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sábado, 22 de octubre de 2011

reclamo por una Ley que regule la comunicación desde el punto de vista profesional y que garantize el ejercicio profesional. Miguel García Angelo


En la actualidad, lamentablemente, Bolivia no cuenta con una Ley que regule el ejercicio profesional de la comunicación social, desde el punto vista de los profesionales que estudian y se titulan en las más de 100 universidades –entre públicas y privadas-- que funcionan en el país y están garantizadas en la Constitución Política del Estado. Por un lado, el Estado no garantiza el cumplimiento del ejercicio de la comunicación social, así como lo hace por ejemplo con el ejercicio del médico o de los ingenieros a través de leyes vigentes, por otro, las universidades privadas y públicas que forman profesionales de esta ciencia tampoco realizan un control o seguimiento con sus propios exalumnos, y finalmente, los colegios de profesionales del país aún tienen pendiente la exigencia de este cumplimiento; finalmente, la sociedad no se manifiesta para escuchar (radio), observar (televisión) y leer (periódico) una comunicación profesional, científica, imparcial, objetiva, transparente y una búsqueda permanente de la verdad.
La administración de la comunicación y la información –como un proceso diría por ejemplo Erick Torrico--, sea en los ámbitos mediáticos como en los espacios laborales tanto públicos como privados, siempre será un proceso social de producción, circulación mediada, intercambio, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados, por lo que quienes ejercen esta comunicación como un derecho, son también responsables del mismo desde las responsabilidades de la misma. Por eso, se hace imperante la existencia de una ley nacional y/o departamental que garantice la cientificidad y el perfeccionamiento profesional de la comunicación y la información en el país.
Los elementos centrales que esta ley contendría: el Ministerio de Comunicación, en coordinación con los colegios departamentales debiesen supervisar y controlar el ejercicio profesional de la comunicación social; el Gobierno nacional debiese garantizar y proteger el ejercicio de la profesión de los comunicadores sociales, inscritos y habilitados en los registros departamentales; todo profesional que cumpla los requisitos académicos correspondientes a la comunicación social y la inscripción en sus respectivos colegios departamentales, tendría derecho al ejercicio de la profesión, sea en carácter de profesional libre o dependiente; ningún cargo técnico relacionado con las profesiones a la comunicación social, sería desempeñado por personas que no estén habilitadas por su inscripción; la práctica ilegal de la Comunicación Social y el uso indebido del título, se reputarán como ejercicio indebido de la profesión y los infractores serán sometidos a las disposiciones del Código Penal; el comunicador inscrito en su departamental está obligado a cumplir en el ejercicio de su profesión, con los preceptos del Código de Ética Profesional; todo proyecto o documento firmado por un comunicador social que implique responsabilidad civil, debe llevar la identificación con el Registro del Comunicador; toda sociedad o empresa que ofrezca servicios de comunicación social deberá tener como responsable a un comunicador inscrito y habilitado en su departamental; los comunicadores extranjeros que fueren contratados por cualquier entidad o empresa, sea nacional o extranjera, para prestar su servicio en el país, deberán inscribirse y habilitarse previamente; cuando una entidad fiscal provea un cargo social de las ramas de comunicación interinamente, el mismo deberá también ser ocupado por un comunicador titulado; y finalmente, en todo equipo profesional multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en que participen comunicadores, estos deberán estar necesariamente inscritos y habilitados legalmente.
Como se puede ver, en materia de comunicación social profesional se refiere, el país, y particularmente la sociedad, tiene muchas tareas pendientes para llegar a un manejo científico de esta importante área de la democracia de Bolivia.
 
El autor es presidente del Colegio de Comunicadores Sociales de Bolivia

sábado, 8 de octubre de 2011

meses atrás, digo mal, semanas atrás impensable lo sucedido en Caranavi. masista que intentó bajonear el ingreso de indígenas a la plaza, fue golpeado, moreteado, sangrado, tumbado al piso y vuelto a golpearo


