Otra vez se desata en Bolivia el problema de la pugna de poderes, y es que en nuestro país no se actúa en consecuencia con la piedra angular del régimen democrático que se sustenta en la separación de los organismos que conforman el Estado y que el pensamiento de Montesquieu consagró como garantía de la vigencia del Estado de Derecho.
Y no es que el Poder Judicial sea una taza de leche, pero Los desgarramientosy ataques que el Poder Ejecutivo realiza para subordinar a la justicia se han convertido en un verdadero deporte extremo practicado desde el mismo Palacio de Gobierno.
Esto lo hemos podido ver con mayor claridad después de la grave confrontación desatada en Pando para destituir a un prefecto y tomar territorial y políticamente a una región donde hoy por hoy están siendo trasladados cocaleros para dar estricto cumplimiento a un plan de colonización del Oriente que tiene amplias implicancias ideológicas, invasoras y de todo tipo de violaciones de derechos. El gobierno ha tenido que pasar por encima de las instancias de justicia para llevar a cabo este plan y el de la toma de Santa Cruz que se inició con la sindicación de terrorismo a los opositores, sindicación que sobrevino tras la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas. En estricto cumplimiento a este plan el gobierno ha desoído los fallos y puesto a sus propios fiscales y jueces dotados de superpoderes a fin de que manejen los casos que necesita llevar a su total discreción y conveniencia.
Lo que está en juego en Bolivia no es poca cosa, pues todos los atropellos y atrocidades son posibles cuando el Estado existe para sus propios fines y pierde la compostura y la sensatez de gobernar para cumplir con la finalidad de proteger a los ciudadanos, poniéndose más bien a reprimirlos o dejarlos a merced de sus designios. Es el caso de los Estados que se vuelven omnipotentes y omnímodos, razón por la que acusan, juzgan y encarcelan a quien es contrario a sus intereses, tal como va camino a consolidar sus acciones en Bolivia un Estado que pretende que los ciudadanos sacrifiquen todas sus libertades y derechos sin ninguna compensación, sin devolverles un poco de seguridad, derecho a la vida, a la libertad y la propiedad.
Este tipo de Estados siempre se consolidan después de demoler y desconocer las instancias de justicia, para operar por sí mismos haciendo todo a cuenta propia, a simple dedo acusador de los poderosos, o a simple antipatía, como está sucediendo en nuestro país, donde en el colmo del abuso, operadores sin escrúpulo han confeccionado sus listas, poniendo como terroristas y traidores a la patria a aquellos que no les simpatizan, o a los que le pueden sacar dinero a cuenta de su libertad, o a quienes desean acallar la voz a fin de privar a la sociedad de un verdadero análisis y debate democrático de ideas.
Pero el Poder Judicial, pese a la asfixia, la represión y la persecución que ha estado enfrentando, con los recursos legales que le quedan, está dando en Bolivia una de las últimas batallas que puede dar antes de la elección de diciembre, situación que tiene absolutamente contrariado al poder Ejecutivo que ya creía tenerlo todo en sus manos y bajo control, privando a los ciudadanos del goce de los derechos y garantías que le corresponden.
Es increíble que en medio de este clima tan insano y peligroso, los candidatos sigan haciendo aprontes para ir a elecciones en candidaturas opositoras fraccionadas, haciendo de cuenta que no pasa nada, que estamos en plena vigencia de un régimen democrático y en Estado de Derecho, situación que no es real.
Nos llama la atención que la oposición padezca un grado de ceguera tan grave que la lleva a no medir el riesgo en el que se debate nuestro país que sin duda está inmerso en una situación de democracia de baja intensidad, que está a la espera del voto para terminar de comerse impunemente lo que queda de los otros poderes, y para colmo lo harán con seguridad a nombre de la justicia.
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