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lunes, 11 de mayo de 2009

qué tiene que alegar Evo, que cuando Perú reclamó por Chávez (su asesor mediático) se quedó callado y jamás respondió por la extradicción del "terro"

La decisión de Perú de otorgar asilo a un ex ministro de Bolivia amenaza con causar una nueva crisis diplomática entre ambos países y profundizar la confrontación del Poder Ejecutivo con el Poder judicial bolivianos.
El presidente Evo Morales volvió a pedir el lunes a su colega Alan García "que deje de proteger a delincuentes'' y aseguró que el asilo otorgado al ex ministro Jorge Torres ‘‘es una abierta provocación al pueblo y gobierno bolivianos''.
"Ojalá pueda revisar su actitud'', dijo en una rueda de prensa y aseguró que García está violando normas al proteger a personas acusadas de delitos de lesa humanidad.
Perú otorgó asilo a Torres y evalúa pedidos de otros dos ex ministros procesados en un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2000-2003) por 63 muertes durante protestas antigubernamentales en 2003.
En Lima, el Primer vicepresidente, Luis Giampietri, dijo que "nadie puede decirle a ningún país a quien debe o a quien no debe asilar''. "Es una interferencia inaceptable en la política interna de un país'', señaló el lunes en referencia al pedido boliviano.
Molestó a las autoridades peruanas que Morales llamé a su colega peruano "chabacano'' al recordar que en una de sus polémicas con García, autoridades peruanas le endilgaron el mismo calificativo.
Pero el lunes Morales reiteró su postura. "Puedo demostrar que el presidente peruano es un chabacano que no respeta normas y protege a delincuentes'', replicó.
El embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, dijo a la AP que los roces entre ambos países genera una situación "de interrupción, genera efectos que no son deseados y que no deberían ser los que existen entre países cercanos''.
Y el caso del refugio al ex ministro Torres ha vuelto a agitar las relaciones del gobierno con el Poder Judicial.
Morales respaldó la decisión de una comisión legislativa oficialista que ha pedido la suspensión del presidente de la Corte Suprema Eddy Fernández al que acusan de negligencia para resolver varias demandas entre ellas el juicio contra Sánchez de Lozada.
En abril de 2006 la fiscalía imputó al ex mandatario y 17 ex ministros, además de cinco ex jefes militares por los cargos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta''. El inicio del juicio oral está fijado para el 18 de mayo.
En octubre de 2003, miles de vecinos de la vecina ciudad de El Alto habían bloqueado el paso de combustibles a La Paz en rechazo a las políticas de Sánchez de Lozada, que mandó a los militares a desbaratar la propuesta que derivó en muertes. La revuelta obligó al ex presidente a renunciar y refugiarse en Estados Unidos junto a dos de sus ministros.

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