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miércoles, 25 de marzo de 2009

después del firme planteamiento de los periodistas unidos, el portavoz Canelas informó que el juicio se llevará según la Ley de Imprenta. crónica deLP

Las organizaciones de periodistas y medios de comunicación repudiaron ayer el intento del Gobierno del presidente Evo Morales de enjuiciar a La Prensa mediante un juicio penal ordinario. El vocero gubernamental, Iván Canelas, por su parte, aseguró que el proceso se ventilará únicamente en el Tribunal de Imprenta. El Ministerio de la Presidencia interpuso hace dos semanas una demanda contra este matutino por el supuesto delito de “desacato”.
La querella llegó a la División de Corrupción Pública y actualmente el caso es indagado por investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El fiscal Isabelino Gómez, responsable del caso, afirmó que una vez conocido el informe policial se determinará qué vía tomará la demanda: juicio ordinario o Tribunal de Imprenta. Actualmente, el proceso sigue el curso normal de una demanda penal ordinaria.
Los expertos en temas constitucionales y en materia de Ley de Imprenta, consultados por este diario, observaron el procedimiento seguido por el Gobierno y la posición del Ministerio Público, que debería declararse incompetente para conocer la causa, pues, según la norma vigente, la demanda debería presentarse ante la Corte de Justicia. Ante tal situación, las organizaciones de prensa del país manifestaron su rechazo a la forma en que se lleva el caso.
El secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), Pablo Zenteno, indicó que el mecanismo previsto es la instalación de un tribunal especial. “Deberían haber reaccionado (el Gobierno) como está previsto en la Ley de Imprenta. Nos preocupa que de acá para adelante se quiera ingresar en una vorágine contra los medios y contra los trabajadores”. Zenteno indicó que se está sentando un precedente peligroso. Esta organización tiene un ampliado este sábado en Potosí en el que se discutirá, entre otros asuntos, la posición de la Confederación sobre el proceso abierto por el Ejecutivo en contra de este periódico. En tanto, el Vocero aseguró en una entrevista con radio Panamericana que la querella del Gobierno se enmarca en lo establecido en la Ley de Imprenta.
Por su parte, el ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), Pedro Glasinovic, aseveró que este tipo de acciones, por parte del Ejecutivo, únicamente buscan limitar la crítica de los medios al Gobierno. “Es un intento de intimidar a la prensa boliviana, que, según el presidente Evo Morales, es su enemiga, cosa que no es cierta. Evo se olvidó del tiempo en que los medios de comunicación lo hicieron un hombre conocido, el poder lo ha enceguecido”. Glasinovic pidió que se cumpla la invitación de Morales, el domingo en Chipaya, a los organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Sería muy provechoso para la democracia que los observadores internacionales vean cómo los periodistas bolivianos somos agredidos todos los días. ¿Quién victimiza?
De la boca del presidente Morales no salen más que agresiones e insultos contra los periodistas”. El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del periódico La Prensa, Gonzalo Pérez, también se sumó al repudio y dijo que sería una grave equivocación del Gobierno si se vulnera la Ley de Imprenta. En las últimas dos semanas, la SIP, la CIDH y la Organización de Naciones Unidas (ONU) tomaron conocimiento de la situación de los derechos humanos en el país a través de varias denuncias.
El relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank de la Rué, pidió a los gobiernos latinoamericanos asumir las críticas de los medios de comunicación “como parte de su trabajo”. El vicepresidente Álvaro García Linera indicó ayer que la forma en que se presentó la denuncia no fue la equivocada y que los medios son manipulados. Sin embargo, Canelas se declaró “defensor de la Ley de Imprenta” y garantizó que el juicio abierto contra La Prensa se llevará bajo esa norma. No explicó por qué la demanda sigue el curso de un proceso penal ordinario en la Fiscalía. El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales, demandó la instalación del Tribunal de Imprenta, donde este matutino presentará sus descargos.
El funcionario gubernamental informó que el memorial presentado por el Gobierno es contra el director interino de este medio, Juan Carlos Rivero, y precisó que se cuestionan dos notas periodísticas: una del 9 de diciembre de 2008, cuando se tituló “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”, y otra del 11 de diciembre. Este diario fundamentó esa noticia con dos cartas enviadas por los “comerciantes” de Puerto Evo al Jefe de Estado en la que se da cuenta de reuniones sostenidas para la reexpedición de la carga de Cobija hacia la frontera. Esa mercadería salió del país después de 27 días de forma violenta y tras negociaciones infructuosas, una de ellas realizada en el Palacio de Gobierno.
Un juez debe conformar el Tribunal de Imprenta La Ley de Imprenta, en el artículo 33, indica que “la denuncia o querella (contra el periodista o medio de comunicación) se hará por escrito ante el Juez de Partido, quien mandará citar en persona o a domicilio al autor, editor o impresor, si fueren diferentes, al Fiscal, y partes interesadas, señalando día, hora y lugar para el sorteo de jurados”. La autoridad judicial deberá llamar al cuerpo de jurados que constituirán el Tribunal de Imprenta. Estos ciudadanos, preferentemente abogados, según la norma, son designados por el Concejo Municipal.
El presidente del órgano edil, Luis Revilla, confirmó a este medio que en 1999 se designó a los miembros y que en 2007 se completó el Tribunal. En esa ocasión fueron nombrados Jaime Iturri, María Eugenia Pareja, Xavier Albó, Javier Galindo y José Luis Aguirre, entre otros. De aquel cuerpo colegiado de 40 miembros se sortearán 24. Ambas partes podrán recusar a 12 de ellos sin necesidad de esgrimir una justificación, así quedarán 12 miembros, quienes emitirán un fallo después de escuchar a las partes. Una vez dado el veredicto, se informará al juez para que mande cumplir la pena, de haberla. La Prefectura y el municipio podrán actuar para que se cumplan las sanciones.
ONU observa el desacato La figura de desacato contra autoridades en funciones es criticada por constitucionalistas y por uno de los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión. La Prensa fue denunciada por parte del Ministerio de la Presidencia hace dos semanas por el supuesto delito de desacato. El motivo: dos notas publicadas en diciembre del año pasado que relacionaban al Ejecutivo, y al mismo presidente Evo Morales, con ciudadanos acusados de haber cometido contrabando en Pando. El relator de la ONU Frank de la Rué se encuentra en una campaña por la “desaparición de las figuras del desacato y la difamación”.
Delitos que se sindican a los medios de comunicación cuando realizan “críticas a un funcionario en relación a las actividades de su cargo”. El constitucionalista Carlos Alarcón también criticó ayer al Gobierno por procesar a La Prensa por desacato. Alarcón dijo que este delito funciona “como una mordaza a los periodistas” y recordó que ya fue eliminado de los países “que se precian de democráticos”. Alarcón puso a Argentina de ejemplo.
Apuntes 9 de diciembre. Se publican cartas que dan cuenta de reuniones de Evo con dueños de mercaderías. 10 de diciembre. Evo reitera su rechazo a la nota y exige a este medio que pida perdón por el hecho. 11 de diciembre. Chambi confirma a La Prensa que se reunió en el Palacio buscando conciliación.

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