña Cecilia! Seguro que nunca la premiarán con una embajada. Dirán, más bien, que es pasa pasa. Que se subió al tranvía a último momento, dirán, por puro interés nomás. Para ser la primera ministra de Defensa de nuestra historia, para que miles de hombres se le cuadren, dirán. Seguro dirán qué zonza, ya nadie la saludará ni tendrá auto con chofer ni edecán que le abra la puerta y le dé el parte diario. Ahora no hay que saludarla. No la conozco, de dónde habrá salido, quién sería, hay que decir, por si acaso.
Pero honesta y de principios, había sido la Doña! Guapa para defender lo que cree, aunque no le convenga o no esté de moda. Aunque eso en estos tiempos parece difícil de entender, ¿nové?  Debe ser más bien porque a veces no conviene entender todo eso de ser consecuente, honesto y valiente, porque parece que es peligroso, en estos tiempos de cambio. A ver, digan nomás, ¿quién se atreve a decirle al Jefazo que está equivocado, cuando está equivocado? Te pueden dar de baja y dejarte sin pega. Y no vas a poder decir que eres “revolucionario de primera línea”, que te envidian porque luchas por los derechos humanos,  por  el medio ambiente, por los indígenas y por todo eso que suena bonito en los discursos ¿nové?.  Mejor nomás decirle siempre que tiene razón, que es muy macho, sabio, inteligente e infalible. Que los indígenas se pegaron solos, que los otros son mentirosos, que quieren hacerlo quedar mal, que les vamos a sentar “un precedente”, que les vamos a meter un juicio para que no sean metiches  y todo eso...
La cuestión es que ¡bien macho hay que ser, para hacer como la Doña!. Seguro que duerme tranquila, con su conciencia. Y en la mañanita se mira en el espejo sin ponerse colorada. Y les mira de frente y a los ojos a las gentes en la calle, aunque ahora nunca más le digan Ministra. Admirable, ella, que sabe que principios y valores no necesitan de auto oficial ni chofer. Grave debe ser, en cambio, eso de hacerse al desmemoriado, con cara de “yo no fui”, aunque uno haya dicho y hecho lo mismo que hoy critica y ataca porque ahora le conviene. Malo debe ser nomás, aunque le digan embajador y se haga el olvidadizo.  Porque seguramente tiene también que verse en el espejo todos los días, ¿nové?, aunque sea solito en el baño.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Colquiri. la manzana de la discordia. los mineros la quieren para juquear (robarse cada día algunos kilos del metal) los cooperativistas para repartirse el fruto de la venta (los capataces recibén el 55% el resto a los peones) todas quieren la rica veta en boya

Luego de haber intentado por todos los medios resolver el problema y de haber advertido con encapsular la mina (solución salomónica que en Bolivia significa “ni pa’ mí ni pa’ vos”), el Gobierno parece decidido a levantar las manos y dejar que los cooperativistas y mineros asalariados resuelvan solos el conflicto por la mina Colquiri que lleva ya varias semanas. En otras palabras, eso significa dejar que las cosas se resuelvan a dinamitazos, como sucedió en octubre de 2006 en Huanuni, con un saldo de 16 muertos y más de 100 heridos. Obviamente, el Gobierno lo que busca es que ambos sectores se sienten a dialogar, pero eso es prácticamente imposible porque las posturas son irreconciliables. Si de fuerza se trata, los cooperativistas llevan las de ganar porque son mayoría, lo que además de “peso militar”  también implica el apoyo gubernamental, tomando en cuenta que prácticamente ya estamos viviendo una etapa pre-electoral. De imponerse el poder bélico de los principales aliados del oficialismo, también se producirá una victoria casi definitiva de la ilegalidad en el país y a partir de ahora será prácticamente imposible frenar las tomas de minas e imponer le ley en este importante sector económico. En ese contexto, el ganador será el delito y el gran perdedor, el Estado.

jueves, 6 de septiembre de 2012

OPINION el diario cooperativo de Cochabamba se ocupa de la libertad de expresión como un derecho humano fundamental para el respeto y promoción del ser humano.

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las Constituciones de los sistemas democráticos. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa. En sentido amplio, consiste en el derecho a manifestar libre y públicamente por cualquier medio una opinión, un pensamiento o proponer una acción, así como a ser protegido especialmente en el ejercicio de ese derecho frente a quienes de cualquier modo o manera puedan impedirlo, estableciéndose para tal fin procedimientos judiciales sumarios. 

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando los otros. La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. La persecución penal tiene efectos disuasivos, por intimidantes, para el ejercicio del periodismo, con el consecuente quebranto del derecho del periodista a informar y de los destinatarios de la información a tomar conocimiento de cuestiones que les interesan e incluso les afectan. Acerca de este último extremo, se debe agregar que al prever la tipificación penal de una conducta vinculada a la difusión de hechos o ideas es preciso considerar el interés público que reviste la materia sujeta a difusión. 

