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viernes, 18 de septiembre de 2009

primer editorial de La Nación considera que "todavía se está a tiempo" de corregir los excesos que el oficialismo busca contr la libertad de expresión

El punto más incontrovertible respecto de la relación entre la prensa y el Gobierno es que nunca hubo relaciones más difíciles -si es posible hablar de relaciones- desde la reconstrucción democrática de 1983. En esto, al menos, no existen motivos para el disenso entre la prensa afectada, el oficialismo que agravia y la suma de opiniones de las parcialidades políticas del país o de algunas de éstas en particular.

A partir de hechos incontrastables, cada uno puede inferir interpretaciones de orden más general. ¿Ha sido, acaso, el gobierno de Alfonsín más democrático y republicano que los dos asumidos por el matrimonio Kirchner? ¿O el de Menem, tal vez? ¿O los de De la Rúa y Duhalde, que vinieron luego y administraron el país el tiempo suficiente para juzgarlos y medir, por vía comparativa, su desempeño con quienes gobiernan desde mayo de 2003?

Es posible que el casi 30 por ciento de los ciudadanos que votaron el 28 de junio último por candidatos progubernamentales tengan, a propósito de esos interrogantes, respuestas distintas de las del resto de los ciudadanos.

Del primer punto de coincidencias generales y lógicas podría derivarse una segunda conclusión de parecido tenor. Los Kirchner no sólo han sido protagonistas centrales de los seis años con las mayores dificultades entre un gobierno de origen constitucional y la prensa, sino que los días que corren figuran, en ese sentido, entre los más tormentosos.

Es bajo tales condiciones que el Congreso de la Nación se encuentra abocado a la sanción precipitada del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que le remitió el Poder Ejecutivo. En un momento de gravedad, cuando se requiere que los legisladores abran espacios para la reflexión y el ejercicio de facultades autónomas de la Casa Rosada y Olivos, el Congreso ha sido atropellado y empujado a hacer en horas lo que nadie lo había convocado a realizar en un largo lustro.

¿Cómo es posible que el interés inmediato de una facción política termine por prevalecer sobre lo que debe ser tratado con jerarquía apropiada a una cuestión de Estado?

Se percibe que vamos en tren de que se configure un nuevo arresto contra la división de poderes. Urge, entonces, rectificar, a través de una reacción última de la mayoría circunstancial que acompañará hasta el 10 de diciembre al Poder Ejecutivo en el Congreso, el riesgo que se cierne sobre un asunto capital para el régimen institucional argentino. Todavía se está a tiempo de legislar debidamente.

No se puede pretender trazar una política de medios audiovisuales que comprometa los intereses ciudadanos aún más allá de 2011 y, por añadidura, sin que se establezca una política que inhabilite la utilización de esos medios para la gravitación propagandística del gobierno de turno. No hay ninguna garantía hasta aquí de que, en lugar de poner a esos medios al servicio de un Estado neutral en las controversias naturales de la política interna, se los exhiba como ofrenda a un oficialismo que se ha caracterizado por la voracidad en acumular poder por encima de consideraciones de orden superior.

Desde la participación decisiva del Poder Ejecutivo en la conformación de la autoridad de aplicación de la nueva ley hasta la censura que implica que aquél juzgue el desempeño de las empresas editoras de diarios y revistas cuando éstas aspiren a la obtención de una licencia, el régimen en consideración constituye un síntoma del ánimo de crispación y agresividad contra la prensa, que señaló días atrás la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en un documento.

Un joven cronista maltratado por el ex presidente Kirchner en rueda de prensa, en La Plata, ante el acostumbrado regocijo de acólitos que sobreactúan como claque teatral. Presiones abiertas y solapadas sobre medios. Trabas a la circulación física de periódicos. Actos de intimidación contra directivos de empresas periodísticas. Amenazas fiscales, como la registrada en Clarín . He ahí diversos capítulos de una situación en medio de la cual el titular del Comfer se atrevió a conjeturar que "la sociedad no está madura" para el debate abierto sobre esto. ¿Quién es él para subrogarse en el papel soberano de la Nación?

Congruente con la implícita moción de mordaza colectiva, hay en el oficialismo un apuro propio de las grandes emergencias, como de verdad lo era la de los 37 partidos bonaerenses a los que el veto presidencial privó de paliativos por la gran sequía sufrida.

Hay, también, una irreflexión llamativa en un proyecto de ley que introduce elementos de retroactividad y de desprecio del valor social de las empresas que han invertido en el espectro radiofónico y televisivo del país.

¿Alguien duda con seriedad de que se corre el riesgo de comprometer, a raíz de la intervención estatal exagerada, un pluralismo perfeccionable con sólo revisar equitativa y desapasionadamente el universo de medios audiovisuales existente?

Si el tema pasara, en rigor, por la voluntad de que se informe más y mejor en la Argentina, seguramente la palabra "periodismo", que tanta alergia suscita en las filas oficiales, sería más fácil de hallar en el denso y cuestionable proyecto. Tomemos esa singularidad como otra expresión del cuadro general en el que se sitúan los trámites en desarrollo en el Congreso de la Nación.

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