No todo fue alegría y regocijo a la llegada de la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a Caranavi, pues cuando se desarrollaba el acto de recibimiento, en la plaza principal Simón Bolívar, un osado individuo gritó en medio de la multitud "todo esto es una mamada".
La frase provocó un malestar colectivo en medio del acto, pues el individuo, ubicado al costado derecho del escenario improvisado que se acomodó para dar el recibimiento a los indígenas, fue víctima, primero, de abucheos, silbidos e insultos, posteriormente fue agredido físicamente por la multitud de caranaveños que se encontraban cercanos a él, quienes le gritaron "fuera masista".
La frase le costó una serie de moretones y sangrados en su rostro, pues los vecinos de Caranavi lograron agarrarlo y meterlo, ante los empujones y por unos segundos, dentro de una tienda de ropa, posteriormente el tumulto lo sacó a la calle nuevamente y lo tumbaron al piso para continuar con la golpiza.
Luego de tres minutos aproximadamente que duró la arremetida, el individuo, solo frente a la gente, empezó a gemir de dolor y los que lo rodeaban, ante la situación, dejaron de agredirlo e iniciaron su traslado a otro sector lejano a la plaza Simón Bolívar.
"Déjenlo que se vaya", decían algunas vendedoras que presenciaron el acto y que robó por esos minutos la atención de quienes estaban escuchando los discursos que hacían los dirigentes de la marcha que estaban frente al micrófono.
"Yo soy ciudadano normal, no sé por qué me han pegado", expresó el individuo que repudio la marcha indígena, antes de ingresar a un alojamiento que, minutos más tarde, cerró sus puertas para que la gente que llegó al lugar se fuera y deje tranquilo a este hombre quien no quiso identificarse.

lunes, 3 de octubre de 2011

ERBOL ha dado a conocer la siguiente denuncia en contra del Ministerio de Comunicación. se quejan de una rebaja de sus derechos laborales.

“Los fines de semana trabajamos hasta 15 horas sin poder salir ni a comer; para lo peor nos han quitado nuestro derecho a refrigerio y no tenemos vacaciones”, denunciaron a Erbol trabajadores del Ministerio de Comunicación y agregaron muy apesadumbrados que desarrollan sus labores, prácticamente, “en condiciones de semiesclavitud”.

Según los denunciantes, “el derecho al refrigerio (Bs8 por día) era sagrado, incluso en los gobiernos neoliberales, para las personas que trabajamos horario continuo”.

“Sin embargo, desde que se creó el Ministerio de Comunicación, en febrero del presente año, no tenemos derecho a vacaciones; y nos han cortado el refrigerio desde julio”, narró un grupo de trabajadores y añadió que “encima no nos dejan siquiera salir a la calle a comprar algo de comer porque hay un instructivo que lo prohíbe”.

En criterio de los entrevistados, “es imposible trabajar con eficiencia sin comer y descansar”. “Trabajamos hasta 10 horas seguidas; y los fines de semana es peor, trabajamos hasta 15 horas y nos cortan el agua en las oficinas, no tenemos siquiera acceso a ese elemento líquido; es decir trabajamos como esclavos, como semiesclavos y no sabemos a dónde quejarnos”, contaron.

“Por ejemplo, las personas que tenemos problemas personales o compromisos queremos sacar nuestras vacaciones, pero nos han prohibido, ya no tenemos ese derecho, debemos llenar una papeleta para tener permiso por unos días, pero sin goce de haberes, esto no sucedía en ningún gobierno, teníamos derecho al refrigerio y respetaban nuestras vacaciones y otros beneficios”, indicaron.

Medios del gobierno

Según las informaciones obtenidas, el recorte de refrigerios, de vacaciones y la orden de descuentos afectan y afectarán también a los trabajadores de los medios gubernamentales ABI, Radio Patria Nueva y Cambio.

“Nos han dicho que no hay una ley para respaldar nuestro refrigerio y que la Contraloría ha detectado esta irregularidad; entonces viene lo peor, nos van a descontar de nuestros salarios de los meses de septiembre, octubre y noviembre por el consumo de refrigerios”, señaló un periodista de un medio gubernamental, quien pidió reserva de fuente por temor a ser despedido.

“Es que hermano, a nosotros no nos defiende ni la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que tiene tiempo y dinero para sacar comunicados en contra de nuestros propios colegas, pero no tiene tiempo para ocuparse de las condiciones laborales en las que trabajamos en los medios del Estado”, señaló otro periodista.

Descuentos

Según otras dos fuentes, hoy lunes comenzó a circular una planilla de firmas para autorizar el descuento por el refrigerio consumido entre febrero y julio. “Es decir, nos van a descontar de nuestros salarios por el concepto de refrigerios y no sabemos cuánto, hemos calculado alrededor de 500 bolivianos por mes”, manifestaron.

“La planilla que nos quieren obligar a firmar dice: autorizo que se descuente de nuestro haber por los meses de septiembre, octubre y noviembre por el monto que debemos. Pero no dice el monto, puede ser 300, 120 ó mil bolivianos”, describió un trabajador del Ministerio de Comunicación.

“El abuso es terrible, nos tratan como a esclavos sin comida, sin vacaciones y sin agua los fines de semana y encima nos van a descontar”, se quejó una trabajadora.