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sábado, 22 de octubre de 2011

reclamo por una Ley que regule la comunicación desde el punto de vista profesional y que garantize el ejercicio profesional. Miguel García Angelo


En la actualidad, lamentablemente, Bolivia no cuenta con una Ley que regule el ejercicio profesional de la comunicación social, desde el punto vista de los profesionales que estudian y se titulan en las más de 100 universidades –entre públicas y privadas-- que funcionan en el país y están garantizadas en la Constitución Política del Estado. Por un lado, el Estado no garantiza el cumplimiento del ejercicio de la comunicación social, así como lo hace por ejemplo con el ejercicio del médico o de los ingenieros a través de leyes vigentes, por otro, las universidades privadas y públicas que forman profesionales de esta ciencia tampoco realizan un control o seguimiento con sus propios exalumnos, y finalmente, los colegios de profesionales del país aún tienen pendiente la exigencia de este cumplimiento; finalmente, la sociedad no se manifiesta para escuchar (radio), observar (televisión) y leer (periódico) una comunicación profesional, científica, imparcial, objetiva, transparente y una búsqueda permanente de la verdad.
La administración de la comunicación y la información –como un proceso diría por ejemplo Erick Torrico--, sea en los ámbitos mediáticos como en los espacios laborales tanto públicos como privados, siempre será un proceso social de producción, circulación mediada, intercambio, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados, por lo que quienes ejercen esta comunicación como un derecho, son también responsables del mismo desde las responsabilidades de la misma. Por eso, se hace imperante la existencia de una ley nacional y/o departamental que garantice la cientificidad y el perfeccionamiento profesional de la comunicación y la información en el país.
Los elementos centrales que esta ley contendría: el Ministerio de Comunicación, en coordinación con los colegios departamentales debiesen supervisar y controlar el ejercicio profesional de la comunicación social; el Gobierno nacional debiese garantizar y proteger el ejercicio de la profesión de los comunicadores sociales, inscritos y habilitados en los registros departamentales; todo profesional que cumpla los requisitos académicos correspondientes a la comunicación social y la inscripción en sus respectivos colegios departamentales, tendría derecho al ejercicio de la profesión, sea en carácter de profesional libre o dependiente; ningún cargo técnico relacionado con las profesiones a la comunicación social, sería desempeñado por personas que no estén habilitadas por su inscripción; la práctica ilegal de la Comunicación Social y el uso indebido del título, se reputarán como ejercicio indebido de la profesión y los infractores serán sometidos a las disposiciones del Código Penal; el comunicador inscrito en su departamental está obligado a cumplir en el ejercicio de su profesión, con los preceptos del Código de Ética Profesional; todo proyecto o documento firmado por un comunicador social que implique responsabilidad civil, debe llevar la identificación con el Registro del Comunicador; toda sociedad o empresa que ofrezca servicios de comunicación social deberá tener como responsable a un comunicador inscrito y habilitado en su departamental; los comunicadores extranjeros que fueren contratados por cualquier entidad o empresa, sea nacional o extranjera, para prestar su servicio en el país, deberán inscribirse y habilitarse previamente; cuando una entidad fiscal provea un cargo social de las ramas de comunicación interinamente, el mismo deberá también ser ocupado por un comunicador titulado; y finalmente, en todo equipo profesional multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en que participen comunicadores, estos deberán estar necesariamente inscritos y habilitados legalmente.
Como se puede ver, en materia de comunicación social profesional se refiere, el país, y particularmente la sociedad, tiene muchas tareas pendientes para llegar a un manejo científico de esta importante área de la democracia de Bolivia.
 
El autor es presidente del Colegio de Comunicadores Sociales de Bolivia

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