Según sus abogados, la empresa tenía un contrato que le hubiera permitido esas ventas en los aeropuertos bolivianos durante 13 años más.
Por lo tanto, plantea que el Estado boliviano le pague por concepto de “lucro cesante” todo el dinero que la empresa calcula que podría haber ganado en ese lapso de tiempo, a partir de cálculos actuales.
Hasta ahora, las empresas cuyas operaciones en Bolivia fueron nacionalizadas no habían usado el argumento del lucro cesante, pero está claro que siempre hay una primera vez.
Esto quiere decir que la británica no solamente reclamará la indemnización por la interrupción de sus actividades, el pago de sus activos confiscados por el Estado y los daños y perjuicios, sino también la cancelación del monto que esperaba reunir en los 13 años que le quedaban de vigencia del contrato.
Versiones periodísticas dicen que la Air BP había planificado irse del país debido a complicaciones que surgieron en el negocio por las exigencias de seguridad en todos los aeropuertos del mundo. Y que ofreció ceder sus activos.
Pero la sorpresiva nacionalización, decidida por el presidente Evo Morales para celebrar el 1 de mayo, puso a la empresa en la muy cómoda posición de actuar como víctima y llegar hasta los tribunales internacionales de arbitraje reclamando la violación de sus derechos. Gracias a ese ventaja, la Air BP se propone ahora conseguir mucho más, en proporción, que todas las otras empresas que fueron nacionalizadas en el país.
El Gobierno tendrá que preparar sus mejores argumentos para alegar ante los tribunales arbitrales que para Bolivia era imprescindible e impostergable controlar el sistema de distribución de gasolina de aviación en sus aeropuertos. Le será muy útil poder demostrar que la empresa británica no estaba cumpliendo a cabalidad con el contrato, o que estaba cobrando demasiado por el servicio
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