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jueves, 8 de julio de 2010

el tema de la policía nacional (PN) preocupa a los medios porque la crisis que soporta es cada día mayor. debe terminar su incondicionalidad al régime

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Mauricio Aira

La puntualización que hace Los Tiempos del ajusticiamiento de cuatro policías entre los ayllus de Uncia, la ininterrumpida serie de accidentes de tránsito con pérdida de vidas humanas y los sucesos de Pantipata donde los comunarios estuvieron muy cerca de linchar a otros policías son una buena base para confirmar que la Policía Boliviana atraviesa una profunda crisis es algo muy real y que además es de carácter estructural y política.

Nos referimos a las decantadas declaraciones del número uno General Oscar Nina “no hay en Bolivia zonas rojas de narcotraficantes” cuando a todas luces suena como una mentira. La de Uncía o sea las cuatro provincias del norte de Potosí, son una zona roja, la prueba es que conocidos los linchamientos de cuatro policías plenamente identificados como tales, viendo que en las laderas de los cerros circundantes “se encontraban apostados” originarios armados, la PN no se atrevió a ingresar, al punto que los cadáveres se recuperaron gracias a la mediación de la Iglesia después de casi 10 días de ocurridos los crímenes. El hecho noticioso es que los uniformados no ingresaron al “territorio libre donde campean contrabandistas y narcotraficantes”.

El General Nina insiste “afirman que Pantipata es inexpugnable, proscrito para la policía, pero hemos salido y entrado cuantas veces hemos querido”, no parece evidente porque según el hecho noticioso los policías fueron impedidos de ingresar y rodeados por originarios al punto que escaparon del lugar dejando a dos de sus camaradas en peligro de muerte. Los hechos desmienten al jefe policial. Lo terrible es que desde la jefatura se presta fe a las acusaciones de tratarse de “policías truchos extorsionadores y que pretendían volteos” como dándoles la razón a los criminales que terminaron con sus vidas.

Hay un argumento más en contra de la autoridad policial. “No vamos a permitir que quede sin castigo la muerte de un solo policía” deseo plausible, noble y altruista que merece respeto, aunque sucede precisamente lo contrario. Cada día muere al menos un policía en el cumplimiento de su deber especialmente en el área de la criminalidad y del narcotráfico y éste es el punto cosquillante, porque jamás hemos oído que un jefe policial proclame ante el Gobierno, la impostergable obligación de disminuir las plantaciones de coca. A mayor hoja de coca, mayor cocaína. La lógica que acompaña este razonamiento está entregando a los valientes policías a la boca del lobo. Son las víctimas de la proliferación de la droga, del tráfico imparable de precursores y pasta base para su elaboración. Si al menos hubiese una representación, un principio de razonamiento formal ante el Ejecutivo de frenar tanta liberalidad y de darle anchas al sector de los productores de coca, quienes asumen estar en el poder y que la policía debe “proteger y garantizar su actividad”.

Nada de eso se oye. La sumisión de “los verdes” es totalmente incondicional. Se contentan con ascensos “ser generales de un día” como dijo algún escritor, condecoraciones, medallas, estrellas y cargos para “locupletarse” de honras y medios para “el buen pasar” del lado pasivo de la Institución mientras otros policías seguirán sacrificando a sus camaradas “en cumplimiento del sacrosanto deber”. O sea un muy mal entendido concepto del deber, que no es incondicional, no al servicio de una camarilla, ni de un grupo que detenta momentáneamente el poder.

Las exigencias de chalecos antibalas y de armas con qué defenderse son legítimas y los otros elementos de protección casco, escudo, canilleras, coderas para garantizar su integridad especialmente cuando están “en las zonas rojas” y allí donde habitan los pichicateros y otros delincuentes. La ciudadanía debe cooperar en lugar de resistir al buen policía.