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sábado, 18 de octubre de 2008

subeditorial del importante diario pinion de cochabamba

Secuestro de un comunicador
Más allá de los cargos que levanta el Gobierno, lo más delicado es que en el apresamiento de Melgar se han atropellado los derechos y garantías ciudadanas.
Lo que ha ocurrido hace algunos días con el comunicador beniano Jorge Melgar Quete, se inscribe en uno de los actos gubernamentales más graves porque atenta contra los derechos y libertades individuales.Melgar es acusado por el Gobierno de emitir mensajes racistas, de incitar a matar al Presidente, Vicepresidente y algunos ministros, de advertir con hacer intervenir fuerzas extranjeras; más allá de todo esto, lo grave está en su apresamiento. Se allanó su domicilio, no hubo mandamiento de apremio y se lo llevó secuestrado desde Riberalta a Trinidad y de allí a La Paz.El operativo fue ejecutado por un grupo de encapuchados, que hasta donde se sabe, no pertenecen ni a la Policía ni al Ejército.El periodista Melgar puede ser acusado de “terrorista” por el Gobierno y de otros cargos más relacionados a figuras delictivas contempladas en la norma penal, pero la acusación queda en segundo plano y relegada, por lo arbitrario de su detención. El ministro de Gobierno Rada, admite que el procedimiento fue ilegal pero que eso es “colateral”. Está equivocado, eso es fundamental.El Gobierno para reforzar su acción, anota además que Melgar no es periodista afiliado. No hay necesidad de ser afiliado al sindicato para ejercer, de hecho hay centenares de periodistas que no tienen afiliación e incluso se han formado en el empirismo.El Defensor del Pueblo ha pedido se respete el Estado de derecho y ha hecho bien, porque ya es difícil cerrar los ojos ante el atropello. El secuestro de personas es penado por ley y quienes lo instigan, desde altas funciones de Gobierno, incurren en terrorismo de Estado.Con estas acciones, las libertades ciudadanas corren peligro e incluso ya están siendo conculcadas.

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