Opacados por las múltiples y lógicas repercusiones de los resultados arrojados por las urnas en las elecciones del pasado domingo, durante la semana que concluye han sido relegados al olvido, esperemos que sólo temporalmente, algunos asuntos que por su gravedad no deben seguir pasando desapercibidos.
Entre otros, hay dos acusaciones lanzadas nada menos que por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra el que era el principal candidato de la oposición, Manfred Reyes Villa. Como se recordará, en días previos al acto electoral denunció que el líder del Plan Progreso estaba preparando su “fuga” del país, y también que había sido sorprendido intentando sobornar a funcionarios de la Corte Nacional Electoral para que distorsione los cómputos a su favor.
Como es evidente, ante ambas acusaciones hay sólo dos posibilidades. Una, que hayan sido ciertas, y otra, que hayan sido falsas. En uno u otro caso, estaríamos ante gravísimos delitos que no pueden pasar al olvido como si de simples anécdotas preelectorales se tratara.
Si la primera posibilidad es la cierta, es decir si es verdad que pese a estar arraigado Reyes Villa se proponía salir del país, habría incurrido en un acto que complicaría su situación mucho más de lo que ya está en su condición de acusado de numerosas irregularidades supuestamente cometidas durante su gestión prefectural. Habría así dado a sus detractores más motivos para sentarlo en el banquillo de los acusados e imponerle una condena. Y mucho peor sería el caso si fuera cierto que intentó interferir, soborno de por medio, en los cómputos electorales.
La segunda posibilidad, que consistiría en que el candidato de PPB haya sido víctima de acusaciones falsas, hechas maliciosamente para desprestigiarlo en vísperas del acto electoral, estaríamos ante dos casos flagrantes de difamación y calumnia orquestados nada menos que desde altas esferas gubernamentales, lo que no sería menos grave. En ese caso, el Ministro de Gobierno habría incurrido en un delito que tampoco puede ni debe quedar impune.
Sea cual fuere la verdad que se esconde tras ambas acusaciones, lo único cierto, lo que no puede ser soslayado, es la urgente necesidad de se lleven a cabo las investigaciones correspondientes hasta que se despeje cualquier duda, se identifique a los culpables y se aplique contra ellos todo el rigor de la ley.
Si las investigaciones confirman las acusaciones, Reyes Villa habrá perdido el principal argumento en el que hasta sustentó su defensa, que consiste en atribuir a una persecución política la serie de acusaciones que pesan en su contra. Su causa se habrá hecho del todo indefendible.
Si por el contrario, Reyes Villa es inocente, sus abogados no pueden ni deben dejar que el asunto quede impune. Tienen la obligación, no sólo ante su cliente sino ante todo el país, de evitar que se siente un funesto precedente. Tolerar que un Ministro de Gobierno recurra a la difamación y la calumnia sin recibir el castigo que en ese caso merecería, los haría cómplices de la infamia.
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