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lunes, 28 de junio de 2010

figura entre gobiernos cuestionados, gobierno indigenista acosado por indigenistas. la mala imagen según El Deber de SC

¿Cuál es la imagen que se tiene ahora en el exterior sobre el actual Gobierno boliviano?
Antes de responder a la interrogante, conviene recordar la gran expectativa que Evo Morales y sus hombres promovieron en una mayoría de círculos de opinión de la comunidad internacional, particularmente en los países del Viejo Continente. Lo inédito inherente a un indígena que con respaldo de ‘originarios’ y sectores populares llegaba al poder y alentaba la certeza de que ingresaríamos a un interregno de cambios que afirmarían la democracia boliviana sobre bases de una plena inclusión social. No pocos incluso percibían en Evo Morales los perfiles de un Nelson Mandela aimara. Lo que se dice, casi nada en materia de comparación.
Durante bastante tiempo, el ejercicio del poder político ajustado a una metodología hegemónica no operó en el exterior efecto corrosivo en la imagen del Presidente del Estado Plurinacional. Así lo acreditaban las loas y los aplausos con los cuales era recibido en sus reiteradas asistencias a eventos internacionales en el Viejo y Nuevo Continente, halagos a los que agregaban los suyos ciertos medios extranjeros de comunicación social.
La cosa empezó a experimentar cambios con el asesinato de ciudadanos europeos sindicados de terroristas en un céntrico hotel de esta capital. Ayudó al deterioro de la imagen de Morales la casi ininterrumpida ola de persecución procesal-penal contra figuras prominentes de la oposición regional y nacional, algunas de las cuales optaron por el exilio en países vecinos, Estados Unidos y Europa.
Hoy, en los principales diarios de América Latina, Estados Unidos y de Europa, es posible comprobar un destacado registro informativo de la actual ofensiva gubernamental contra las autoridades democráticamente elegidas en las regiones del país, tanto a escala de gobernaciones como de municipios. En el exterior queda así más o menos claro que el Gobierno boliviano pone en ejecución todo un esquema que apunta a barrer del poder regional y municipal a cuantos no sean de sus filas, a fin de que el Movimiento al Socialismo (MAS) haga y deshaga en términos absolutos en ambos espacios. ¿Autonomías? Claro que sí, pero con recortes esenciales en recursos económicos, competencias y funciones, de modo que puedan ser dirigidas, en lo político-partidario, desde la plaza Murillo, donde está instalado el centro del poder.
El desencanto brota igualmente en esos organismos que desde diversas latitudes mundiales, pero principalmente de Europa y América Latina, irradian aquel etnoculturalismo que contagiaron a los actuales gobernantes ciertas ONG hoy arrepentidas y que operan en Bolivia. Específicamente, las de orientación ‘verde’ (manejadas por ex comunistas, conversos hoy a la causa ecológico-ambientalista) que ven, entre su desconcierto y desencanto, cómo Evo Morales y sus seguidores le rayan ahora la cancha a las comunidades indígenas respecto a competencias sobre explotación de recursos naturales de sus territorios, cuando ellos quieren que los indígenas decidan todo sobre el tema. El asunto proyecta al exterior la imagen de un Gobierno indigenista acosado por los propios indígenas a los cuales alega representar.
Resultado final: Bolivia empieza ya a aparecer en la nómina de países de gobiernos cuestionados y demeritados, cuya imagen dista de ser la mejor.


lunes, 21 de junio de 2010

si en Argentina la prensa es atacada y se ocupa de ello el Congreso estadounidense, qué dirían de lo que pasa en Bolivia? La Nación. Editorial II.BA.

Dando una muestra más de la creciente preocupación del gobierno norteamericano por la situación de la libertad de prensa en la región, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de realizar una audiencia pública especial sobre la cuestión, durante la cual varios legisladores de sus dos grandes partidos políticos se refirieron concretamente a lo que sucede en la Argentina.

Tanto los republicanos Connie Mack y Christopher Smith como el demócrata Alberto Sires se refirieron específicamente a los diversos ataques e intimidaciones contra los medios independientes por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Sires incluyó dramáticamente a la Argentina en la que considera la "lista corta" de los países latinoamericanos donde la situación de la prensa independiente es más grave, junto a Cuba y Venezuela.

Smith describió algunas de las maniobras gubernamentales para amedrentar y someter a los medios, incluidas las que utilizaron intimidatoriamente a las autoridades tributarias para su consumación. La propia relatora especial sobre libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la colombiana Catalina Botero, que fue convocada como testigo por el comité parlamentario del Congreso norteamericano, también se ocupó de esa delicada cuestión.

