El manejo que hace el Gobierno del presidente Evo Morales de los medios de comunicación del Estado en esta campaña electoral muestra que es impostergable la necesidad de legislar sobre esta materia tan sensible.
Los recursos con que se manejan los medios estatales provienen del Tesoro General de la Nación, es decir de los impuestos que pagan todos los bolivianos, y el uso que se haga de ellos debería reflejar la diversidad de tendencias que existe entre los 10 millones de ciudadanos.
Como en otras materias, en este caso no tendría que servir de excusa el hecho de que los anteriores gobiernos manejaron los medios estatales según sus propios criterios, porque los malos hábitos no deben hacer norma y hay que corregirlos.
Aunque el periodismo independiente se ha referido en los últimos días al uso que el Gobierno ha dado al canal de Tv del Estado en los actos de campaña de los candidatos oficialistas, es el manejo diario que se da a ese canal y a las emisoras de la cadena de radios lo que hay que observar.
El hecho de que se use el idioma aimara como la única alternativa al castellano durante varias horas de transmisión refleja un predominio que no corresponde a la existencia, reconocida por la Constitución, de al menos 36 naciones con sus respectivos idiomas en el país.
Sobre este aspecto específico ni siquiera hay en el canal estatal y las emisoras de la red oficial un contrapeso del idioma quechua, que tiene tanta o más difusión que el aimara en el territorio nacional.
Si eso se da respecto de los idiomas que se hablan en el territorio boliviano, es todavía más concentrado el criterio de las preferencias políticas que hacen quienes manejan los mencionados medios.
La última información acerca de que el canal de Tv estatal aplicó tarifas especiales, tarifas ‘de amigo’, a la propaganda que hacen los candidatos del Gobierno para las elecciones que se avecinan, deja ver lo irregular del manejo de ese medio. Los responsables del ente estatal deberán explicar este tema tan difícil. No les servirá, para ese propósito, anunciar que las tarifas especiales, ‘de amigo’, serán aplicadas también a las otras candidaturas, porque se supone que el Estado no hace rebajas de ese tipo a nadie, en ninguna de las reparticiones de donde provienen sus ingresos. Esta situación sería comparable a que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aplicara gravámenes preferenciales para algunos contribuyentes, o que YPFB vendiera los combustibles a precios que dependan de quién es el comprador.
Pero las soluciones tienen que ser buscadas pensando en el futuro. En este caso será preciso que el Parlamento comience a preparar la ley que se aplique para el uso de los medios estatales a partir de ahora.
Para ello podrían servir de ayuda las soluciones que han encontrado otros países. El ejemplo que es mencionado con preferencia es el de la British Broadcasting Corporation (BBC), que es manejada por un directorio que no tiene que ver con los gobiernos, sino con el Estado y las instituciones permanentes. Sin ir tan lejos, Chile tiene un canal estatal de Tv que es manejado con criterios nacionales.
Algo hay que hacer sobre esta materia para que el país mejore, y también para evitar que los comunicadores que trabajan en los medios estatales sean liberados de mantener un comportamiento tan poco profesional. (Editorial del diario mayor El Deber de S.C.)
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