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viernes, 15 de julio de 2011

en la asignación de frecuencias de radio difusión el MAS pretende quedarse con el 66% consumando así un nuevo intolerable abuso de autoridad con fines sectarios.

No se trata de ningún fantasma (aunque a condición casi fantasmal podría quedar reducida la libertad de prensa en Bolivia), sino del espectro electromagnético, que una amañada Ley de Telecomunicación pretende convertir en feudo del partido de gobierno.
Como explicábamos días atrás, el proyecto -que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados- establece que un tercio de las frecuencias serán para el Estado, un tercio para el sector privado yel tercio restante para las organizaciones social-comunitarias y los pueblos indígenas.
Evidentemente, estamos ante un mecanismo que le permitiría al Movimiento Al Socialismo hacerse con aproximadamente dos tercios de las frecuencias, ya que las correspondientes al Estado serán distribuidas por el gobierno central (así lo establece claramente la norma), mientras que las frecuencias para organizaciones comunitarias y pueblos indígenas serán presumiblemente un botín a repartir entre los “movimientos sociales” digitados por el oficialismo.
Ante esto, la oposición debería plantear una distribución equitativa de las frecuencias estatales entre los diversos niveles de la administración pública -gobierno central, gobernaciones y municipios- más las universidades públicas.
Otra de las modificaciones esenciales a proponer sería la reestructura de la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT), cuyo titular ya no debería ser designado a dedo por el presidente sino surgir de una mayoría calificada en el Congreso, acompañado por un consejo donde estén representadas las diversas entidades que agrupan a la prensa y los medios de comunicación.
El plazo de las autorizaciones (nuevo nombre de las licencias, que trasunta su precarización) será de apenas 10 años con derecho a una sola renovación, limitación esta última que debería ser suprimida del texto de la ley.
Igualmente, otro acápite a modificar es el referido a las tasas impuestas a las cooperativas de telefonía, que se volverían virtualmente inviables con los montos exigidos por la norma. Al mismo tiempo, el tratamiento dado a la estatizada Entel debería ser menos generoso, sustituyendo la condonación de deuda por un pago a largo plazo.
Por último, pero no menos importante, debería desaparecer la imposición de la cadena presidencial obligatoria y gratuita para todos los medios, seña de identidad pro-chavista de este proyecto…
notishots@gmail.com

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