La preocupación regional por la ola de burdos ataques y presiones a los medios independientes de la Argentina, como se ve, no pasa inadvertida. Hasta desde el Congreso de los Estados Unidos nos llega ahora un claro llamado de atención que, testimoniando la enorme gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país, no debería ser desoído por ningún argentino, empezando por quienes tienen importantes responsabilidades en la gestión gubernamental.


martes, 15 de junio de 2010

de manera cruel y despiadada castiga Castro a los disidentes según lo describe La Nación el gran diario latino

Pese a la hipócrita condescendencia de algunos, lo cierto es que el régimen comunista de Cuba es totalitario y ha generado un ambiente social en el que no existe respeto alguno por los derechos humanos ni por las libertades civiles y políticas. El pueblo de Cuba parece, además, condenado a tener que vivir en la miseria, con toda suerte de privaciones.

Cada tanto un duro recordatorio nos revela la inmensa crueldad del régimen que desde hace cinco décadas tiene secuestrados a los cubanos y que ha transformado la isla en una inmensa prisión de la que sólo se sale si el gobierno lo autoriza. En donde, además, no se puede pensar distinto sin cometer el delito de opinión, castigado con prisión en las cárceles cubanas, probablemente las más inhumanas del globo.

Este es el estremecedor mensaje que transmite la reciente liberación de Ariel Sigler, uno de los presos políticos cubanos en grave estado de salud.

Se encuentra parapléjico a causa de una enfermedad neurológica, en silla de ruedas, con graves afecciones en el estómago, el esófago y la garganta, con apenas el sesenta por ciento del peso que tenía al ser detenido.

La salud de Ariel Sigler, o más bien de lo que queda de Ariel Sigler, parece destruida. Con apenas 47 años de edad, el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa parece un anciano deteriorado. Así volvió a la casa de su familia después de siete años de cautiverio por pensar diferente. Tenía una condena a veinte años de reclusión. Al llegar, pese a todo, prometió seguir luchando por la libertad. Su salud puede estar vencida, pero su coraje no.

El trato inhumano recibido está a la vista de todos. Aun de los que se niegan a ver. Es posible que las gestiones del valiente Cardenal de Cuba, Jaime Ortega, que sabe personalmente lo que es el cautiverio, hayan ayudado a la tardía liberación de Sigler. Y a que, quizá, se concrete pronto el traslado de otros prisioneros políticos, también con la salud en muy mal estado, a lugares cercanos a los de sus familiares.

Sigler, recordemos, pertenecía al Grupo de los 75, cuyos miembros fueron encarcelados en la llamada "primavera negra" de 2003. Estuvo detenido en distintas prisiones en Ciego de Avila, Villa Clara y Cienfuegos, todas alejadas de su lugar de residencia, en Matanzas. Esta circunstancia evidencia el cruel nivel del ensañamiento del régimen cubano con los disidentes.

En otro rincón de la isla, en este caso en un hospital emplazado a unos 400 kilómetros de La Habana, otro detenido, Guillermo Fariñas, lleva cuatro meses en huelga de hambre en protesta por la falta de libertad.

Como ocurrió con el valiente disidente Orlando Zapata, Fariñas puede morir como resultado de su ayuno voluntario. El horror de lo que ocurre en Cuba es conmovedor, razón por la cual no puede, ni debe, ser silenciado.


sábado, 12 de junio de 2010

en horas más se puede saber la verdad. quiénes recibieron el dinero de las coimas por negociados en YPFB

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, anunció, este viernes, que durante el juicio oral al que será sometido en el caso Catler – Uniservice, revelará quienes recibieron parte de los 450 mil dólares que fueron robados al empresario Jorge O´Connor D’Arlach.El juicio oral en contra de Ramírez se iniciará el jueves 17 de junio próximo. El ex presidente de YPFB anunció que en este proceso demostrará su inocencia, al considerar que cuenta con las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido en su gestión.

“Estamos convencidos que este proceso es para demostrar que le Ministerio Público inicialmente acusó a Santos Ramírez que nosotros habríamos sacado del país dineros a las Bahamas. Vamos a demostrarles que eso no es cierto. En el caso de los dineros precisamente que se han señalado que habrían sido entregados a Santos Ramírez estamos en la condición ahora para demostrar quienes han manejado, a quienes se han entregado estos recursos. Por lo tanto estamos convencidos de que vamos a aclara este tema en el proceso”, dijo.

