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domingo, 7 de junio de 2009

el sobreseimiento de 15 campesinos ha sido un desesperado intento de parar el asiloo político de 130 compatriotas en Brasil, no lo dice Centa todavía

Pando cada día más hondo por EJU 

centaCenta Reck

Todo poder para convalidarse debería tomar el cuidado de actuar con el mínimo de ecuanimidad, mucho más cuando sus fallos ydecisiones afectan de raíz a la vida de los ciudadanos que resultan implicados o tocados con los procesos sociales y políticos que están ocurriendo.

La noticia de que la Fiscalía de Cobija, determinó el sobreseimiento de 15 campesinos que habían sido acusados de homicidio, lesiones graves y tentativas de asesinato en la denominada masacre de Porvenir ocurrida el 11 de septiembre del 2008 ha provocado perplejidad, mucho más cuando el Fiscal aduce que se ha vencido la etapa de investigación sin que los elementos de acusación fueran presentados.

Sabemos que estos resultados corresponden a un proceso que ha sido manipulado, ya que el departamento de Pando sigue militarizado y existe dentro de este confín de nuestra patria un grave cercenamiento de los derechos, existen persecuciones, represión y amedrentamiento y sobre todo, el aparato judicial ha sido tomado. En estas condiciones no se puede confiar en el resultado del Fiscal pues evidentemente se puede notar abiertamente la mano del gobierno, y además es exactamente lo mismo que ha ocurrido en todos los casos entre los que podemos citar los hechos de La Calancha en la que tres jóvenes perdieron la vida, el caso de Christian Urresty muerto a mano de cocaleros enardecidos, y vaya casualidad, en todos estos casos sólo se castigan a los opositores y los oficialistas o milicias del gobierno quedan sobreseídos por el mismo tipo de fallo: por cerrarse el caso por falta de denuncias y de pruebas.

Esta es precisamente una de las características que suelen acompañar a los regímenes en los que se suspenden las garantís jurídicas y los ciudadanos dejan de gozar de derechos en igualdad de condiciones.   

En todos los casos en los que se han dado graves violaciones de derechos tampoco existen supuestamente testigos, aunque existan, se los amedrenta, aunque se identifique a los autores se los oculta y por supuesto en medio de todas estas graves situaciones en las que se niega una investigación se termina corroborando que el caso indefectiblemente se ha cerrado o terminará cerrándose.       

La parcialidad en la distribución de justicia se puede evidenciar en la medida que la Fiscalía no ha dado el mismo trato a 20 detenidos considerados presos políticos, entre los que se encuentra el ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández y el periodista Jorge Melgar. A ellos no se les ha cerrado el caso, por lo que continúan presos en la cárcel de San Pedro y se le niega toda posibilidad de un juicio justo.

El gobierno por su parte y pese a las evidencias sigue negando que se trate de una persecución política contra las 118 personas acusadas, mientras lleva a cabo otra acción que es cuestionable porque busca la forma de que el Brasil revierta la calidad de refugiados que tienen algunos de los acusados por la masacre de Pando y que se encuentran en el país fronterizo pasando hambre y viviendo en la más absoluta indigencia. Si las reglas no son parejas, cuando hay tantas asimetrías en la distribución de justicia, podemos deducir que hay obstrucción de la justicia y que existe también persecución y sobre todo que se le está negando el derecho a la defensa a los ciudadanos porque el poder está concentrado en el brazo político del Ejecutivo.

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