resulta una paradoja. algunos millones de dólares que estaban disponibles merced a la ayuda internacional han desaparecido. se realizó el show de convocar, empadronar, agrupar, observar a los solicitantes que son más de seis mil personas, fastidiándoles con trámites interminables y costosos, viajes, certificados, declaraciones juradas, etc., todos los recursos burocráticos posibles y la infaltable promesa de que "el próximo mes", "dentro de poco", "el año que viene" y así con falsas promesas y mentiras ha pasado el tiempo. la ministra torrico ha jurado y rejurado que atendería las reclamaciones, y nada. se olvida la iletrada que existe una Ley de la República, y su Decreto Supremo reglamentario y que parte de los fondos estaban ya en presupuesto, pero nada. se continúa haciendo un uso político del justo reclamo de las víctimas. exigimos algo de seriedad y de respeto por la persona de las víctimas. no se trata de una dádiva, ni de un favor, se trata de cumplir con un mandato oleado y sacramentado aprobado en el Congreso y promulgado. de ahí que la nota siguiente aparecida en La Razón, tiene todo su peso y se debe prestar atención:
Un grupo de personas víctimas de la violencia política protagonizó ayer una manifestación en la plaza Murillo para exigir al gobierno de Evo Morales se cumpla con el resarcimiento económico a su favor hasta el 30 de marzo, porque de lo contrario asumirán medidas de presión.
Nerhedine Renjiffe, representante del sector, denunció que, pese a existir un mandato legal, las autoridades hasta el momento no cumplen con el pago que estableció el Estado para las víctimas de violencia política.
Se definió una escala de 60, 120 y 300 salarios mínimos a favor de los beneficiarios. “Hasta ahora no se ha ejecutado nada”, denunció y anunció que si hasta el 30 de marzo no se les paga, iniciarán acciones de presión.
Son 6.222 beneficiarios.
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