Ramírez asistió la mañana de este viernes al Tribunal Primero de Sentencia de la Corte de Justicia del Distrito de La Paz, donde se conformó el Tribunal de Sentencia, conformados por el presidente Gastón Huaylla y el juez técnico José Rivero, además de tres jueces ciudadanos como señala la norma penal.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el caso fue descubierto el 27 de enero de 2009 tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, a quien le sustrajeron 450 mil dólares, monto que presuntamente estaba destinado para pagar una comisión al ex presidente de YPFB, por la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande al consorcio Catler-Uniservice.

Ramírez se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro un año y cinco meses imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa y cohecho pasivo propio.

Además del ex ejecutivo de Yacimientos, están involucrados en este proceso Agustín Tomás Melano, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga, Luis Fernando Córdova Santibáñez, Javier René Navía Doria Medina, Jiovanna Navía Doria Medina, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Julio Anagua Chumacero, Marco Antonio Vega del Carpio, Mauricio Ochoa Urioste y Misael Gemio Jordán

viernes, 11 de junio de 2010

Puka Reyes Villa nos cuenta sobre el origen de la wiphala y la reacción en Oruro frente a policías asesinados en Uncía

Walter "Puka" Reyesvilla Mendez
aguadoble@yahoo.es

"Evo, asesino… Evo, asesino…" fue el estribillo más sonoro entre aquellos coreados por la multitud que acompañó los cuerpos de los cuatro policías asesinados en los "dominios" originarios aledaños a Uncía hacia su última morada, el cementerio de Oruro, la tarde del sábado 5 de junio.

Dos días más tarde, en otra manifestación de repudio, ciudadanos de la capital del folklore boliviano procedieron a incinerar banderolas con el logotipo de la desaparecida bebida Champagne Cola –más conocido como "wiphala"- que, por azares culturales, se convirtió en símbolo indígena. Originalmente, a falta de una bandera propia de los campesinos, Gastón Velasco, dirigente del MNR, echó mano de las etiquetas de dicha gaseosa a manera de decorar los actos partidarios en el área rural –hacia finales de los años 80 del siglo anterior, ONG's agrarias rescataron la ocurrencia y llegamos a los días actuales con la dichosa figura constitucionalizada como símbolo patrio, en forzada imposición-. Como constitucionalizada está la (mal)llamada "justicia comunitaria", entelequia que ni sus más fervientes teóricos saben precisar y en cuyo nombre se cometen actos de barbarie tales como los de Saca Saca y sus alrededores.

(Una conjetura: Si lo que tenía a mano ese momento Gastón Velasco, hubieran sido etiquetas de kinoto de Salvietti, hoy flamearían al lado de la Tricolor).

Las muestras de repulsa contra Evo Morales en Oruro han puesto al Gobierno en figurillas; el manual ya no sirve: atribuir estas manifestaciones a los "separatistas" cruceños, a las transnacionales saqueadoras, a agentes de la CIA, al neoliberalismo, a las logias, a la Unión Juvenil, a la prensa de derecha, al "racismo" de Sucre, al capitalismo salvaje, o a los partidos de oposición, no alcanza para descalificarlas. El vocero gubernamental apenas balbucea incoherencias sin la convicción con la que solía salir al frente cuando de amenazar a los demócratas se trataba.

Los hechos de la región de Uncía no son sino la consecuencia de la insana política con la que el MAS introdujo las figuras de "autonomía indígeno-campesino-originaria" y de "autonomía regional" para debilitar la autonomía departamental abanderada por Prefectos de la oposición. Bueno, pues, a la letra de la Constitución masista, no han tardado en establecerse los señoríos comunales sin otra ley que valga que la del propio estado de naturaleza en el que se desenvuelven tales grupos.

Gran cosa hubiese sido que el político que reconstruyó su lado indígena, una vez en el poder, condujera a estos pueblos hacia el proceso civilizatorio del que él mismo es expresión, ambigua por su propia de necesidad de mostrarse ajeno al mismo. Sin embargo, sucede todo lo contrario: los condena a permanecer, sino retroceder, en estado de (semi)barbarie; barbarie combinada con actividades perniciosas.

Si la hipótesis de que el ajusticiamiento de los infortunados policías fue una vendetta por la incautación de una importante cantidad de cocaína a un cacique layme, estamos hablando de la confirmación, que ya era un secreto a voces, de que el discurso de la "reserva moral de la humanidad" atribuida a la indigenidad es un mal chiste. Este caso, sumado a otros como el del "Clan Terán" nos hablan de una especie en expansión: el "narcoriginario".

