Ministro Quintana acusa a periodistas

Sin dar nombres y sin que sus complacientes preguntones hubiesen preguntado a quiénes en concreto se estaba refiriendo, el tema por el momento, pasó de largo. Veamos:LR.,LP.

Sin precisar nombres ni casos específicos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que la cooperación de Estados Unidos paga a periodistas para que contribuyan en el plan de desestabilización de la democracia en Bolivia.
En una entrevista en el programa “El Pueblo es noticia” de la red gubernamental de radios Patria Nueva, Quintana involucró a periodistas y columnistas.
“A través de este programa se paga a periodistas, a columnistas, se paga consultorías para crear escenarios precisamente de conflictividad, es desde este programa que se desestabiliza la democracia”, señaló la autoridad, cuyos entrevistadores no le pidieron nombres.
Quintana aseguró que la cooperación norteamericana pretende, con esta posición, lograr deslegitimar las medidas gubernamentales que se implementa.
“Hemos demostrado quiénes están encaramados en la cooperación de los EEUU, que hoy está dirigida a desconocer la cualidad de la democracia boliviana, a deslegitimar las medidas que hoy estamos adoptando como Gobierno y a empañar nuestra gestión confundiendo a la población”, aseveró la autoridad del Poder Ejecutivo.
Asimismo, enfatizó que Usaid pretende desnaturalizar el aporte de las organizaciones y movimientos sociales bolivianos buscando, más bien, generar un paralelismo sindical.
“Todavía no hemos dicho el secreto a voces, estamos investigando... vamos a llegar y estamos identificando quiénes son los beneficiarios de esta cooperación que hoy día forman parte de una estructura de desestabilización”, agregó el ministro.
Quintana aseguró que los recursos provenientes de la cooperación norteamericana se estarían gastando en consultorías y no llegan a los beneficiarios.
“Se consume en su burocracia, en pago de consultorías, en intermediación financiera”, dijo.
Precisó que el gobierno de Evo Morales necesita una cooperación directa, transparente, controlada por el Estado, soberana y además debidamente fiscalizada y evaluada.