Una abrumadora ofensiva oficial contra la prensa en Venezuela alcanzó esta semana un nivel sin precedentes, con la posibilidad real de cierre para centenares de emisoras de radio y televisión y crecientes presiones contra medios impresos.
Las medidas recientes, anunciadas por el gobierno y entidades como la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, abarcan desde la regulación de la televisión por cable hasta la cancelación de concesiones de radioemisoras privadas, pasando por una reforma de media docena de leyes para ampliar las prohibiciones y endurecer las sanciones contra medios de comunicación.
En la más reciente medida que entró en vigencia este viernes, el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, que preside el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dijo que en adelante los canales internacionales que transmiten programación a través de los sistemas de cables en Venezuela estarán sujetos a regulaciones locales y podrán ser sometidas a control si los contenidos son considerados ilegales por el gobierno.
En declaraciones a la televisión estatal, Cabello advirtió también que cualquier falla que presenten las señales de las estaciones oficiales Telesur y Venezolana de Televisión en los sistemas por cable, tales como interferencia del sonido o imagen borrosa, será interpretada como una agresión y generará sanciones contra los proveedores de cable.
Poco después de estas declaraciones de Cabello, la diputada oficialista Iris Varela denunció "diversos'' tipos de sabotajes en las emisiones de las emisoras estatales de radio y televisión. Igualmente, Varela destacó que el canal privado RCTV "se ve en señal abierta'' pese a haber perdido la concesión.
Al respecto, el presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción, Mario Seijas, aclaró que "se han registrado fallas en la transmisión'' de ambas emisoras, pero descartó el sabotaje.
"No hay intención absoluta de sabotear ninguna señal'', dijo Seijas, de acuerdo con un cable de EFE. "Se tomarán medidas como mantener personal técnico 24 horas para reparar daños en los canales que están al aire''.
Cabello, considerado el segundo hombre del gobierno de Hugo Chávez, ratificó también que un total de 240 radioemisoras, entre ellas 86 de frecuencia AM y 154 de FM, perderán su concesión debido a que "no actualizaron sus datos'', en declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Una medida similar de suspensión de la concesión se producirá contra otras 45 estaciones de televisión que transmiten en frecuencias de VHF y UHF en todo el país.
En suma, las emisoras que podrían perder la concesión representan el 40 por ciento del total bajo control privado en el país, indicó un informe de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión dado a conocer el viernes.
El argumento principal del gobierno estriba en que ninguno de estos medios actualizó sus datos ante Conatel antes del plazo establecido para el 23 de junio. Según Cabello, las emisoras "están operando ilegalmente'', por lo cual sus equipos serán decomisados y se les prohibirá operar las estaciones por un período de cinco años.
Cabello dijo también que de ahora en adelante no se permitirán circuitos radiales con más de tres emisoras en todo el país.
"Vamos a democratizar el uso del espectro radioeléctrico [. . .] Estamos empeñados en erradicar el latifundio radioeléctrico'', indicó Cabello, argumentando que en Venezuela 27 familias controlan "más del 31 por ciento del espectro radioeléctrico''.
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