A todo esto, Evo Morales continúa como líder de los cocaleros del Chapare. A buen entendedor...

miércoles, 2 de junio de 2010

se pretende cubrir con el manto del olvido el cuádruple crimen del norte potosino. amedrentar a los familiares que olviden la Justicia y chantajearles

Por el imperio de la CPE

Mauricio Aira

Aldo Moro fue asesinado por las Brigadas Rojas hace 33 años en pleno centro de Roma y su muerte significó un duro golpe para la Democracia Cristiana por cuanto el gran político había sido varias veces primer ministro y uno de los cerebros que inspiró la cultura política de inspiración católica en dos períodos claves de la historia de Italia, cuando se redactaba la NCPE (poco después de la Guerra Mundial) y durante los dramáticos años de la violencia política entre 1973-1978.

Aunque todavía se debate las circunstancias de su trágico final, reina el consenso de haber sido victimado en aras de los principios democráticos relativos a la separación de poderes. Los terroristas que lo tuvieron dos meses secuestrado chantajeaban al Gobierno presidido por Giulio Andreotti buscando el canje de Moro por terroristas condenados por los Tribunales de Justicia. El jefe del poder ejecutivo mal podía poner en libertad a reos rematados por el poder judicial. El brutal destino de Aldo Moro se interpretó como una inmolación del gran tribuno ante el altar de la Democracia.

Nos hemos transportado al escenario europeo para juzgar cuán importante es respetar las reglas que la sociedad se confiere a sí misma y nos estamos refiriendo a los sucesos de Uncía donde fueron cruelmente torturados y asesinados cuatro servidores del orden público, según lo han reconocido los ayllus de las comarcas vecinas que condicionan la entrega de los restos mortales de los ajusticiados a la renuncia del Estado a investigar y por ende identificar y juzgar a los autores del horrendo crimen que ha estremecido a propios y extraños.

Establecido que el Defensor del Pueblo vela por el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas asumió la inexcusable tarea de reclamar ante los responsables de los ayllus la entrega de los cadáveres de los policías. Ante la negativa bien puede por la via del legítimo ejercicio de sus funciones demandar a los kullacas y segundas mayores que así se denominan el cumplimiento de la Ley que no podrán alegar pretexto alguno por cuanto el Defensor tiene libre acceso a cualquier local, comarca o domicilio en que se encontraren los presuntos responsables del exceso.

Dicho de otro modo. El Defensor del Pueblo que da cuenta de sus actos directamente al Congreso Nacional al haberse involucrado en “la masacre de Uncía” y gestionado un diálogo entre los delincuentes y el Gobierno para la entrega de los restos mortales, ya no podrá soslayar su participación y velar por la vigencia de los Derechos Humanos incluidos el derecho a la vida y a ser juzgados por tribunal competente. O sea Rolando Villena está hoy metido de lleno en el problema y jamás podrá garantizar ni pedir garantías para hacer de Uncía “un territorio libre” sin Dios ni Ley ni gestionar el indulto ni siquiera con la venia de los familiares que parecen renunciar a toda gestión judicial ya que según ellos sólo actuaron bajo “la justicia comunitaria” (¿?)

El Presidente del Estado Plurinacional asume el deber de conservar y defender el orden interno, por taxativo mandato de la CPE (Art. 96. Cl.18) por cuanto cometer linchamientos y declarar territorio libre para beneficio de los contrabandistas y de los narcotraficantes que deambulan en dicho territorio significa a todas luces una transgresión del orden y un atentado a la conservación de la unidad nacional y el resquebrajamiento de la gobernabilidad. El Ministerio Público de oficio asume la persecución a los culpables.

Lejos de profetizar resulta que una transgresión en defensa de Bolivia aceptando el desorden, el chantaje, la cohesión de algunos pocos dirigentes anónimos de los ayllus del norte potosino, dejar sin investigación los crímenes cometidos y permitir que el paso del tiempo los sepulte en el olvido, tendría el efecto del boomerang que se vuelve contra quién lanza la carga.

martes, 1 de junio de 2010

decepción entre familiares de policías linchados en Sacaca, norte potosino. los ministros regresan sin resultados. fracaso. se reunieron en Karacha.

El Gobierno fracasó en su intento de recuperar los cuerpos de los cuatro policías linchados en tierra de ayllus potosinos. El plazo que el Comandante Nacional de la Policía se fijó para ese cometido se cumplió este lunes al mediodía.