Ciertas figuras penales plantean problemas relevantes a propósito de la libertad de expresión, que implica la posibilidad de analizar y cuestionar la conducta de las autoridades en el desempeño de sus atribuciones. La tipificación penal de algunas conductas puede acarrear restricciones indebidas, por excesivas, para esa libertad. Traen consigo la obstrucción de las posibilidades de análisis y crítica sobre el desempeño de los funcionarios públicos, responsables de los órganos del Estado, en detrimento del debate propio de la democracia. Esta libertad quedaría vacía de contenido si no se garantizase su ejercicio, entendido éste no como un derecho del ciudadano a que la ley le provea de los medios materiales para que pueda difundir lo que expresa.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

se pasan la pelota. del fiscal al Juez...el Juez dirá si corresponde Tribunal de Imprensa o juzga él mismo a los medios por la via criminal. Sigue pendiente la guillotina


El fiscal general del Estado, Mario Uribe aseguró en Sucre que debe ser el juez competente quien decida si el proceso que el Gobierno inició en contra de la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete va por la vía ordinaria o es que se somete a la Ley de Imprenta.

Uribe considera que "el fiscal asumió la posición de continuar con la investigación" en contra de los tres medios, entonces quien debe determinar lo que suceda en el futuro es la autoridad jurisdiccional que controla los derechos y garantías de ambas partes "por lo que las personas sindicadas deben acudir al juez reclamando lo que en derecho consideran conveniente, explicó.
Añadir leyenda

La Fiscalía General del Estado no recibió hasta la fecha ningún pedido de las organizaciones de periodistaspara que decline competencia, de suceder esto Uribe adelantó que responderá en base a lo señalado por Ley.

"Si recibo la carta lo que corresponde es instruir al fiscal de que obre de acuerdo a procedimiento, en todo caso tenemos esa autoridad que es el juez el que tiene que determinar lo que tiene que acontencer", explicó.

La Agencia de Noticias Fides anunció que no reconocerán competencias de la justicia ordinaria porque consideran que cualquier proceso en su contra debe ser ventilado bajo la vigente Ley de Imprenta.

lunes, 3 de septiembre de 2012

desalentadora notic que nos ofrece Guido Nayar al referir la compra de medios por los masistas que utilizando medios del Tesoro de la Nación, o de los petrodólares de Chávez a nombra de cubano y venezolanos se van haciendo de los medios para liquidar la libertad de prensa. Evo quisiera que todos los medios estén a sus órdenes. autoritarismo.

Para la mayoría de bolivianos que creen y han luchado por el restablecimiento y la vigencia de la democracia en nuestro país, las noticias no son buenas. La red de televisión con mayor crecimiento en el país, está a un paso de formar parte de las filas oficialistas. De esta forma, se suma a los centenares de medios adquiridos a través de la compra directa con recursos públicos, o con los préstamos venezolanos, en otros casos, comprados por personas particulares con nacionalidad cubana o venezolana. Han adquiridos redes y medios, que hoy son parte del mayor despilfarro económico y el inmenso aparato de represión y destrucción mediática, que tiene en vigencia el MAS.

