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sábado, 26 de septiembre de 2009

Silencio Cómplice, guarda la Policía y el Gobierno con los atracadores de periodistas. Hacen lo contrario cuando de atacar a opositores se trata LT

La determinación gubernamental, de disolver la Unidad Táctica de la Policía (Utarc), no parece haber sido la medida indicada para aclarar la violenta reacción armada de sus efectivos contra un equipo de periodistas de la red Unitel. Más al contrario, el hecho sigue sin esclarecerse y los responsables, en vez de estar siendo procesados como es debido, no tienen hasta el día de hoy sanción alguna.

Salvo que estén recibiendo protección superior, los efectivos policiales que actuaron, por así decirlo, como mercenarios, y que además tuvieron participación en varios de los cruentos episodios de violencia social más recientes, ya tendrían que haber sido identificados y procesados por la Policía Nacional y la justicia ordinaria, respectivamente.

Cuando se trata de descalificar a dirigentes opositores, disidentes o no alineados con el oficialismo, el Gobierno no tiene empacho en hacer pública cualquier tipo de acusación, con o sin pruebas sobre su veracidad.

En este caso, sin embargo, llama la atención que el Ministerio de Gobierno y el Comando de la Policía Nacional continúe guardando silencio sobre el ataque con armas de fuego a un equipo de prensa de la ciudad de Santa Cruz.

Y ese silencio se torna más sospechoso aún si –tal y como ha señalado el propio ministro Alfredo Rada– esos efectivos de la Utarc incurrieron en un exceso intolerable sin que sus actos estuvieran respaldados por órdenes superiores.

Si no se sienta un precedente, y si los responsables de semejante atropello no reciben el castigo que por Ley les corresponde, el periodismo boliviano quedará cada vez más expuesto a agresiones de esa naturaleza, con las consiguientes y gravísimas implicaciones para la vigencia plena de la libertad de prensa en nuestro país. El Gobierno tiene la palabra.

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