Una comisión integrada por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, y los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, llegó a Uncía para iniciar el diálogo.

La relativa tranquilidad que se vivía fue sorprendida por la llegada de una caravana de vehículos raybanizados a la plaza 6 de Agosto, donde la gente comentó que vio por primera vez a los ministros, a los que sólo conocían por fotografías y la televisión.

Tras una persecución a los vehículos gubernamentales, los medios lograron encontrar el lugar donde se desarrolló la cita concertada con los segundos dirigentes de los ayllus a través del diputado Luis Gallegos (MAS). El escenario fue la subsede del ayllu Karacha.

Los líderes indígenas arribaron en diferentes vehículos y a las 11.00 se inició la negociación. Cerca de las 14.30 fueron rumbo a Llallagua para almorzar. Dos horas después, Llorenti informó de la cita.

“Tuvimos una reunión con autoridades originarias de distintos ayllus de la región (layme, puraka, aymaya y karacha), donde se recibió una serie de quejas, denuncias de extorsión, lo que debe ser investigado. Pero hemos sido muy claros al señalar que nada puede justificar el hecho de que se haya quitado la vida a cuatro miembros de la Policía”, manifestó.

Las quejas que se escuchan de los comunarios incluyen supuestos asesinatos a “chuteros” a manos de policías corruptos.

En contacto con la red Uno, el Defensor del Pueblo, que al igual que Llorenti y Coca retornó a La Paz, dijo anoche que la decisión de los ayllus de no entregar los cuerpos, que es un punto crucial para solucionar el conflicto, hizo que el diálogo ingrese en “fojas cero”.

“El pedido de los ministros era que los cuatro cuerpos sean entregados tan pronto como se pueda; (los indígenas) consultaron a las bases que rodearon el lugar, pero lamentablemente dijeron que no había acuerdo y que el pedido debía bajar para que cada ayllu evalúe la situación y ver cuándo entregarlos; en principio dijeron que los entregarían en el transcurso de los próximos dos días o más”. El viernes, ante la llegada a La Paz de los familiares de las víctimas y su amenaza de ingresar a Uncía en persona a buscar los restos de sus seres queridos, el comandante de la Policía, Óscar Nina, les pidió esperar hasta el mediodía de ayer.

“Hemos sido muy claros en la reunión y hemos hecho una exigencia de que esos cuerpos tienen que ser devueltos a sus familiares, que la justicia no está para ser negociada”, dijo Llorenti en la conferencia que dio ayer en el lugar.

Mientras, los familiares de los cuatro policías desaparecidos partieron ayer de La Paz a Oruro y en el trayecto, a la altura de la tranca, vieron con desazón que la comitiva gubernamental retornaba sin resultados. “Había un plazo que al parecer no se cumplió. Lo que nos molesta es que no nos hayan informado nada”, dijo a La Razón el abogado de las familias.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, afirmó que retornarían a La Paz, lugar donde esperarán una respuesta de los ayllus, una llamada telefónica, que entraron a un cabildo tras la salida del Gobierno.

“Lo importante es que estamos dispuestos a escuchar sus conclusiones y en su momento veremos cómo actuamos”, aseveró Coca, quien agregó que también se investigará la muerte de algunos comunarios.

La posición de cartera de defensa

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, descartó la posibilidad de militarizar la población de Uncía. “No hay ninguna decisión de que las Fuerzas Armadas puedan participar en el tema de solución del conflicto en Uncía en lo absoluto”, manifestó la autoridad ayer después del acto por los 181 años de creación del Comando en Jefe de la institución castrense.

Los familiares con incertidumbre

Los familiares de los policías linchados en comunidades del municipio de Uncía, pernoctaron en Oruro para analizar si continuarán con su viaje a dicha población tras el retorno de la comitiva del Gobierno ayer después de una reunión con ayllus.

“Existe incertidumbre sobre lo que pueda suceder de hoy en adelante después de que la comisión volvió a La Paz. Estamos en Oruro y mañana (hoy) daremos a conocer si seguimos con nuestro viaje”, dijo el abogado Jhonny Castelú.

Una de las alternativas que se analizó en esa reunión es entrar el jueves, mientras que un familiar de uno de los policías indicó que “cualquier cosa que suceda con nosotros será de responsabilidad del ministro Sacha Llorenti”.

“Los hemos encontrado y no nos han brindado ninguna explicación sobre la reunión que tuvieron en Uncía; estamos molestos porque el ministro no cumplió su acuerdo de que debíamos tener un nexo de comunicación permanente para ver el avance”, agregó Castelú.