 Al mismo tiempo que se desató la cacería de la empresa AEROSUR, lo que permitió justificar la compra multimillonaria de aviones para la deficitaria empresa estatal de aviación BOA, también el gobierno desplegaba su siniestra acción para hacerse de la cadena de televisión PAT, que no tenía el control deseado. 
La presión ha ido aumentando, siempre usando la sentenciada a muerte: AEROSUR. Para nadie es desconocido que el empresario que le compró PAT a Carlos Mesa es propietario de la mayoría de aviones que eran alquilados para la empresa AEROSUR. Ese es el talón de Aquiles que ha fabricado el gobierno para lograr su inconfesable fin, tomar PAT de la forma que solo sabe hacerlo, ilegal y abusivamente. 
La criminal detención del ex gerente Carlos Meyer, hombre con problemas de salud que fue trasladado a ciudad de La Paz con el único fin de seguir apretando el cuerpo inerte de una empresa aérea, que era la número uno del país durante los últimos años. De la noche a la mañana fue defenestrada, los trabajadores estafados, los empresarios e inversionistas perseguidos. Llegando a constatarse que nunca se buscó salvarla, peor tomar medidas para ayudarla. Por el contrario, día que pasa se va artificialmente construyendo un concurso de delito, sumando nuevas acusaciones. AEROSUR ha fallecido y la causa de muerte es: estrangulamiento estatal. Hoy toca cumplir la fase final de la estrategia, ir por el directorio, donde se encuentra el dueño de PAT y uno de sus hijos, el ingrediente indispensable para arrancar el SÍ buscado en la venta de PAT. En las próximas semanas, ¿se concretará la "venta"? Claro, a un empresario de confianza de los mandamases. No se sorprendan, lo vienen haciendo desde hace varios años. Cuando ATB era la número uno, fue recuperada de los españoles, siempre para seguir la línea del gobierno, el mismo camino siguió el periódico La Razón y centenares de radios comunitarias, que son totalmente instrumentalizadas por los asesores del gobierno que son los reales autores de todo lo que sucede en los medios oficialistas. 
Son cubanos y venezolanos que replican lo que imponen sus gobiernos en sus respectivos países. Lo llaman "a la boliviana" para darle un toque diferente, pero es una copia que carece de creatividad y se basa en el atropello y la denigración del adversario o de aquel que se opone a los fines del gobierno. Siempre lo van negar, pero van a seguir avanzando en los fines que no piensan abandonar, por nada. El ejemplo más patético es la compra de la empresa Gravetal, titulada por el periódico Los Tiempos: Gravetal, ¿una avivada venezolana en Santa Cruz? 
Además de la misteriosa compra de la capitalizada empresa Ferroviaria Oriental. Completaron el mayor negociado sin que nadie investigue y de nuevo, las negaciones del gobierno. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto ganan hoy con el mayor monopolio ferroviario? La democracia es un tesoro que ha venido siendo sustraído en nuestro país, con el discurso del cambio y el proyecto socialista. Hoy la libertad de expresión, otro pilar de la democracia, está siendo confiscado con la judicialización y la venta forzada de medios.
 ¿Cómo puede existir libertad de prensa solo con medios oficialistas? ¿Cómo va a existir el disenso? ¿Cómo va a existir la libertad de pensar en voz alta? Vas tener tu televisor, tu radio y comprar el periódico, solo para lo que quiere el MAS. Pues yo levanto mi voz para denunciar este atentado contra la democracia boliviana y digo: Evo ama los medios, pero más ama usarlos para los fines del proceso de cambio, que solo busca su re-reelección y nada más. La libertad de prensa no está en venta, ni en compra nuestra democracia..
Fuente: eju.tv - PAT, a un paso de formar parte de las filas masistas
http://eju.tv/?p=230426

domingo, 2 de septiembre de 2012

la cadena de apoyo a Página 7, El Diario, Agencia Fides no se detiene hoy Carlos Mesa considera inaceptable el proceder de EM que recorta las libertades de una sociedad democrática


