Periodistas desaparecidos o asesinados, radios comunitarias perseguidas y clausuradas, censura y autocensura en los medios, el encierro, el destierro o el entierro de las ideas. Y no estamos hablando de regímenes dictatoriales, sino de "democracias" latinoamericanas.
Los periodistas somos incómodos para la gente que llega al gobierno y asume roles autoritarios, abusivos y prepotentes. El poder ciega y el poder corrompe, como hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad. Los funcionarios de Estado dejan ver su cola de paja, sus debilidades, sus manipulaciones, pero no quieren que se sepa.
Hay periodistas zalameros y periodistas críticos; periodistas vendidos y periodistas incorruptibles; periodistas mentirosos y periodistas que corren riesgos por decir la verdad. A los gobiernos no les gusta que los periodistas señalemos los errores, los actos de corrupción y las actitudes soberbias. "Maten al mensajero..." es la reacción habitual.
La libertad de expresión y el derecho a la comunicación son una molestia y una amenaza para quienes están en el poder y creen que es eterno, sean de izquierda o de derecha. Si bien algunos países respetan formalmente la libertad de información, muy pocos promueven el derecho a la comunicación (que no es lo mismo). Como escribió Antonio Pasquali hace 45 años, en 1963: "La ‘libertad de información' es una irónica contradictio in adjecto, ya que sólo connota la libertad del informador.
Uno de los problemas del periodismo latinoamericano es la pobreza intelectual, la falta de curiosidad y la derrota del espíritu crítico. Muchos medios, por ejemplo, se limitan a publicar las notas oficiales que difunden las reparticiones gubernamentales, sin cuestionar para nada su contenido, y a veces legitimando mentiras groseras.
En México, un gran país con gigantescos monopolios mediáticos y muchos esfuerzos dispersos de comunicación independiente, alternativa y comunitaria, tanto la libertad de expresión como el derecho a la comunicación están constantemente amenazados desde las esferas del poder político o el poder de las sombras (el narcotráfico).
Para hablar de ello se organizó el 16 y 17 de abril el foro "Libertad de Expresión: Procesos Democráticos y Derechos Humanos", convocado por instituciones líderes en la lucha por el derecho a la comunicación, como AMEDI, Artículo XIX, Comunicación Comunitaria y AMARC, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Enlace Comunitario y otras.
Amigos de la entidad Comunicación Comunitaria me invitaron a presentar una perspectiva latinoamericana sobre los temas tratados en el evento. Para mi fue una buena manera de aterrizar nuevamente en México luego de haber vivido y trabajado en el país a mediados de los 1980s, cuando llegué como exiliado de García Meza.
El evento se abrió con una mesa en la que destacó la presencia de Frank La Rue, Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, y Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos reafirmaron la importancia de ir más allá de la libertad de los medios de información, hacia el derecho a la comunicación de la ciudadanía. Ambos manifestaron su preocupación por la visión estrecha que tienen muchos gobiernos de América Latina sobre la libertad de información, y los intentos que hacen para acallar a los medios y a los periodistas independientes.
Fue muy impactante la mesa sobre "Agresiones a periodistas en México", donde Ana Lilia Pérez ofreció un testimonio vibrante de las amenazas y presiones que ha recibido por haber publicado en la revista "Contralínea" investigaciones sobre manejos dolosos y corrupción en las más altas esferas del partido gobernante (PAN). La periodista enfrenta juicios "por difamación" y ha sido objeto de intentos de soborno para que se calle.
Otro testimonio conmovedor fue el de Javier Valdés, periodista de "Río Doce" de Sinaloa, quien corre riesgos cotidianamente cada vez que escribe sobre la sociedad del narcotráfico en Sinaloa, en su columna "Malayerba". Valdés afirmó que toda la sociedad de Culiacán está implicada, en mayor o menor grado, en el narcotráfico que ha penetrado todas las instituciones, desde la policía hasta los medios de información.
Otras mesas del Foro abordaron los "Avances y retrocesos del Acceso a la Información Pública", "La Ley Televisa", "Derecho a la Comunicación: Medios Comunitarios y Medios Públicos", y "Convergencia Tecnológica en los Medios de Comunicación". En esta última me tocó presentar una ponencia, junto a Gabriel Sosa Plata (cuya columna en el "Universal" fue recientemente clausurada), Beatriz Solis y Eduardo Correa.
No es nada fácil el trabajo de los periodistas cuando ejercen la libertad de información plenamente, sin compromisos y con integridad, sin caer en la autocensura y a veces amenazados por la censura de los propios medios en los que publican.
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