Como ciudadano, como periodista con más de 30 años en el ejercicio de la profesión y como exmandatario, no puedo menos que considerar inaceptable este paso que da el Gobierno, que vulnera el ejercicio de las libertades ciudadanas consagradas por la Constitución
El 24 de octubre de 2004, en una entrevista que me hizo Eduardo Pérez, respondí: “…creo que las elites cruceñas siguen entrampadas en una visión provinciana de las cosas, lo que no quiere decir que no entienda y no admire profundamente el que Santa Cruz esté donde está, porque no estaríamos hablando de Santa Cruz si… no hubiese generado en los últimos 40 años esta nueva dinámica constructiva y creativa”. Al día siguiente de mi respuesta, la mayoría de los medios cruceños, especialmente la Red Unitel secundada por Megavisión, Red Uno y los periódicos El Mundo y El Nuevo Día, titularon más o menos así: “El Presidente Mesa acusa a los cruceños de provincianos”. Unitel hizo una encuesta callejera con esta pregunta: “El Presidente acusa a los cruceños de provincianos ¿Qué opinión le merece esa afirmación?” Encendieron así la mecha que prendió rápidamente como una estrategia de demolición de nuestra imagen. Esa campaña explica en buena medida el clima hostil que afrontamos en Santa Cruz hasta junio de 2005.
Esa tergiversación de lo que había dicho, no provocó una sola reacción de nuestra parte. Como Presidente no hice comentario alguno, ni lo hizo el Ministro de la Presidencia, ni el portavoz, salvo cuando se nos preguntó específicamente sobre el particular. No se nos pasó por la cabeza hacer un juicio a los medios y periodistas que habían actuado de manera tan mal intencionada, plenamente conscientes de que mi respuesta había sido no sólo descontextualizada sino cambiada, ya que una referencia a las elites se hizo ver como una descalificación a todos los cruceños. ¿Cuál fue nuestro razonamiento? El de preservar por encima de todo la libertad de expresión como bien inestimable en una sociedad democrática. En la relación costo-beneficio, el costo pagado por el Presidente no se comparaba con el beneficio de mantener todas las libertades ciudadanas vigentes como un principio sagrado de cualquier gobernante constitucional.
En una situación más difícil de interpretar que la narrada, el presidente Morales opta por un camino diametralmente opuesto. Su afirmación fue: “…En el Oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no tener alimentos, mientras en el altiplano es diferente. Si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimentos, es una verdad eso, pero en el Oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. Una confusa forma verbal, usada como parte de la construcción de una frase, dio lugar a una lectura determinada de lo dicho. Si el Presidente hubiese afirmado. “… en el Oriente sólo pasaríamos hambre si somos (si fuéramos) flojos”, no se podría hacer extrapolación alguna. Pero no nos engañemos, éste no es un debate gramatical, es un debate político.
Recordemos para empezar que el Presidente y su Gobierno han acusado no una sino varias veces, a los medios de comunicación de ser sus principales opositores, de responder a los intereses de sectores conservadores y de tergiversar la información. Hay incluso el antecedente de un juicio de imprenta iniciado por el Primer Mandatario contra un medio.
La decisión de enjuiciar a Agencia de Noticias Fides, Página Siete y El Diario apelando a la Ley en contra de la Discriminación y el Racismo (la tipificación del delito en ese marco va a ser toda una pieza), responde a una lógica de amenazar para amedrentar. Sentar un precedente que obligue a medios y periodistas al peor de los caminos, la autocensura por temor a las acciones desmesuradas del poder en su contra.
Aún asumiendo que se le haya dado una interpretación mal intencionada a la frase presidencial, la reacción es una desmesura y sólo sería entendible en un régimen autocrático. No es aceptable en un escenario genuinamente democrático. Bastaba una aclaración de la Ministra de Comunicación para zanjar una cuestión como ésta, sobre todo en un Gobierno que, a diferencia de quienes desarrollamos un mecanismo de institucionalización de los medios estatales, posee medios propios –es decir, del Gobierno más que del Estado- en prensa, radio y televisión, y cuenta además con varios medios muy influyentes francamente oficialistas.
Algo más. ¿Olvidan los funcionarios del Ejecutivo la cantidad de veces, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, que han usado adjetivos descalificadores, acusaciones sin respaldo, términos que pueden perfectamente entenderse como injuriosos contra sus opositores que, siguiendo su forma de reaccionar, ameritaban juicios en su contra? Recordaré simplemente un caso. El 22 de marzo de 2010, el presidente Morales al referirse a tres expresidentes y un exvicepresidente nos calificó así: “Yo puedo entender que son delincuentes confesos y que se organizan en un sindicato para defenderse._A esa conclusión llegó”.
Como ciudadano, como periodista con más de 30 años en el ejercicio de la profesión y como exmandatario, no puedo menos que considerar inaceptable este paso que da el Gobierno, que vulnera el ejercicio de las libertades ciudadanas consagradas por la Constitución.

sábado, 1 de septiembre de 2012

Gunnar Zapata sin ahondar en el tema deja en manos del Tribunal de Imprenta el juzgamiento del caso de ANF de ninguna manera uno ordinario que sea susceptible de influencia oficial

No voy a dar la razón a la Agencia de Noticias Fides, a los editores de los periódicos Página Siete y El Diario. No señalaré si cometieron una tergiversación de lo expuesto por el presidente Morales, aquel 15 de agosto, o si existió una incitación al racismo y la discriminación en las notas informativas implicadas en este caso. No lo haré porque no me corresponde. Existe un tribunal encargado de ello, y “guste a quien guste”, es el Tribunal de Imprenta.

Sin embargo, la denuncia realizada por el Poder Ejecutivo contra estos medios, no va señalada en el marco de la Ley de Imprenta, sino apela al ámbito de la Ley 45 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Esta ley, en su artículo 16º establece “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.

Y ¿qué señala la tal reglamentación? El Decreto Supremo Nº 762, en su artículo 16º identifica como faltas de los medios de comunicación: a) Las expresiones deliberadas y sistemáticas, que tengan el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios. b) La difusión sistemática de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios que inciten al odio, desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupos de personas. c) La defensa o elogio de los actos de racismo o discriminación.

Las notas informativas difundidas por los medios acusados ¿establecen un llamado al racismo, a la discriminación? ¿Incitan al odio, al desprecio y la violencia? La respuesta dependerá de su interpretación, amigo lector. 

En toda circunstancia debe primar el bienestar mayor sobre el bien menor. La aplicación del Código Penal en las labores de prensa puede desembocar a la larga, en un silenciamiento de los medios de comunicación y eso, representa un atentado contra el derecho a la información de la ciudadanía boliviana.

No se puede tapar el sol con un dedo, existe una ligereza de lenguaje en las notas informativas difundidas por diversos medios, sin embargo, a juicio personal, no es competencia de la justicia ordinaria sancionar ello. Desde 1925, la Ley de Imprenta está vigente y señala el tratamiento de los posibles delitos de imprenta. 

Me parece, que es momento de poner mano dura al trabajo de los medios de comunicación, pero la mano dura, por el bienestar de la sociedad, no puede ponerla el Gobierno sino los mismos medios y las instancias de autorregulación, que deben ser establecidas para tal efecto.